La causa que expone cómo la familia Macri busca desde hace 20 años no pagar la multimillonaria deuda que tiene con el Estado por Correo Argentino, después del escandaloso intento de autocondonación que estalló en 2017, tiene un nuevo capítulo:
a pedido de Socma, la empresa que fundó Franco Macri y ahora maneja el ex presidente, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires se metió en la disputa y dispuso anular la resolución de justicia nacional que rechazaba un recurso de la principal accionista de CA para apartar a la magistrada que tramita el concurso preventivo.
La resolución del máximo tribunal porteño, que responde casi a control remoto a los deseos de la gestión de Horacio Rodríguez Larreta en cada intervención judicial que realiza, ocurrió unos
días después de que la fiscal ante la Cámara Comercial, Gabriela Boquin, denunciara que la firma del Grupo Macri buscaba un tribunal amigo que le permitiera revertir el trámite del concurso de la firma postal que ya lleva 20 años.
"No puedo dejar de advertir el intento de la concursada (Correo) de derivar el trámite de las presentes actuaciones a una jurisdicción que no tiene competencia material ni territorial", sostuvo Boquín en su último dictamen, luego de que Socma buscara impedir el avance de medidas de prueba que podrían comprometerla en distintas formas de fraude y anticipara que se guardaba la posibilitad de recurrir al TSJ.
"La reserva efectuada constituye un intento de sustraer la causa de sus jueces naturales. Carece de base legal, resulta temeraria y configura un claro caso de forum shopping", agregó Boquín.
Tal como primero publicó la agencia Télam, la decisión dejó "sin efecto" el rechazo del recurso de inconstitucionalidad de Socma Americana SA por parte de la Sala B de la Cámara y dispuso remitir el expediente a ese tribunal para que vuelva a pronunciarse sobre la admisibilidad del planteo. Así las cosas, pareciera que la Justicia de Larreta busca meter presión para que una nueva decisión sea más amigable a Macri en la causa que más lo preocupa porque compromete que sus empresas deban pagar por la deuda de Correo y a los montos reales.
La decisión de la justicia porteña fue tomada por mayoría de tres a dos.
Mientras que llamativamente los jueces Santiago Otamendi, que fue secretario de Justicia del Gobierno de Macri en CABA; Inés Weinberg, la ex candidata del líder PRO para la Procuración General de la Nación; y Marcela De Langhe se expresaron a favor de SOCMA y cuestionaron que el tribunal nacional no tuviera en cuenta precedentes de casos similares ni efectuó el "juicio de admisibilidad" del recurso; sus pares Luis Francisco Lozano y Alicia Ruiz consideraron que el planteo de la firma de la ex familia presidencial no reunía los requisitos para habilitar su intervención.
La cuestión que llegó a la máxima instancia de la justicia de la Ciudad de Buenos Aires comenzó en febrero de este año. En ese momento, la Sala B de la Cámara Nacional en lo Comercial rechazó, por tardío, el pedido de Socma para que la juez Marta Cirulli sea apartada del proceso sobre el concurso preventivo del Correo Argentino.
Días antes la misma Sala de la Cámara había desestimado otro planteo de Socma, que en ese caso pedía que se diera intervención al Superior Tribunal de Justicia de la Ciudad de Buenos Aires en el trámite de recusación de la fiscal Boquin, que también le resultó adverso.
Socma sostuvo que la magistrada de primera instancia había incurrido en prejuzgamiento y, al igual que en caso de la fiscal de cámara, actuaba con "parcialidad" y evidente animosidad, lo que fue negado por Cirulli al momento de producir su "informe" sobre su recusación.
Hace un par de semanas, la Sala B de la Cámara, integrada por Matilde Ballerini y María Gómez Alonso dispuso que continuara la intervención judicial a la empresa, medida que Cirulli había tomado en marzo de 2020 cuando, para evitar "potenciales perjuicios a acreedores", ordenó el "desplazamiento total" de sus directivos.
Esa medida, dictada en el marco del proceso de "salvataje" de la empresa, había sido ordenada a requerimiento de Boquin, que contó con la adhesión del Procurador del Tesoro de la Nación, Carlos Zannini, tras el fracaso de propuestas de acuerdo de pago a acreedores y denuncias de "vaciamiento".
