Con un pasado “flojo de papeles” y un presente que lo encuentra “huérfano” en términos partidarios,
el ministro de Seguridad de Chubut, Federico Massoni, amaga una vez más con ir a las urnas para llegar al tan ansiado Congreso.
Sin embargo, a pocas horas de la oficialización de los candidatos, el actual funcionario provincial se encargó de
derrumbar todas las estructuras que podrían sostenerlo en esa carrera quebrando un acuerdo casi cerrado entre el oficialismo provincial en cabeza del gobernador Mariano Arcioni y un partido local, el Partido Independiente del Chubut.
Respecto a lo primero, hay pruebas contundentes que arrojan a Massoni a lo más oscuro del ámbito judicial de la provincia, lo que podría convertirlo en el primer aspirante a representar a Chubut con deudas frente a la Justicia.
El caso judicial que involucró al actual ministro se remonta a los años en que era “un refugiado” tras la derrota del ex gobernador
Martín Buzzi, en cuya gestión también encabezó una cartera ministerial. En ese entonces, Massoni se mantuvo lejos de la escena pública desempeñándose como asesor de una diputada provincial de facción pejotista, Cecilia Torres Otarola.
En el 2016, cuando Otarola apenas había asumido, el diputado provincial Jerónimo García acusó a Massoni ante el Ministerio Público Fiscal de Chubut de haberle pedido “un terreno y 150 mil pesos”, para que la diputada que él asesoraba aprobara el pliego de los aspirantes al Superior Tribunal de Justicia de la Provincia.
García, en ese entonces jefe de bancada del oficialismo provincial que impulsaba las designaciones de los Ministros de Justicia, se presentó ante la Justicia chubutense, alegando tener pruebas de lo denunciado, incluidas filmaciones, que daban cuenta del grave episodio. Pese a ello, el caso no prosperó y para algunos hasta quedó en el olvido.
Ahora, Massoni teme enfrentar una campaña electoral con más enemigos que votantes. En el intento, además, sabe que encuentra dificultades para resistir un archivo, acción que podría dejarlo definido como "un corrupto más de la casta política provincial", según señalan fuentes que caminan hace años la política chubutense. Un terreno peligroso, en el que la memoria de los votantes condena más que la propia Justicia.
