La situación judicial de Amado Boudou continúa generando novedades,repudios y expectativa, al tiempo que la continuidad del lawfare suscita cruces al interior del Frente de Todos. En ese contexto,
la abogada del ex vicepresidente Graciana Peñafort, informó hoy que ya “están trabajando en la presentación ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos" para que revise la condena, luego del apoyo internacional expresado en la reciente solicitada que pide su libertad.
Además, en sintonía con el contenido de la solicitada, Peñafort adelantó que
“antes que termine la feria (judicial de enero)” apelará el fallo del juez de ejecución penal Daniel Obligado que revocó el arresto domiciliario de Boudou y dispuso que regrese a la cárcel.
“En abril -agregó Peñafort-, el juez (Obligado) dijo que no era necesario mortificar a un condenado y a su familia con el cumplimiento de la pena. ¿Lo que no era necesario en abril pasa a ser necesario en diciembre? ¿Por qué cambia de criterio? Por la presión mediática”, cuestionó la abogada en declaraciones a Radio La Red que recopiló Télam.
Con el título “Libertad a Boudou”, la solicitada publicada ayer en la edición impresa de Página/12 y en el portal El Destape está encabezada por los de los ex presidentes Luiz Inácio Lula Da Silva y Dilma Rousseff (Brasil), Evo Morales (Bolivia), Enesto Samper (Colombia, también ex secretario general de Unasur), Fernando Lugo (Paraguay), el ecuatoriano Rafael Correa y Manuel Zelaya (Honduras).
Los ex mandatarios encabezan la lista de 4730 firmantes que además integran diplomáticos de la región que se desempeñaron como cancilleres de sus respectivos países: el brasileño Celso Amorim, los ecuatorianos Ricardo Patiño y Guillaume Long, el paraguayo Jorge Lara Castro o el boliviano Diego Pary, entre otros.
El texto de la solicitada cuestiona a “los medios de comunicación monopólicos y segmentos corrompidos del Poder Judicial” por “generar una estrategia común que envenena la atmósfera política”, entre otras acusaciones ligadas a lo que algunos juristas junto a dirigentes políticos de la región definen como ‘law-fare’, o guerra judicial entablada contra determinados gobiernos de América Latina.
En relación a la solicitada, Peñafort aseguró que el documento fue impulsado “por un grupo de personas que está preocupado y que le está reclamando una respuesta concreta del Poder Judicial y de los medios”.
Además, la abogada acusó a “(Pablo) Bertuzzi”, uno de los integrantes del Tribunal Oral Federal Nº 4 que emitió la sentencia de condena contra el ex vicepresidente, de estar “negociando con el Poder Judicial su llegada a la Cámara Federal sin concurso” mientras se realizaba el juicio oral.
“Durante todo el juicio fue notorio el tratamiento que tuvo ese tribunal, de manos de Bertuzzi, respecto a una de las acusaciones, que era peculado”, señaló.
Bertuzzi integró el TOF Nº 4 y hoy es camarista. Es uno de los jueces que ascendió a la Cámara Federal sin aval del Senado y que finalmente, tras la intervención de la Corte, fue repuesto en su cargo aunque de manera provisoria, hasta tanto se realice el concurso que requiere el procedimiento establecido por la Constitución para cubrir las vacantes.
“La sentencia de condena ha omitido respetar el debido proceso. Por eso vamos a solicitar en la Corte Interamericana (Corte IDH) que la revise, porque el respeto al debido proceso es una garantía de los Derechos Humanos”, agregó Peñafort sobre la apelación en curso.
La defensa del exvicepresidente tiene un plazo de seis meses desde el dictado de la sentencia para la presentación ante el tribunal hemisférico de protección de los DDHH.
Como en todos estos casos, la apelación tendrá la forma de una denuncia contra uno de los poderes del Estado argentino (en este caso el Poder Judicial, cuyo contralor está en manos de la Corte en tanto máximo tribunal).
De hecho, Peñafort, quien comparte la defensa de Boudou junto al penalista Alejandro Rúa, responsabilizó a la Corte por las “violaciones al debido proceso” que, según denunció, se cometieron a lo largo del caso Ciccone y del juicio oral.
