El binomio de
Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner a nivel nacional y
Axel Kicillof y Verónica Magario en la Provincia de Buenos Aires llegaron al gobierno de la mano de la unidad peronista del Frente de Todos hace exactamente 380 días, el 10 de diciembre de 2019, con un reducido pero robusto número de
prioridades y promesas explicitadas en cada uno de sus discursos de campaña:
recuperar el rol del Estado para resolver inequidades, poner en marcha la economía, desendeudar al país, acabar con las arbitrariedades judiciales -o lawfare- para intervenir la política y limitar así el ejercicio de la democracia y -fundamentalmente- terminar con el hambre en la Argentina.
Es que el país,
tras los cuatro años de administración de Cambiemos -hoy Juntos por el Cambio-, quedó en condiciones verdaderamente malas a partir de los datos objetivos que arrojó la gestión del INDEC de ese espacio político:
Mauricio Macri y María Eugenia Vidal aumentaron el desempleo, la inflación, la pobreza y el endeudamiento en la Argentina, las inversiones no llegaron, los recursos destinados a áreas clave como la educación, ciencia y tecnología o a la salud decrecieron, y el desempeño de la Justicia la colocó como el poder público que menos confianza genera en la población, lawfare mediante.
Sólo tres meses pasaron de la asunción, y
el presidente Fernández se quedó sin más opción que dedicar prioritariamente la gestión a la inédita y entonces más desconocida que hoy pandemia provocada por una enfermedad ignota, el coronavirus, que descolocó el programa de gobierno y obligó a volantear para postergar contagios, fortalecer el sistema sanitario del país y lograr soportar de la mejor forma posible según las características específicas del país el paso de la enfermedad.
En territorio bonaerense las cosas no fueron mejores ni menos sorprendentes, pero con las particularidades de una Provincia postergada y con características sociopolíticas sin igual. El gobernador Kicillof enfrentó los mismos desafíos, pero entreverados por conflictos que hubo que resolver de todo tipo y gravedad, que incluyen desde huelgas de hambre en cárceles que recibió hacinadas hasta el paro con piquetes y amenazas antidemocráticas que realizó la Policía Bonaerense a mitad de año en reclamo de salarios dignos luego de años de que sus ingresos perdieran con la inflación.
Sólo días después de su discurso inaugural en que presentó su mapa y sus promesas anuales ante el Congreso, el 1 de marzo, el Presidente debió reformular abruptamente su agenda de gobierno y volcar todos los esfuerzos estatales a combatir los efectos del coronavirus en el país.
En medio -más allá del fortalecimiento del sistema sanitario, la presentación de programas robustos de soluciones habitacionales y obra pública récord, y números en la economía que empiezan a acercarse a la prepandemia-, Fernández y su ministro de Economía, Martín Guzmán, lograron el
golazo de la reestructuración masiva de la deuda privada en moneda extranjera.
Pasaron nueve meses de declarados primero el aislamiento social, preventivo y obligatorio (ASPO) y luego el DISPO en todo el país. Hubo restricciones inéditas -en el mundo- a la circulación, se cerraron fronteras y se suspendieron las clases presenciales.
Desde el primer caso de coronavirus confirmado en el país el 3 de marzo, diciembre 2020 termina con la pandemia en la Argentina en cifras que superan el millón y medio de positivos de Covid-19 y los 42 mil muertos, con predominio en este último caso de adultos mayores.
Así,
el Gobierno encara el fin de año preocupado por un posible rebrote de casos, tras el amesetamiento de contagios que se había logrado en las últimas semanas que llevó a una flexibilización de las medidas, y nuevas restricciones ante el riesgo de nuevas cepas que castigan a Europa.
A esto se suman las gestiones contrarreloj para que la
vacuna rusa Sputnik V llegara al país antes de Navidad y se comience en la previa del 2021 el proceso de inmunización de los trabajadores de la salud, la seguridad y la educación, y la población de riesgo, que serán los primeros en ser inoculados.
Hay incógnitas y desafíos, algunos muy postergados y otros avanzados pero empantanados: la legalización del aborto espera con su media sanción que el Senado la convierta en ley el 29; el retorno al modelo de movilidad jubilatoria del kirchnerismo aguarda también para ser votado el mismo día pero en Diputados; la reforma judicial de la justicia federal espera sin precisiones el tratamiento de la Cámara baja; y el Gobierno encara el último tramo de la trascendental negociación con el FMI para corregir y reprogramar el pago de la deuda que heredó de Macri y condiciona el destino del país.
