Con el avance en la aceptación de la marihuana legal en todo el planeta y el decreto presidencial que actualizó hace un mes la ley nacional al respecto en el bolsillo,
el gobernador bonaerense Axel Kicillof le puso el gancho y envió a la legislatura un proyecto de ley para regular la producción pública y privada y autorizar el cultivo personal de la planta de cannabis para aplicaciones medicinales, terapéuticas e industriales, y además, incorporar el aceite como modalidad en todas las instituciones de salud públicas y privadas de la provincia de Buenos Aires.
Con la firma del mandatario, Télam informó que el proyecto ingresó el lunes a la Cámara de Diputados. Fuentes oficiales indicaron que
la idea es tratarlo durante el actual período de sesiones extraordinarias y que pueda ser tratado y convertido en ley antes de fin de año.
“El mundo entero está acompañando el avance científico que el cannabis medicinal otorga para el beneficio de los ciudadanos que lo consumen como parte de un tratamiento médico y/o paliativo del dolor, y es así que la Provincia debe acompañar esa apertura hacia nuevas formas de beneficiar a la comunidad”, inicia su argumentación el documento de 85 páginas, a partir del cual el Poder Ejecutivo argumenta el camino hacia una nueva legislación respecto del cannabis medicinal.
La Cámara de Diputados trataría, según esperan desde el Frente de Todos, el proyecto de ley en el recinto el próximo martes 22, días antes de Navidad. El oficialismo busca el consenso del resto de los partidos. Es que el tema del cannabis medicinal legal estuvo incluido en las discusiones de las comisiones durante todo 2020, pero hasta ahora sólo había quedado allí.
“Estamos viendo con Juntos por el Cambio si están para apoyarlo, es imprescindible para tratarlo sobre tablas y que salga. La idea es poder sacarlo antes de fin de año”, reconoció un referente del bloque oficialista a Infobae.
El proyecto llegó del Ejecutivo y no tiene dictamen de comisiones, lo cual significa según los reglamentos legislativos bonaerenses que para que se dé el debate en el recinto se necesita el acuerdo de dos tercios de Labor parlamentaria. Hay confianza oficialista en que alcanzarán ese apoyo, que luego sería impulso para que sea ley por mayoría simple.
EL PROYECTO
Si bien el propósito central de la iniciativa oficial tiene que ver con la salud pública, no el único ni el exclusivo y así sucede en todo el mundo.
El gobierno bonaerense también espera que el potencial económico de la industria del cannabis pueda desplegarse en la Provincia y, así, sumar una nueva fuente de creación de fuentes de trabajo -entre otros beneficios- si se suma a la investigación y el desarrollo de productos elaborados con esta planta ancestral.
En concreto, la propuesta impulsa la
adhesión bonaerense a la ley nacional 27.350, que establece el marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y paliativo del cannabis.
Además,
crea la Agencia Provincial del Cannabis, un organismo que será autárquico y que regulará el registro de cultivadores y laboratorios productores bonaerenses, y la utilización de esta sustancia para fines terapéuticos.
En el proyecto enviado a la Cámara baja, se precisó que la Agencia deberá crear y administrar el Registro provincial del cannabis, al que deberán anotarse todas las personas que necesiten utilizar la sustancia para su tratamiento médico, así como también de laboratorios, farmacias y droguerías que participen del proceso de producción y comercialización del aceite.
Además, se autoriza el autocultivo a particulares que necesiten el uso del cannabis medicinal y para ello se crea el programa de Cultivo Solidario, que contempla que las organizaciones que promueven el autocultivo capaciten a los pacientes autorizados a realizar sus propias producciones.
La iniciativa incorpora también al sistema de salud provincial la modalidad terapéutica con aceite de cannabis o sus derivados, lo que implica que obligatoriamente las instituciones públicas y privadas deberán contemplar la realización de tratamientos con esta sustancia, y la obra social IOMA deberá incluirlo dentro de sus prestaciones. Por eso exige la incorporación al Sistema de Salud Pública el “medicamento paliativo aceite de cannabis”.
“Es prioritario que la APC promueva las tareas investigativas pertinentes, a los fines de contar con información científicamente verificada respecto de las propiedades de la planta de cannabis y sus derivados”, afirma el documento de la gestión bonaerense del Frente de Todos.
Así las cosas, el decreto dice explicíticamente que todo el que no esté incluido en el registro quedará expuesto a las sanciones de la vetusta ley de drogas nacional, que castiga con entre cuatro y 15 años de prisión por el mero hecho de tener plantas o semillas de cannabis.
Otro ítem atractivo y amplio en términos políticos de la iniciativa es que Kicillof abrió el juego a “todos los municipios” que quieran producir cannabis y también a la participación de “pequeños y medianos productores bajo requisitos de calidad”.
"Conlleva a un incentivo para la reactivación económica en todo el territorio de la provincia”, argumenta el texto oficial en cuanto a esto último y la chance de que los distritos echen mano a las ventajas competitivas que podrían abrirse.
En la Provincia quieren que la APC articule acciones de desarrollo e investigación con entidades nacionales, como el INTA y el Conicet, y que promueva la producción de productos en laboratorios públicos y privados y de las universidades bonaerenses.
Otro aspecto positivo tiene que ver con que
la Agencia podrá crear un banco de semillas y de genéticas públicos similares a los que proyecta la empresa Cannava, propiedad del Estado de Jujuy.
No obstante,
a diferencia del emprendimiento en Jujuy, el proyecto critica solapadamente que el gobernador Gerardo Morales y su hijo Gastón, presidente de Cananva, se quedaron toda la industria para el Estado: “La Provincia de Buenos Aires debe marcar una diferencia con el resto de las provincias que se han encaminado solo a constituir Sociedades del Estado netamente comerciales, las cuales son un obstáculo para la fijación de políticas públicas concretas”.
