Tras la nueva filtracón denominada Pandora Papers en que se revelan miles de beneficiarios en todo el mundo de firmas off-shore para el ocultamiento de activos con fuerte presencia de argentinos como los hermanos
Gianfranco y Mariano Macri,
la Unidad de Información Financiera (UIF) trabaja en la elaboración de nuevas normas que permitan identificar a los verdaderos dueños de ese tipo de entramados societarios.
Según informó el organismo antilavado, las herramientas que se encuentran en evaluación y desarrollo permitirán
unificar criterios de definición, interpretación y alcance en la identificación de los beneficiarios finales respecto de la obligaciones que tienen los Sujetos Obligados.
Se trata, de esta forma, de mecanismos que permitan individualizar quiénes son los verdaderos dueños de las personas y/o estructuras jurídicas que resultan clientes del Sujeto Obligado. Estas herramientas contribuirán a analizar información sobre entramados societarios como, por ejemplo, las empresas offshore que aparecen en los Pandora Papers.
Es que en la filtración dada a conocer por un consorcio de periodistas que incluye a La Nación e Infobae, entre otros, que aún no reveló el listado completo, aparecen Mariano y Gianfranco Macri, los hermanos del ex presidente integrante de Juntos por el Cambio.
Hasta el momento, el organismo que encabeza
Carlos Cruz cuenta con definiciones de beneficiario final para cada Sujeto Obligado. A estos efectos, la UIF tiene presente el criterio propuesto por el estándar internacional derivado de la Recomendación 24 y 25 del GAFI para las personas y estructuras jurídicas, respectivamente. Las que disponen que los países deben tomar medidas para el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo. Los países deben considerar medidas para facilitar acceso a la información sobre el beneficiario/a final y el control por las instituciones financieras.
Según información que conoció este medio, los cambios en la normativa surgirían en los próximos días. Señalan que en los años del macrismo se produjo un "desequilibrio" de las herramientas disponibles que dificultó conocer a los verdaderos beneficiarios de las off-shore, bajo la excusa de "modernizar o agilizar los controles", con mecanismos como las SAS, por ejemplo.