LA PANDEMIA CONOCIDA
“Si nosotros revisamos los primeros cinco meses de la Argentina de 2020 en términos laborales, producto del ATP y todas las medidas como prohibición de despidos, doble indemnización, a la Argentina le fue mejor con el coronavirus que con el gobierno de Mauricio Macri”, sentenció el presidente Fernández en agosto.
Los números oficiales que, valga la redundancia, también heredó la gestión de Cambiemos son terminantes: muestran que los argentinos se empobrecieron en 2015-2019, debieron más dinero, quedaron alcanzados por menor protección por parte del Estado, perdieron más empresas que nunca y los ciudadanos tuvieron más problemas de inflación y empleo que entre 2004 y la llegada de Macri a la Casa Rosada.
Esa afirmación del jefe de Estado, que se presenta muy fuerte respecto de su antecesor en el cargo, se sostiene principalmente en que sin coronavirus y sólo como consecuencia de los planes económicos de ex funcionarios como
Alfonso Prat Gay, Federico Sturzenegger, Lucas Llach, Luis Caputo, Nicolás Dujovne, Alberto Abad y Guido Sandleris, los salarios y el empleo registrado sufrieron más entre enero y mayo de 2019 (a partir del segundo semestre la economía empezó a mejorar intermensualmente) que en los mismos meses de 2020.
En la campaña electoral que le llevó al poder en 2015, Macri prometió “pobreza cero” y sostuvo que bajar la inflación era "la cosa más fácil del mundo", evidencia de los errores de un Gobierno. Bastaba con el shock de confianza que provocaría su presencia en la Casa Rosada para recibir "una lluvia de dólares" en inversiones, decía.
Sin chicanas, eso no pasó: Cambiemos recibió de las gestiones de CFK un PIB de 643.000 millones dólares y le entregó al peronismo con Fernández al frente uno de 450.000 millones. La actividad económica cayó al menos un 4,5% en cuatro años, con sólo uno (2017) de cuatro ejercicios en positivo.
Antes de la pandemia, Naciones Unidas para el desarrollo regional (Cepal) prevía una caída del 3% 2020. Por la pandemia, será de entre 10 y 12 puntos. La pérdida del valor del peso reflejó la tierra devastada que precedió al virus y las medidas para contener su avance: en diciembre de 2015 un dólar se cambiaba por 12,9 pesos, en el mismo mes de 2019 valía 63, más parecido que nunca a Venezuela.
La inflación del gobierno de Macri fue la más alta en tres décadas, al superar el 300%. Su último año de mandato acumuló una suba de precios de 53,8%, la mayor desde 1991. Este dato y la recesión dispararon los índices de pobreza y desempleo.
El porcentaje de población por debajo de la pobreza pasó del 29% de fines de 2015 al 40,8% de junio pasado, número que fue el más alto desde la crisis de 2001 según los datos estimados por la Universidad Católica, para eludir cuestionamientos respecto de algunos momentos del INDEC.
Esto significa que Cambiemos incrementó la pobreza en más de 10 puntos en sólo cuatro años sin la catástrofe que significa una pandemia. Según la UCA, el tercer trimestre de este año, con las medidas más estrictas superadas, terminó con un 44,2% de pobres en el país, es decir poco más de cuatro puntos arriba de lo recibido.
Kicillof no recibió una situación mucho mejor en la Provincia de Buenos Aires. La deuda bonaerense, por ejemplo, aumentó durante la gestión de María Eugenia Vidal un 431%, 130 puntos por encima de la inflación acumulada en esos cuatro años, según un informe de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV).
En su discurso de apertura de sesiones ordinarias en la Legislatura, el mandatario provincial describió al cuadro para atender los servicios de la deuda como “impagable” y habló de “abandono” y “tierra arrasada” para describir la herencia recibida.
Vidal entregó la gobernación con un déficit financiero estimado de 50.000 millones de pesos. La provincia pasó de participar de un 18,8 a un casi 23,0% en la renta federal. Tuvo más recursos de coparticipación y con la compensación especial (actualización del fondo del conurbano), las cuentas fiscales igual terminaron en rojo.
No creó puestos de trabajo y la tasa de desempleo del conurbano terminó como una de las peores del país, con el 12,% en el segundo trimestre de 2019. Así, tampoco bajó la pobreza. Deterioró patrimonialmente al banco provincial. No construyó las rutas prometidas ni amplió la red de cloacas. Subejecutó líneas de créditos otorgadas por organismos financieros internacionales para obras de infraestructura. No mejoró la infraestructura escolar y la salud pública fue desfinanciada. No bajó sensiblemente el delito ni se consiguieron resultados concretos en la lucha contra las mafias. Sí se pagó multimillonaria pauta publicitaria, de la que no se dejaron registros claros.
