Luego de que el Jefe de Gobierno porteño,
Horacio Rodríguez Larreta se plegara al ala dura del macrismo al arremeter contra las medidas de control y cuidado del Gobierno Nacional para hacer frente a la
Segunda Ola de Covid-19, fue denunciado por el delito de “sedición”, por llamar a desobedecer a la justicia y “alzarse” para impedir la ejecución de las disposiciones del Presidente y resoluciones. Además se considera la posible figura penal de “instigación” a cometer delitos con prisión de hasta 6 años.
La denuncia fue impulsada por el abogado Presidente de la Asociación Civil Grupo de Litigio Estratégico en los tribunales de Comodoro Py,
Adrián Albor.
“El incuso, en su carácter de jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, se ha alzado públicamente para impedir la ejecución de las resoluciones del Presidente de la Nación Argentina, conforme lo prevé el art. 230 inciso 2do del Código Penal Argentino, que tipifica el delito de Sedición”.
Añade el documento que Larreta
“ha incumplido y llamado a incumplir algunas de las reglas sanitarias consagradas por el Decreto de Necesidad y Urgencia Nro 241/2021, que -entre otras medidas- prevé la realización de clases no presenciales entre el 19 y el 30 de abril inclusive, en las instituciones escolares de todos los niveles educativos del AMBA”. “Por primera vez en la historia, y pese a no darse las condiciones sanitarias necesarias para hacerlo, inició las clases a mediados del mes de febrero de este año. Omitió el control del aforo en comercios y lugares de esparcimiento. Eliminó la medida de libre tránsito y estacionamiento para forzar la utilización del transporte público, y el aglomeramiento de pasajeros en subtes y colectivos”, dice uno de los párrafos de la denuncia.
Albor remarcó además que pese a la claridad de la decisión del juez Contencioso Administrativo Federal Esteban Furnari, que dejó sin efecto el fallo de un tribunal porteño,
“el alcalde porteño emitió un comunicado el 20 de abril por la noche, indicando que no acataría la decisión de la justicia, obligando a los vecinos de la ciudad autónoma a incumplir las medidas sanitarias ordenadas por el Gobierno Nacional”. La denuncia recayó en el juzgado a cargo de la jueza María Servini.
LLUVIA DE DENUNCIAS
A esto se suman más acciones legales contra el Jefe de Gobierno porteño: Por su parte, la abogada
Valeria Carreras amplió su acusación en otra demanda iniciada esta semana en el juzgado federal de María Servini. Precisamente pidió en el juzgado federal 1 que investiguen al jefe de Gobierno por
"resistencia o desobediencia a funcionario público, abuso de autoridad y violación de medidas contra la propagación de una epidemia".
Además quedaron radicadas en el juzgado federal 10, a cargo de
Julián Ercolini, las dos primeras denuncias del día por los delitos de
“violación de medidas contra la propagación de una epidemia, resistencia o desobediencia a funcionario público y abuso de autoridad". Una presentada por los abogados
Juan Leotta y
Darío Liurgo, quienes sostuvieron que el jefe de Gobierno "
ha decidido oponerse destructivamente y generarle el mayor caos político posible al Gobierno Nacional para conformar a un segmento de la sociedad que exige a gritos presencialidad escolar a como dé lugar (aún en el peor momento sanitario de la historia)". La otra resultó la presentó el abogado Daniel Valmaggia por "i
nstigación a cometer delito, abuso de autoridad" y violación del artículo 205 que castiga a quien no respete medidas para contener una epidemia.
ALA DURA
Pero el Jefe de Gobierno no es el único que carga con acciones legales sobre sí, también fueron denunciadas la asesora general tutelar de la Ciudad
Carolina Stanley y la titular del partido PRO
, Patricia Bullrich, ante la Justicia Federal por los presuntos delitos de sedición y atentado a la salud pública.
En cuanto a
Patricia Bullrich la letrada Valeria Carreras (quien también denunció a Larreta) manifestó haberla incluido en sus denuncias por haber expresado su voluntad de presentar un recurso de amparo contra el DNU 241 para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad en todo el AMBA, sino también
"las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos".
En cuanto a
Carolina Stanley, ex ministra de Desarrollo Social durante el gobierno anterior y actual funcionaria de la administración porteña, fue denunciada por haber impulsado una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Es decir, el motivo de la presentación contra los tres dirigentes nacionales de
Juntos por el Cambio se basa en las medidas judiciales que cada uno de ellos planteó en diferentes instancias para desobedecer el DNU 241/2021, con el cual el presidente Alberto Fernández aplicó diversas medidas de cuidado para bajar la circulación social en el contexto de emergencia por la pandemia de coronavirus.