“Nosotros sabemos muy bien por qué la Corte puso el (artículo) 280. Lo hizo porque no podía explicar por qué respecto al testigo Alejandro Vandenbroele, crucial para la causa, no supimos que le habían pagado para esa declaración: más de 4.000.000 de pesos. No podía explicar por qué Boudou había sido espiado por el Estado, es decir por agentes de la AFI, mientras estuvo preso y cuando estuvo en libertad, con seguimiento fotográfico”, acusó la letrada.
La sentencia contra Boudou a 5 años y 10 meses de prisión fue, ratificada en Casación y luego llegó a la Corte con un recurso de queja, aunque el máximo tribunal se negó a revisar lo actuado con el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, que habilita al máximo tribunal a denegar un recurso sin fundamentar las razones del rechazo.
EL LAWFARE SIGUE, LAS NOTICIAS FALSAS DE CLARÍN TAMBIÉN
El diario de la familia Noble Herrera que dirige el CEO Héctor Magnetto publicó una vez más una fake news para atacar al kirchnerismo a través de los presos políticos, en este casos con Boudou en la mira.
Entre ellas
se destaca una nota verdaderamente insólita titulada de manera vergozosa sobre la casa del economista en Avellaneda, donde aseguran que vive como un "jeque árabe", cosa que no sólo desmiente el barrio del que se trata sino también las imágenes del lugar.
Con el título "El arresto domiciliario de Amado Boudou, en una lujosa mansión con ascensor, piscina y quincho", el editor de la sección política del periódico Claudio Savoia -especialista en mentir- afirmó que Boudou "vive en una opulenta casa en el barrio Quinta Galli de Avellaneda".
Pero a la hora de describir al espacio en cuestión, fue por más y se atrevió a asegurar algo ridículo y falaz:
"Amado Boudou lleva una vida más parecida a la de un jeque árabe que a la de un reo".
Hasta la foto y el video publicado en Clarín dan cuenta de que las condiciones de vida del ex vicepresidente no se asemejan a la vida de un jeque árabe y sí a las de una persona que tiene los ingresos del ex funcionario.
Boudou tiene domicilio en el barrio residencial Quinta Galli, ubicado en la localidad de Crucecita, partido de Avellaneda, el cual es posible recorrer mediante el servicio de Google Street View que muestra imágenes de las calles.
Si bien es una zona de casas de importante porte, donde viven familias de clase media y clase media alta en el nivel posible para el conurbano bonaerense, la casa que habita el ex funcionario acompañado por su familia está lejos de los ostentosos lujos de los jeques árabes, acostumbrados a palacios con servidumbre y lujos estrafalarios. Incluso, en un video que publica Clarín puede verse el fondo de la vivienda de Boudou, que cuenta con una pileta y un quincho.
Asimismo,
el periodista afirma que existe descontento entre los vecinos por la llegada de Boudou al barrio, a finales de 2020. Como fuente, Savoia cita apenas a "dos vecinos" sin nombre y asegura que el grupo de WhatsApp que varios integran expresó su repudio.
Luego intenta instalar mediante el testimonio de vecinos que el alquiler de la propiedad y los gastos son costeados por el Municipio de Avellaneda, que hasta hace poco gobernó el ahora ministro nacional Jorge Ferraresi y que actualmente conduce Alejo Chornobroff. Pero dos líneas después Savoia se desmiente a sí mismo.
"Clarín no pudo confirmar la sospecha de los vecinos de Quinta Galli respecto al rol de la municipalidad de Avellaneda, pero tampoco desmentirla", escribió como intento de legitimar la publicación de algo que los manuales de primer año de periodismo prohiben.
Y agregó una información brindada por los fiscales que supervisan la detención domiciliaria de Boudou y que, justamente, justifica la posibilidad de vivir en una casa como la mostrada: "El grupo familiar cuenta con ingresos económicos provenientes del alquiler de un departamento de Boudou, del alquiler de un departamento de la señora García de la Fuente en México, del sueldo de la nombrada como asesora en la Cámara de Senadores, de la pensión que recibe Boudou como ex vicepresidente de la Nación, ahorros, apoyo económico de familiares y compañeros de la política".