Sobre llovido mojado, dice el proverbio.
La situación en la que termina el primer año de Alberto y Kicillof es más grave porque las caídas de este año a causa de la Covid-19 se montan sobre los últimos dos años de Macri y Vidal, cuando la pendiente fue vertiginosa, intencional y con errores no forzados también.
LOGROS A PESAR DEL CORONAVIRUS
El primer elemento que jugó el Gobierno nacional, seguido al unísono por las gestiones provinciales y locales, fue una
rápida respuesta con medidas adoptadas a poco de llegado el virus al país.
Esas determinaciones -que incluyeron el cierre de las fronteras hacia el exterior y el ASPO, más conocido como “cuarentena estricta”, hacia el interior- lograron que incluso en peor momento del brote, se gane tiempo y el sistema de salud estuviera preparado y con margen para garantizar la atención a todas las personas contagiadas.
Un dato concreto es que en todo 2020 no hubo desbordes ni colapsos sanitarios como se observaron en otras partes del planeta -léase Italia, España, Reino Unido e incluso los Estados Unidos, entre otros-, a pesar del estado en que se encontraba -y todavía se encuentra- el sistema de salud argentino.
El jueves 19 de marzo, tras una reunión con varios gobernadores, el Presidente anunció que desde esa medianoche el país entraba en una cuarentena estricta para mitigar la propagación del virus.
"Las personas deberán permanecer en sus casas y salir sólo para lo necesario", remarcó Fernández ese día. El lema, que funcionó profundamente en la primera etapa, fue
"Quedate en casa".
En los primeros meses, el Gobierno nacional se dedicó a fortalecer el sistema sanitario nacional: se construyeron 12 hospitales modulares de emergencia, se incrementaron las camas de terapia intensiva y se creó un fondo especial para equipar de insumos a los centros asistenciales.
Sin embargo,
en la Argentina ocurrió algo similar a lo sucedido en el resto del mundo: las restricciones impuestas por la crisis sanitaria comenzaron a causar un daño económico y social, que escaló sobre la delicada situación recibida. El desempleo y la pobreza aumentaron y la situación heredada se volvió más delicada aún.
Alberto buscó
minimizar esos efectos negativos con una batería de medidas para proteger la producción, el trabajo y el abastecimiento de alimentos e insumos básicos.
Se dispuso la creación del
Ingreso Familiar de Emergencia (IFE), un pago excepcional de 10 mil pesos que fue otorgado a personas desocupadas, en economía informal, monotributistas y trabajadores de casas particulares.
Se decidió que las empresas prestadoras de servicios como energía eléctrica, agua, gas por redes, telefonía fija y móvil e Internet y televisión por cable deban congelar sus tarifas y no puedan suspender funciones a clientes por falta de pago.
Se congeló también en forma temporaria los alquileres y las suspensiones de desalojo por falta de pago, como así también las tarifas de servicios públicos de gas y electricidad, se prohibieron los despidos y las suspensiones y se creó un Fondo de Garantía para la Micro, Pequeña y Mediana Empresa.
En abril, se creó el
Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), que morigera el impacto económico de la emergencia sanitaria. Consistió en la postergación o reducción de hasta el 95% del pago de contribuciones patronales, la asignación compensatoria al salario para trabajadores a cargo del Estado, un sistema integral de prestaciones por desempleo, así como la asistencia a través del Programa de Recuperación Productiva (Repro) del ministerio de Trabajo.
Se determinó un pago extraordinario a los titulares de la
Tarjeta Alimentar y luego se amplió el monto de la Asignación Universal por Hijo.
Se creó el
Programa Argentina Construye, para atender los déficits de vivienda, infraestructura sanitaria y equipamiento, a través del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat.
Las especulaciones y presagios, de medios y de oposiciones poco responsables, sobre la posibilidad de que el golpe económico por la pandemia a expensas de la herencia llevaría a un estallido social. La contención del Gobierno fue robusta y alcanzó para que no haya ni indicios de tal cosa.
En noviembre, el Presidente anunció que se ponía al frente de un comité para diseñar la logística de la campaña de vacunación más grande de la historia argentina, según la definió el Presidente.
