Con la explosión de la serie de
Netflix "Carmel", que recorre desde el asesinato de la socióloga
María Marta García Belsunce hasta la investigación y el juicio por el caso,
se puso en escena el rol de un personaje importante en lo judicial de ese hecho debido a que será fundamental para conocer si la causa Cuadernos sigue su rumbo o se cae.
Es que
el juez que instruyó en la causa de García Belsunce y chocó con el polémico fiscal Diego Molina Pico es Diego Barroetaveña, como recorrió Perfil en un artículo, y quien en ese entonces era el magistrado de Garantías de San Isidro actualmente integra la Cámara Casación Penal, nada más y nada menos que el tribunal que definirá qué pasa con el expediente de los Cuadernos, que tiene entre los acusados a Cristina Fernández de Kirchner, debido a que ya está confirmado que los testimonios de arrepentidos que debían ser registrados no lo fueron.
Barroetaveña es menos conocido que Molina Pico -aunque ambos aparecen en Carmel-, debido a que sólo aparece mencionado en algunos pasajes de los capítulos, hecho que se relaciona y es consecuencia de que durante toda la instrucción mantuvo un perfil bajo y, de hecho, se opuso a distintos pedidos del fiscal.
Nacido en diciembre de 1961, en San Fernando, al norte del conurbano bonaerense, Barroetaveña recorrió diversos puestos en el Poder Judicial, donde entró como auxiliar. Pasó por juzgados penales y fue defensor de pobres y ausentes. Hasta que en septiembre de 1998 recaló en el Juzgado de Garantías 1 de San Isidro, adonde poco más de cuatro años más tarde llegaría el caso de García Belsunce.
Con la crisis de 2001 como contexto, que derivó en la salida de Fernando de la Rúa de la Presidencia, y con innumerables casos de secuestros extorsivos, entre otros delitos, la atención del asesinato de la socióloga volvió a lo que solía ser un cargo relativamente tranquilo en epicentro de cruces, acusaciones y declaraciones públicas de todo tipo.
Barroetaveña y Juan Bautista Mahiques, uno de los presuntos integrantes de la "mesa judicial M", en su jura como Fiscal General de la Ciudad
En los casi siete años que permaneció allí, Barroetaveña no habló en medios prácticamente y terminó enfrentado a varios otros funcionarios judiciales, incluso el fiscal de la causa. Fue cuestionado por no haber acatado una orden de la Cámara de Apelaciones de San Isidro, que había ordenado detener a Carlos Carrascosa, viudo de García Belsunce y señalado inicialmente por el crimen pero declarado finalmente como inocente.
Antes había rechazado la prisión preventiva que Molina Pico había solicitado para Carrascosa. También rechazó en su momento la elevación a juicio pedida por el fiscal y hasta lo apartó al aceptar una recusación pedida por la defensa. Entre los cruces entre ambos también estuvo cuando Barroetaveña prohibió la extracción de sangre a familiares y amigos de María Marta para un estudio de ADN, hasta tanto las partes coincidieran en que fueron sometidos a estudio todos los restos hallados en la escena del crimen, un punto que fue mencionado en el documental.
Luego, pasó a integrar el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 21 de la Capital Federal, con un menor perfil que los despachos del edificio de Retiro. Desde el TOC, en abril de 2013 impuso la pena de 15 años de prisión al ahora fallecido sindicalista ex titular de la Unión Ferroviaria (UF) José Pedraza, entre otros acusados, por el crimen del joven integrante del Partido Obrero (PO), Mariano Ferreyra. Luego saltó al fuero federal, en un tribunal de esa categoría en la jurisdicción de San Martín, donde llevó adelante,
entre otros, juicios por delitos de lesa humanidad, cometidos durante la última dictadura cívico-militar, en el denominado circuito Campo de Mayo.
En julio de 2018 llegó a la Cámara de Casación Federal. Desde el primer piso del edificio de la avenida Comodoro Py, en los últimos meses rechazó pedidos de arresto domiciliario por coronavirus presentados por las defensas de los condenados represores de la última dictadura militar como Miguel Etchecolatz, entre otras decisiones que tuvieron repercusiones.
Ahora, junto a sus compañeros Ana María Figueroa y Daniel Petrone, componen la Cámara de Casación Federal, máximo tribunal penal del país. Desde los primeros días de octubre trabajan en el caso de los Cuadernos, en el que está acusada la vicepresidenta CFK como supuesta "jefa de una asociación ilícita" a pedido de Claudio Bonadio y Carlos Stornelli: Barroetaveña y sus dos pares deberán decidir sobre la validez de las declaraciones de los arrepentidos, uno de los pilares del caso.
Es que luego de insistentes pedidos de las que las defensas, quedó comprobado por el propio juzgado que supo ocupar Bonadio y por la fiscal federal Fabiana León, que se encargará de la acusación en el juicio oral de la causa de los cuadernos, que los testimonios no fuero registrados de ninguna forma, como exige la ley del arrepentido, y sólo se pueden consultar las actas de 24 acuerdos de colaboración que firmaron acusados para convertirse en arrepentidos en el expediente por las fotocopias de los cuadernos de Oscar Centeno.
Con acreditación de que no hay registros de filmaciones o audios de las declaraciones que hicieron los “arrepentidos” en la causa de los cuadernos,
ahora Barroetaveña tendrá máxima exposición nuevamente porque -junto a Figueroa y Petrone- deberán determinar si, como pretenden las defensas, se dicta la inconstitucionalidad de la ley del imputado-colaborador, su aplicación en la causa cuadernos y la nulidad todo lo actuado en un expediente.
