Superado el freno inicial - con polémicas maniobras de por medio -,
la Justicia porteña dio vía libre al avance del tratamiento en la Legislatura porteña del convenio urbanístico que permitirá a Horacio Rodríguez Larreta votar la construcción de Costa Urbana en la Costanera Sur por parte de la empresa IRSA, y con ese elemento Vamos Juntos (Juntos por el Cambio a nivel CABA) apura el trámite exprés esta mañana para aprobar ese emprendimiento inmobiliario pese a los cuestionamientos.
Según lo establecido por los jefes de bloques legislativos, por imposición del oficialismo,
desde las 11.30 los diputados inician la sesión ordinaria en la que se pone en tratamiento el convenio firmado el 19 de julio entre el Gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la empresa de bienes raíces e inmobiliaria IRSA, dueña de la parcela de 71 hectáreas donde iba a funcionar la Ciudad Deportiva de Boca Juniors e históricamente cercano al PRO.
El bloque del oficialismo porteño que conduce Larreta buscará así la aprobación inicial del acuerdo, la cual requiere de al menos 31 votos. Es una cifra que Vamos Juntos da por sentado que obtendrá a partir del acompañamiento que tendrá, tanto ahora que integran la coalición como antes, cuando eran oposición, de parte de las bancadas aliadas de la UCR-Evolución, Socialismo y el GEN.
Los bloques opositores, en cambio, adelantaron su rechazo al proyecto y realizaron ayer a un "abrazo" al predio, en su ingreso sobre la Avenida España al 2000, donde estuvieron representantes de entidades deportivas, comuneros y vecinos del barrio Rodrigo Bueno, situado frente a los terrenos de Irsa.
“¿Te indignaste con Costa Salguero? Bueno, mañana quieren modificar una norma en la Legislatura para habilitar la construcción de torres de lujo sobre el río. En 1997 IRSA compró el terreno en U$S 50 millones, si sale la ley pasa a valer (aprox) U$S 1600”, difundió a través de su cuenta de Twitter el legislador Leandro Santoro, quien junto a otros referentes del Frente de Todos participó ayer de un abrazo a la ex Ciudad Deportiva de Boca Juniors para que esos terrenos sean destinados a fines deportivos y no a un negocio inmobiliario.
QUÉ DICE EL PROYECTO DE COSTANERA SUR QUE TANTO QUIERE LARRETA CON IRSA
El primer dato a tener en cuenta es que este tipo expedientes, que contempla un cambio de norma urbanística, se encuadra en los proyectos "de doble lectura". Esto significa que demandan dos sanciones por parte de los diputados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la realización, entre ambas votaciones, de una audiencia pública para que la ciudadanía pueda expresar sus posiciones ante el proyecto.
El convenio que hoy el oficialismo quiere aprobar reforma al uso del suelo que rige en el predio 71 hectáreas, que pertenece a la empresa de bienes raíces e inmobiliaria IRSA, ubicado al lado de la Reserva Ecológica y del barrio popular Rodrigo Bueno.
Esos terrenos en la actualidad están destinados al uso con fines deportivos, ya que en dicha zona iba a construirse la Ciudad Deportiva de Boca, por lo cual el acuerdo alcanzado por la administración porteña amplía los usos y habilita la posibilidad de construir edificios de hasta 45 pisos.
La módica contraprestación que se le exige a IRSA es ceder al dominio público de la Ciudad un sector del predio para que sea un parque público.
Desde el Observatorio del Derecho a la Ciudad, una de las organizaciones que denunció la inconstitucionalidad del proyecto, advirtieron que la votación legislativa se hará “sin respetar las mayorías que establece la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires”. Detallaron que “actualmente el bloque oficialista y sus aliados no cuentan con la mayoría de 2/3 de la Legislatura y van a votar este convenio urbanístico con la mayoría absoluta (mitad más uno=30+1)”. En este sentido, alertaron que “ya no sólo la planificación de la Ciudad sino también hasta el procedimiento de sanción de leyes está sometido a los intereses de la especulación inmobiliaria”.
Fue el 24 de julio que el juez porteño Guillermo Scheibler ordenó a los legisladores suspender el debate tras una acción de amparo presentada por el Observatorio del Derecho a la Ciudad que consideró la realización de un estudio de impacto ambiental y una audiencia pública previo a iniciar el debate parlamentario. Pero la semana pasada, una resolución del juez Luis Ammirato revocó una medida y la Legislatura tuvo manos libres para tratar el convenio.