Sin embargo, aún con casi 40 millones de vacunas confirmadas -entre Sputnik V, AstraZeneca/Oxford y acuerdo Covac-, ante un relajamiento de la población en las últimas semanas el Gobierno viene solicitando extremar los cuidados, sobre todo en víspera de estas fiestas de fin de año y el período de vacaciones.
Esa situación de relajamiento fue posterior a la decisión del Gobierno nacional de delegar las decisiones en las provincias. Es difícil definir si ese hecho fue perjudicial para la toma y comunicación de medidas, pero fácticamente a partir de esa delegación del Presidente los cuidados comenzaron un declive y con suerte despareja según el distrito.
También Kicillof en territorio bonaerense logró saldo positivo. Antes de la llegada de la pandemia al país y la Provincia, decidió anular los incrementos tarifarios previstos para enero y atender la emergencia económica, social, productiva y energética, así como también los déficits en materia de seguridad, infraestructura, hábitat, servicios públicos, administración pública y tecnología.
Además, adhirió al protocolo para la atención integral de las personas con derecho a la interrupción legal del embarazo, creó el Ministerio de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y tuvo que enfrentar y resolver una huelga de hambre de 15 mil internos en las cárceles bonaerenses, acordar pagos pendientes con proveedores estatales y garantizar los fondos -que no había- para pagar salarios y aguinaldos.
Se invirtieron $17.067.388.000 en equipamiento y elementos de protección personal y se llevaron a cabo 125 obras hospitalarias por un total de $3.630.000.000.
Para mitigar las consecuencias económicas y sociales, se lanzó medidas impositivas, de financiamiento a través del Bapro y de asistencia desde las carteras de Producción y Trabajo para ayudar a Pymes y comercios afectados.
Además de realizar obras de refacción en 1.726 escuelas, la Gobernación distribuyó 13 millones de cuadernillos educativos, puso en marcha la plataforma Continuamos Estudiando y triplicó la inversión para el Sistema Alimentario Escolar para 1.720.000 chicos con una inversión mensual de 2.880 millones de pesos.
En medio de todo esto, Kicillof tuvo que atravesar y encontrar creativas y, a la vista de los hechos, logradas soluciones a dos crisis graves: en primer lugar, el reclamo de un sector de la policía bonaerense para obtener un aumento salarial, que incluyó elementos antidemocráticos; y, en segundo orden, la toma de terrenos en un predio de Guernica, partido de Presidente Perón.
El primero fue resuelto, en parte, con la recuperación por decisión del presidente Fernández del 1,8% de coparticipación que percibía la Ciudad de Buenos Aires desde 2016 por un decreto del ex mandatario Macri. Con ello, Kicillof anunció un plan de seguridad cuya inversión es de 37.700 millones de pesos y otorgó un aumento salarial a los agentes policiales.
La usurpación en Guernica encontró solución con un enfoque multidisciplinario que demandó meses de trabajo de varias áreas del Gobierno bonaerense, con el ministro de Desarrollo para la Comunidad, Andrés “Cuervo” Larroque, al frente.
Se logró que unas 600 familias abandonaran voluntariamente el lugar, aunque la justicia luego ejecutó el desalojo de las que habían decidido permanecer. Luego, Kicillof presentó un plan para construir 33 mil viviendas y delimitar 91 mil lotes con servicios, con una inversión de algo más de $190.000 millones en tres años y en conjunto con otras políticas que buscan resolver el déficit habitacional en el distrito.
Así las cosas, Fernández y Kicillof cumplen su primer año de gobierno con medallas y el horizonte más claro que el que había cuando asumieron, un año y unos días atrás, pero no todo lo que se avanzó tuvo que ver con la pandemia.
El FDT activó una agenda geopolítica distinta a la heredada antes y después de la interrupción del tránsito internacional a causa de la pandemia. El Presidente emprendió una primera gira que lo llevó a Israel, España, Italia, Francia y Alemania, amplia agenda, como la que se planea para 2021, con visitas acordadas por ahora de palabra a Beijing y Washington, nada menos.
En la región, se distanció del Grupo de Lima, intentando sacar de toda negociación a Venezuela, país para el que ensayó una mirada no bolivariana pero que implica que los venezolanos decidan cómo resolver su crisis. Estrechó lazos con México, pero también logró cercanía con Chile y Uruguay. Con Brasil, Jair Bolsonaro mediante, hubo un pequeño deshielo casi terminando el año.
