El juez federal Ernesto Kreplak habilitó este lunes la feria judicial para avanzar durante enero en la denuncia sobre la "Gestapo antisindical", la supuesa mesa judicial en la provincia de Buenos Aires para perseguir opositores, empresarios y sindicalistas.
De esta manera, el magistrado evaluó que
"hay medidas que deben realizarse con urgencia" -según indicaron voceros judiciales- en el marco de la investigación abierta a partir de una denuncia presentada por la Agencia Federal de Inteligencia (AFI).
El video, que dio inicio a la causa judicial, fue presentado ante la justicia federal de La Plata por la interventora de la AFI, Cristina Caamaño, acompañado de una denuncia en la que se detallaba que allí puede observarse "la organización de una estrategia para impulsar una investigación en la que se logre el enjuiciamiento de personas vinculadas a la práctica sindical".
A su vez, la Justicia bonaerense planteó la
“evidente conexidad” de la causa que investiga los videos en los que funcionarios del organismo de inteligencia, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires de Cambiemos y empresarios pergeñan causas judiciales contra gremialistas y la que tramita en Comodoro Py, por supuestas maniobras de espionaje ilegal de ese organismo durante la gestión de Mauricio Macri a políticos, funcionarios y dirigentes sociales.
Esa causa tramita en el juzgado federal 8 de Comodoro Py 2002, a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi.
Por ese motivo, la Cámara Federal de La Plata envió al juez federal de la ciudad de Buenos Aires Marcelo Martínez De Giorgi una denuncia presentada contra el procurador bonaerense, Julio Conte Grand, y el fiscal Sebastián Scalera, entre otros, por supuestos delitos cometidos en investigaciones contra políticos, sindicalistas y magistrados durante el macrismo.
"Advierto que existe una evidente conexidad entre lo denunciado en la presente causa y lo que se investiga en la causa que lleva Martínez De Giorgi", sostuvo el camarista platense Roberto Lemos Arias.
La denuncia alude al supuesto inicio irregular de "investigaciones a fin de inclinarlas a favor de sus intereses políticos y perseguir a distintos actores sociales políticos, sindicalistas, magistrados y funcionarios".
Para ello se habrían valido de
"la colaboración de producción de inteligencia ilegal llevada a cabo por agentes de la Agencia Federal de Inteligencia", se recordó en el fallo sobre la denuncia.
Lemos Arias consideró que "el juzgado capitalino resulta competente para seguir entendiendo en la presente causa", al hacer lugar a un planteo de la fiscalía y revocar una decisión de la justicia federal de primera instancia de Lomas de Zamora, que había rechazado un planteo de incompetencia.
La fiscal del caso Cecilia Incardona planteó la incompetencia de la justicia federal de Lomas de Zamora y sostuvo que "se advierte fácilmente que los hechos que conforman el objeto procesal de este caso, de probarse, consistirían en un nuevo segmento de aquellos cometidos por la asociación ilícita investigada en la causa FLP 14149/2020, que operaba de manera sistemática y sobre distintos objetivos".
La denuncia había sido presentada por el entonces fiscal general de Lomas de Zamora Enrique Ferrari, quien luego fue licenciado en su cargo. En la presentación se pidió investigar a Conte Grand, al fiscal general adjunto Scalera y "funcionarios a cargo de la Unidad de Coordinación de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Fiscalía General de Lomas de Zamora".
