Más allá de que el principal recuerdo que dejó en su ultimo paso por el Estado (el anterior tampoco dejó mucho agrado, cuando trabajó para La Alianza) fue perseguir y despedir masivamente trabajadores de prensa de los medios públicos, parece ser que en los próximos días Hernán Lombardi va a sumar hechos de corrupción a su listado de memorias:
la Oficina Anticorrupción (OA) cuenta con una auditoría interna de Radio y Televisión Argentina (RTA) de lo ocurrido durante la gestión macrista de ese organismo de la que surgen gastos millonarios y posibles contrataciones irregulares entre 2016 y 2019 llevadas adelante por el ex funcionario, que actualmente además es uno de los referentes principales de los "halcones" de Juntos por el Cambio, ladero y alfil mediático de Mauricio Macri.
Según el trabajo que recibió la OA sobre lo ocurrido en RTA en tiempos de Lombardi, no sólo hubo
contrataciones multimillonarias con productoras polémicas, sino también gastos superfluos e irregularidades en la administración de los recursos de quien encabezó el manejo de los medios públicos durante la gestión de Cambiemos.
Ante esa situación, las actuales autoridades del sistema de medios públicos analizan la presentación de una denuncia penal contra Lombardi, tal como consignó la agencia Télam.
La auditoría enumera irregularidades que consistieron, entre otras, en la tercerización de producciones con
"una única productora que hasta ese momento no registraba antecedente artístico alguno con RTA", por la empresa Mainasal SRL. El relevamiento, en primer lugar, fue consignado por el diario Tiempo Argentino. También se indaga en posibles vínculos entre las productoras que realizaron trabajos para la TV Pública con ex funcionarios del macrismo.
Además, consigna la utilización de mecanismos para evitar los controles internos, sobre todo entre junio y octubre de 2019, cuando no sólo era el último año de mandato presidencial de Macri sino que en parte de ese período ya había sido derrotado por paliza en las elecciones PASO, y advierte que "las irregularidades se desarrollaron en un marco de secretismo extremo".
Desde la OA confirmaron que la auditoría se encuentra en estudio y precisaron que la documentación ingresó a ese organismo descentralizado en las últimas dos semanas. Hace unos meses, desde los medios afines al macrismo se inició una embestida contra la actual gestión de los medios públicos, encabezada por Rosario Lufrano.
LAS COMPRA MULTIMILLONARIAS DE HERNÁN EN LA SALIDA DE MACRI
Para la empresa Mainasal SRL, en primer lugar, el relevamiento comprobó que en cuatro meses de 2019 -entre junio y octubre- "se propuso la firma de siete contratos diferentes por un monto global de 35.382.348 pesos de entonces" con el objeto de producir eventos del ciclo "Argentina baila".
Llamativamente, esos eventos se realizaban anteriormente como una producción propia de RTA Sociedad del Estado, pero luego, a partir de una decisión de la gestion Lombardi "sin justificación alguna", pasaron a ser una coproducción.
La auditoría interna de RTA, que este domingo fue consignada por el diario Tiempo Argentino en su edición impresa, puso además el foco sobre dos programas que se emitieron en la TV Pública, que estaban basados en entrevistas y que fueron producidos por Mainasal SRL -"Lectores" y "Noches de Blanc"- a pesar de que no presentaban "peculiaridades que generen la necesidad de delegar su producción en terceros".
Por todas esas decisiones, como también por los pagos que recibió Mainasal SRL con el argumento de haber producido otros eventos transmitidos desde la TV Pública como la Ceremonia de Apertura de los Juegos Bonaerenses 2019 o el Festival Vivo Luján 2019, la Oficina Anticorrupción está investigando a la productora y sus potenciales vínculos con exfuncionarios del gobierno anterior.
Mientras, Mainasal SRL, que en la AFIP declaró como actividad principal la producción de espectáculos teatrales y musicales, está reclamando el pago de dos contratos por 12.646.090 pesos que la actual administración de RTA resolvió no firmar ni tampoco abonar ante "el cúmulo de irregularidades detectadas".
"Se analiza la presentación de una denuncia penal para esclarecer los hechos y deslindar las responsabilidades emergentes de estas negociaciones", agrega el informe en las conclusiones del apartado 2.
Otros hechos que aparecen mencionados en el relevamiento interno de RTA dan cuenta del pago de
37 "comisiones de servicios" para funcionarios del organismo (un procedimiento o mecanismo habitual para quienes deben trasladarse por coberturas periodísticas o cuestiones artísticas), pero que en este caso se abonaban "con fines extra-laborales totalmente ajenos a las actividades de la empresa".
Ademá se detallaque esos pagos -que totalizan
$1.054.814,83 según los valores de 2019 más los intereses que resultan de la tasa activa del Banco Nación-
se utilizaron en algunas ocasiones para que esos funcionarios participaran en "actividades políticas, proselitistas o protocolares del titular de la jurisdicción que ejercía el rol de accionista de RTA SE, el ingeniero Hernán Lombardi a cargo del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos".
Aparte de mencionar a Lombardi, quien encabezó los medios públicos durante la gestión de Cambiemos,
la auditoría de RTA informa en el apartado 4 acerca del inicio de una "investigación preliminar" sobre la posible "configuración de conflictos de interés o incompatibilidades" en las que podría haber incurrido el exfuncionario Cristian Larsen.
Pese a ocupar la Unidad de Auditoría Interna, Larsen "era el principal o único interlocutor de RTA en la negociación de los contratos de mayor envergadura económica", que involucraban justamente a Mainasal SRL, pero también a "derechos de emisión, contratos de producción y de equipamiento y locaciones de los Juegos Olímpicos, Mundial 2018, Copa América", describe el documento.
El informe concluye que los roles yuxtapuestos de Larsen, como titular de la Unidad de Auditoría Interna y al mismo tiempo negociador de los contratos, entre otras funciones, produjeron un "desbaratamiento del sistema de control interno de la empresa", y plantea que esos actos "podrían ser subsumibles en las figuras de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y violación de los deberes de funcionario público".
