A pesar de la sobrada probatoria en la que están incluidos los dolorosos videos que exponen lo ocurrido con claridad,
la defensa de los ocho rugbiers acusados de asesinar a golpes en el piso a Fernando Báez Sosa en enero de 2020 en Villa Gesell busca victimizar a los presuntos homicidas al acusar al presidente Alberto Fernández de "arrojar sobre sus cabezas" el peso del Poder Ejecutivo debido a una foto que el mandatario se tomó con la familia de la víctima y un cartel que reza "Justicia por Fernando".
La oportunidad que aprovechó el abogado
Hugo Tomei, que defiende a los jóvenes deportistas acusados de haber asesinado a golpes a Fernando, fue en el texto para comunicar en el expediente su decisión de no ser juzgados por un jurado popular. También solicitaron la nulidad de la elevación a juicio.
Sin embargo,
lo más insólito del planteo del letrado tiene que ver con que señala al presidente Fernández como un factor de presión hacia un futuro juicio que eventualmente se encamine a una pena de prisión perpetua para sus clientes. Es decir, una foto del mandatario con un cartel ultraconocido en ocasión de recibir a la familia de una víctima, según interpreta el abogado, infuenciaría a jueces para poner una u otra condena, que en todos los caso los señala como culpables a los rugbiers.
"El doctor Alberto Fernández termina de arrojar sobre sus cabezas todo el peso del Poder Ejecutivo Nacional (PEN)", ensayó Tomei al realizar una particular interpretación de la imagen en que se ve al jefe de Estado con los padres de la víctima, oportunidad en la que posaron con sendos carteles en los que se leía "Justicia por Fernando".
Según Tomei, que parece no haber visto medios de comunicación entre enero de 2020 y la actualidad como para evaluar la magnitud y trascendencia del caso,
"para el señor presidente de la Nación, en este caso ´Justicia´ es sinónimo de ´condena a prisión perpetua´".
El representante legal de los acusados de asesinato intencional
Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Matías Benicelli, Blas Cinalli y de Luciano, Ciro y Lucas Pertossi confirmó que renunciarán a la posibilidad de un juicio por jurados porque ellos "no tienen ninguna expectativa de ser partes de un juicio justo" y considera que afrontan un "panorama aterrador", incluso ante un tribunal tradicional.
"¿Podrán los jueces técnicos enfrentar el embate del Poder Ejecutivo Nacional quien previo a la decisión final del caso hizo conocer su postura en favor de las pretensiones de una de las partes, acompañando un reclamo que identifica justicia con una condena a prisión perpetua?", planteó Tomei
Esta mañana presentó, en el último día que tenía de plazo, su oposición a la elevación a juicio requerida en su momento por la fiscal de la causa, Verónica Zamboni.
Según Télam, en su escrito, le pidió al juez de Garantías de Villa Gesell, David Mancinelli, la nulidad de la requisitoria fiscal con el argumento de que desde el punto de vista de la defensa no está claro qué hecho le imputa Zamboni a cada uno de sus ocho defendidos.
Además, le confirmó al magistrado que en caso de ir a juicio, renuncia a la posibilidad de que el debate se haga ante un jurado popular y opta por un tribunal colegiado.
Al cumplirse un año del caso, fuentes de la causa explicaron que la defensa entiende que la divulgación reiterada de los elementos de la instrucción, así como las manifestaciones dirigidas hacia los imputados por partes de los abogados de la familia Báez Sosa, Fernando Burlando y Fabián Améndola, impediría que los eventuales integrantes de un jurado lleguen a esa instancia sin prejuicios o preconceptos sobre los hechos.
El pedido de elevación a juicio de la causa fue realizado por la fiscal el 17 de noviembre pasado cuando solicitó que sean juzgados los ocho rugbiers que continúan detenidos por el hecho.
Zamboni pidió además el sobreseimiento de Alejo Milanesi (19) y Juan Pedro Guarino (19), quienes se encuentran en libertad, imputados como partícipes necesarios. Tras este requerimiento, los abogados que representan a los padres de Fernando, Graciela Sosa y Silvino Báez, acordaron con el planteo de la fiscal, aunque rechazaron el sobresemiento de Milanesi, al que consideraron prematuro, y presentaron una acusación particular para que sea sometido a juicio junto a los otros ocho.
