El presidente del bloque de diputados de la UCR, Mario Negri, presentó este miércoles un proyecto de ley para reformar la composición del Consejo de la Magistratura y restituir el número de 20 miembros a ese cuerpo, que actualmente cuenta con 13.
"Este proyecto no sólo busca reponer la antigua composición del Consejo de la Magistratura siguiendo las indicaciones del fallo de la Corte, sino que es también un instrumento para dotar de un funcionamiento más eficiente y veloz al Consejo y por extensión a todo el Poder Judicial", expresó Negri en los argumentos del texto.
En ese sentido, consideró que se trata de una "gran oportunidad" para el Congreso en el objetivo de "mejorar el servicio de justicia".
"La sociedad reclama una Justicia más veloz y transparente", manifestó.
De acuerdo con la propuesta de Negri,
el Consejo de la Magistratura estará conformado por el presidente de la Corte Suprema, un representante del Poder Ejecutivo, y cuatro diputados y cuatro senadores, de los cuales cada cámara del Congreso debe elegir dos integrantes por la primera minoría, una por la segunda fuerza y otro por la tercera fuerza.
También propone que haya cuatro representantes de los Abogados de la Matrícula Federal, que deberán ser elegidos directamente por los profesionales; dos por la Capital Federal y dos por el interior, cumpliendo con la equidad de género.
Asimismo, fija que habrá cuatro jueces elegidos directamente por los magistrados; dos por la ciudad de Buenos Aires y dos por el interior, preservando la equidad de género.
De acuerdo con este proyecto, deberá haber dos representantes de las Facultades de Derecho, cuya dupla debe ser elegida por los académicos teniendo en cuenta la equidad de género y que uno de los dos integrantes represente a las universidades que tienen asiento en el interior del país.
Se establece que los procesos disciplinarios en la comisión no podrán extenderse por un plazo mayor de un año contado a partir del momento en que se presente la denuncia contra el magistrado. A partir de ese momento, el expediente pasará al plenario para su inmediata consideración y resolución. Ese mismo plazo de un año se aplicará para los pedidos de juicio político.
El Congreso debe discutir una nueva composición de ese organismo porque la Corte Suprema declaró inconstitucional la ley vigente y otorgó un plazo hasta abril próximo para sancionar una nueva norma. Fuentes parlamentarias indicaron que el Gobierno tiene previsto incluir este tema con un proyecto propio en sesiones extraordinarias.
