La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) intimó a más de 220 jueces, fiscales y funcionarios judiciales en condiciones de jubilarse y que así lo requirieron en su momento a que "presenten el cese de funciones" para poder efectivizar el cobro del haber previsional, hecho que provocó que la co-fundadora de Juntos por el Cambio Elisa Carrió estallaran contra Cristina Fernández de Kirchner a través de un comunicado con muchas frases mediáticas pero pocos argumentos técnicos.
En concreto, según explicaron desde fuentes oficiales del organismo previsional a NA, la medida trata de "jueces y fiscales que presentaron ellos mismos su pedido de jubilación y no terminaron el trámite", por lo que el organismo previsional "los está intimando a que definan si se quieren jubilar como ellos mismos lo pidieron o retirar la carpeta".
En ese sentido, lo que hizo el ente conducido por Fernanda Raverta es "solicitar" a los representantes del Poder Judicial que presenten "el cese de sus funcione" correspondiente y la "documentación indispensable para hacer efectivo el pago de la jubilación".
Por añadidura, ANSES advirtió que si no lo hacen, "el expediente pasará al archivo" del ente previsional. Es decir, no se jubilarán y seguirán en sus funciones ya sin trámite iniciado.
Todo ello surge de la resolución firmada la semana pasada por Raverta en la que se solicita que aquellos que tienen iniciado un expediente jubilatorio deberán "presentar su renuncia en los próximos 30 días", pero que "si no lo hacen, sus trámites jubilatorios serán archivados".
La resolución aludida establece que "de no acreditarse la presentación de la renuncia se procederá a la revisión integral de las actuaciones, en uso de las facultades conferidas a esta Administración por el artículo 36 de la Ley Nº 24.241, pudiendo ocurrir que no se encontraren observaciones, por lo cual se procederá al archivo de las mismas".
Como era esperable, para el sector más reaccionario de Juntos por el Cambio -principalmente en materia judicial- la medida es una embestida contra la Justicia. Es que en el listado figuran la suprema Elena Highton de Molasco, el procurador interino Eduardo Casal, los fiscales federales Carlos Srtenelli y Eduardo Taiano, y los jueces Leopoldo Bruglia, Carlos Mahiques y Eduardo Riggi, entre otros.
El reclamo del macrismo lo inició la conductora de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien rechazó la decisión de ANSES y acusó que "obligar a jubilaciones a masivas de jueces es el intento de destrucción final de la República por parte de Cristina Kirchner”.
Lo hizo a través de una comunicación partidaria que también firman el presidente de la CC Maximiliano Ferraro y el titular del bloque de diputados nacionales Juan Manuel López.
"Tras la escandalosa sanción de la modificación del régimen de jubilaciones para magistrados, desde la CC dijimos que la verdadera razón era generar más vacantes en el Poder Judicial. Esto se sumó al retiro del Senado, de los pliegos de jueces, por parte de Alberto Fernández, y se le sumarán las vacantes que se prevén crear a través de la reforma judicial”, agregaron Carrió y los dirigentes de la CC.
El equipo de "Lilita" Carrió, entonces, evaluó además que "si triunfa esta maniobra, cientos de jueces serán empleados de Cristina Kirchner" y "dejará de existir para siempre la división de poderes en Argentina". Y concluyó: "Por eso le pedimos a los jueces honestos que resistan en sus cargos”.