El último y principal gol en este punto llegó con Bolivia. La recuperación de la democracia en ese país y el triunfo del MAS revalorizaron su importante rol al salvarle la vida a Evo Morales -como agradeció éste- y brindarle asilo político.
Este 2020 tuvo otro gol, que más bien fue un golazo pero no significa el triunfo de ese partido, siguiendo la metáfora:
el acuerdo con los acreedores privados, que también aparecía al comienzo del mandato como una de las prioridades absolutas, tuvo una resolución exitosísima, sin exagerar, que tal vez fue lo único que hasta Juntos por el Cambio tuvo que reconocer.
En tanto, las
negociaciones con el Fondo Monetario Internacional avanzan en los plazos previstos y, según el ministro Guzmán, el acuerdo de reestructuración llegará entre marzo y abril.
PROMESAS A CUMPLIR Y DESAFÍOS PENDIENTES
Los discursos públicos de campaña, la plataforma electoral del Frente de Todos, lo que el Presidente dijo ante el Congreso y lo que hubo que poner en marcha con la llegada de la pandemia indican que algunas de promesas pudieron cumplirse de forma parcial y a pesar del coronavirus, como la reactivación económica.
Otras son una deuda tan innegable como el hecho de que las agravó la pandemia: se incrementó más la pobreza durante la gestión de Cambiemos que con el coronavirus, lo que no borra lo hecho para impedir que esa suba fuera mayor así como que es imperioso que, si la situación sanitaria acompaña, el Gobierno empuje un salto de justica social en la producción, el trabajo y la distribución de la riqueza.
En este punto el desafío más explícito que implícito es convertir los planes de asistencia social en trabajo, en lo posible formal. Por supuesto que si la pandemia recrudece, la emisión y la asistencia deberán volver, pero eso aún no está dicho.
Los indicadores económicos de los últimos meses, en particular aquellos que tienen vínculo directo con subir o bajar el índice de pobreza, mostraron un repunte no sólo respecto de lo más duro de la pandemia sino también a los últimos dos años del régimen neoliberal.
La economía no está en la panacea ni se eliminó el hambre, pero hasta los peores pronósticos adelantan que si se consolida el rumbo habrá repunte. La actividad económica, la construcción, la estabilidad cambiaria, el uso de la capacidad instalada de las fábricas, son algunos indicadores fácticos de esto.
Otras promesas, como la legalización del aborto, comenzaron a saldarse en el final del año. El proyecto tiene la media sanción de Diputados y al cierre de esta nota ojos y oídos están en qué pasará este 29 de diciembre en el Senado.
En la Provincia, los principales desafíos de Kicillof en el plano de la gestión para 2021 tienen en el centro de la escena a la reestructuración de la deuda.
A principios de año comenzó un proceso para modificar los plazos de repago de la deuda en moneda extranjera con acreedores privados, fuertemente incrementada por la gestión Vidal. Se logró avances, pero el acuerdo llegará en 2021 después de 10 extensiones del plazo límite.
Volviendo al terreno nacional, el Poder Judicial y sus alrededores son un gris aún, y fueron una reiterada promesa y propuesta de campaña de Alberto. La corrección de lo ocurrido con los
servicios de inteligencia después del paso de la AFI de Macri, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani logró importantes avances.
Esto último no ocurrió en el caso del
lawfare. El proyecto de reforma judicial o reordenamiento de la justicia federal duerme en Diputados con media sanción del Senado pero sin precisiones. El grupo de especialistas convocado por el Presidente para recomendar transformaciones centrales en el Ministerio Público, el Consejo de la Magistratura y, principalmente, lo que la Vicepresidenta llamó “cabeza” de la persecución y el “cogobierno”, es decir la Corte Suprema, entregó al Poder Ejecutivo sus propuestas, pero no hay información acerca de cuándo se avanzará en esos difíciles caminos.
El 2021 no arroja certezas acerca de qué podrá hacer el Gobierno respecto de la pandemia, porque esa condición impuso la enfermedad al mundo, pero sí hay algunos elementos seguros:
hay elecciones de medio término y la sociedad juzgará la performance del Frente de Todos y no al pasado -el ex Cambiemos que hoy es JXC-, por más negativo que haya sido.
Así las cosas,
tal vez el principal triunfo del FDT, de Alberto, de Cristina, de Sergio Massa, de Máximo Kirchner y de Kicillof es a la vez el mayor desafío: haber consolidado y seguir consolidando la unidad de esa coalición, cuya efectividad electoral fue arrolladora pero el éxito prometido para quienes fue dirigido va en camino, pero le restan kilómetros.
