Mientras en el Gobierno de la Ciudad festejaban por el favor que le hizo la justicia porteña en el polémico fallo de la "sala amarilla" de la Cámara que habilitó el regreso de las clases presenciales,
el alcalde Horacio Rodríguez Larreta, la asesora general tutelar (ex ministra vidalista) Carolina Stanley y la titular del PRO, Patricia Bullrich, fueron denunciados por atentado a la salud pública y por sedición debido a -según la presentación- impulsar "una serie de acciones judiciales tendientes a dejar sin efecto el DNU 241/2021" que suspendió la presencialidad educativa en el AMBA durante dos semanas por la segunda ola de coronavirus.
Según la denunciante, la abogada
Valeria Carreras, estas acciones de Larreta bajo influencia de Bullrich y asesoramiento de Stanely, implican haber incurrido en conductas tipificadas por el artículo 205 y 230 inciso 2 del Código Penal.
Carreras es la letrada que representa a la querella principal de los familiares en las causas por el hundimiento del ARA San Juan y por el espionaje durante la gestión de Cambiemos.
La jueza federal María Servini quedó a cargo de esta denuncia y otra que apunta contra Mauricio Macri, ambas vinculadas al decreto presidencial que estableció nuevas restricciones para enfrentar la segunda ola de la pandemia de coronavirus.
En la denuncia, la abogada aseguró que la emisión por parte del Ejecutivo del DNU 241/2021 se dictó
"en y por la pandemia, cuyo rebrote, o denominada segunda ola, está colapsando el servicio sanitario y llevándose vidas de compatriotas, siendo una indiscutida situación extraordinaria que amerita medidas urgentes".
Sin embargo, siguió la denunciante, Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich promovieron acciones que persiguen "realizar lo que el DNU prohíbe", como concurrir a clases de modo presencial durante los próximos 15 días. En el caso del jefe de Gobierno porteño, lo habría hecho al presentarse ante la Corte Suprema y en relación a Stanley, por impulsar una acción de amparo que tramita en el Juzgado Contencioso Administrativo Federal Nº 9.
Sobre Bullrich, Carreras manifestó haberla incluido en la denuncia porque la titular del PRO anunció "que presentaría un recurso de amparo contra el decreto de mentas (por el DNU 241)" para dejar sin efecto no sólo la suspensión por 15 días de la presencialidad educativa en el AMBA sino también "las restricciones horarias a la circulación, las restricciones a ciertos rubros comerciales y deportivos".
Por otro lado, la denunciante planteó que las medidas dispuestas en el decreto 241/2021 son coincidentes en la letra y el espíritu con acciones tomadas ante la pandemia por los gobiernos de Francia, Italia y Alemania.
Por último,
Carreras remarcó que Rodríguez Larreta, Stanley y Bullrich incurrieron en la conducta prevista en el artículo 205 del Código Penal (atentado a la salud pública, que prevé penas de 6 meses a 2 años) y del artículo 230 inciso 2 (sedición, al que según el Código Penal le corresponde una pena de 1 año a 4 años), "al ponerse de acuerdo para contrariar una disposición nacional a fin de que no sea aplicable en su jurisdicción".
