La
Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional repudió la ley aprobada por la Legislatura porteña que amplió la competencia del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad para revisar fallos fuera de su competencia, y adelantó que iniciará acciones judiciales.
“En caso de que prospere esta ley local, algún cercano día veremos otra vez echar la culpa a la Justicia de las malas decisiones que pretende imponerle la política”, advierte el comunicado firmado por la Asociación que nuclea la mayoría de los jueces y fiscales del país.
La entidad expresa que, “sorpresivamente, cuando se esperaba el pase a comisión para mejor estudio, la Legislatura unicameral de la Ciudad de Buenos Aires ha dado sanción el 30 de septiembre a una ley, aun no promulgada, que modifica sustancialmente el esquema jurídico del Poder Judicial de la Nación y de los Ministerios Públicos que ante el actúan. Pretende someterlos a una instancia intermedia recursiva, que significa la revisión por el Superior Tribunal de Justicia local de los fallos de Cámaras Nacionales de Apelaciones de la Capital Federal”.
“Ningún tribunal puede ser alzada de fallos de juzgados o cámaras que no dependen de él, salvo la Corte Suprema de Justicia de la Nación en materia federal por recurso extraordinario contra sentencias de Cortes y Superiores Tribunales provinciales”, dice el comunicado firmado por el presidente de la Asociación Marcelo Gallo Tagle.
“Todos los argumentos jurídico-constitucionales serán sostenidos en las acciones judiciales que nos veremos obligados a iniciar, en las presentaciones ante el sistema interamericano y de la ONU, y en la frondosa multitud de planteos en miles de causas civiles, penales, comerciales y laborales en trámite o por iniciarse. Esto convertirá al sistema de justicia de la Capital Federal en un pandemonium de litigios derivados de la aplicación de esta ley local, ajenos a la solución jurisdiccional de los verdaderos conflictos centrales en cada caso”.
“Finalmente, si la intención fuera 'alargar los ya prologados procesos civiles iniciados por damnificados contra poderosas entidades aseguradoras, para que éstas terminen pagando las indemnizaciones con los intereses producidos por las propias reservas legales, el carácter regresivo y antisocial de la ley local muestra su dura faz inhumana. Personas con discapacidades sufridas por accidentes, viudas, viudos, y los huérfanos/as, por sobre todo, verán alejarse en el tiempo su derecho a una reparación integral y justa, a causa de esta insólita reforma”.
También se señala que “paradojalmente, las fiscalías penales verán también eternizarse los procesos, multiplicados en instancias sucesivas y cada vez más alejados del "plazo razonable" que imponen las convenciones internacionales. Concluirán entonces las causas por violación de este principio. Y esto será una real burla a las víctimas, contra todo clamor social”.
La ley fue cuestionada por diversos sectores de la justicia, tuvo el rechazo del Sindicato de Trabajadores Judiciales, la Unión del Empleados Judiciales de la Nación, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal, la Asociación Latinoamericana de Jueces del Trabajo y el Frente de Abogados Populares.
El ministro de Justicia, Martín Soria, también la cuestionó al advertir que el proyecto de ley que aprobó la Legislatura porteña “tiene nombre y apellido: se llama Mauricio Macri", y consideró que fue pensada "con tal de evitar la quiebra del grupo Macri por la estafa del Correo" Argentino.
