Nicolás Ducoté supo, antes de dedicarse formalmente a la política, vender su trabajo en pos de las banderas de las "políticas públicas" cuando presidía la organización
Cippec, desde la que criticaba al kirchnerismo. Sin embargo,
parece ser que la transparencia y el trabajo no fueron sus "banderas" cuando le tocó gobernar el municipio de Pilar, en la Provincia de Buenos Aires, de la mano de Mauricio Macri, ya que sobre él y sobre ex funcionarios nacionales pesa una grave denuncia de corrupción por recibir fondos millonarios para urbanizar un barrio popular pero dejarlo abandonado sin terminar.
Es que
en 2017, el por entonces jefe comunal prometió la urbanización del barrio Monterrey, en la humilde zona de Derqui. Recibió giros por $120 millones por parte del Estado nacional, las obras comenzaron el 21 de marzo de aquel año pero quedaron completamente inconclusas.
Así se desprende de un
informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) que reveló Infobae y que determina que
se fraguaron las certificaciones y que hubo fallas en los controles por parte del Ministerio del Interior -que encabezaba Rogelio Frigerio pero que tuvo en Habitat y Vivienda a Domingo Amaya y luego Iván Kerr-, ya que las obras nunca se terminaron.
Esto significa que Nación envió los fondos y el Municipio pagó por las obras, pero las obras no están. No se hicieron los trabajos hidráulicos, las calles siguen siendo de tierra y se comenzaron algunas plazas de costo millonario. Sí se terminó un centro cultural, lo único.
Según se conoció, el proyecto de urbanización original era por casi $146 millones, pero terminaron llegando unos $120 millones. Se trataba de obras de infraestructura para el barrio Monterrey que incluían asfalto, servicios básicos (agua corriente, cloacas, iluminación), plazas nuevas, un centro cultural, y hasta un corredor aeróbico.
Como no se terminó casi nada de todo eso, con ejemplos indignantes en
supuestas plazas que son sólo pasto y unos pocos asientos de cemento derrumbados pero valieron hasta 5 millones de pesos, el caso aterrizó en la Justicia federal en plena campaña electoral para la reelección de Ducoté.
Foto: Infobae
En septiembre, la causa pasó a la justicia provincial y la investigación parecía diluirse. De hecho, hay un juez con el hábito de no querer juzgar al ex intendente, aparentemente. Sin embargo, el informe de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) expone que se fraguaron certificaciones de obra y que hubo graves fallas en los controles por parte de autoridades nacionales.
La obra del barrio Monterrey se remonta a fines de 2016, en pleno apogeo de la gestión de Cambiemos. El convenio estipulaba una inversión de $145.733.567 ($140.811.697 para las obras físicas, y $4.921.870 para módulos sociales). Luego ese presupuesto se ajustó a $120 millones. Según
el contrato las obras debían comenzar 30 días después del primer desembolso y tenían un plazo máximo de doce meses. La realidad muestra ahora que los plazos nunca se cumplieron.
Foto: Infobae
El informe de la PIA también enumera una serie de
irregularidades administrativas en el proceso de selección de la UTE conformada por Vialme SA, Servicios y Gestión SA y Alpin SA. “Se han vulnerado los principios de publicidad rectores en las licitaciones, en cuanto hace al conocimiento, la concurrencia, y participación de oferentes, posibilitando la competencia y con ello, la existencia de mejores ofertas para la contratación con el Estado”, dice el documento al que accedió Infobae.
Además,
la PIA indica que la UTE adjudicada nunca habría presentado la constancia de inscripción de Proveedores de la firma Alpin. Tampoco se detectó una comunicación a todas las empresas inscriptas en el Registro de Proveedores del Municipio.
El informe de la PIA apunta a las irregularidades en las certificaciones de obra. “Lo descripto hasta el momento corrobora la mendacidad de las certificaciones de obras efectuadas a los fines de seguir obteniendo fondos provenientes del Estado Nacional, puesto que, para obtener un nuevo desembolso debía rendirse el dinero recibido con anterioridad”, asegura el informe de la Fiscalía, que analizó el convenio y los pagos a pedido del fiscal federal de Campana Sebastián Bringas.
“Dicha falta de control no sólo se centra en la rendición de fondos. Tampoco se hicieron valer las obligaciones de cumplir con los plazos, por cuanto el convenio específico establecía el plazo de 12 meses”, dice el informe de más de 60 carillas que castiga particularmente a la falta de control del Gobierno macrista, en especial a la entonces Secretaría de Vivienda y Hábitat de la Nación.
La PIA sostiene que Ducoté debería haber rescindido el contrato en lugar de firmar la adenda con todos los trabajos y plazos vencidos, como hizo, en agosto de 2019.
Desde Infobae consultaron al entorno del ex intendente, que básicamente se excusaron pateando la pelota para la gestión nacional macrista, ya que sostuvieron que la obra se demoró porque “los fondos de Nación se retrasaron durante más de un año” y agregaron que "lo cobrado es lo mismo que se certificó, no hubo sobrecertificación”.
El informe de la PIA sacude fuerte también a la supuesta responsabilidad de funcionarios nacionales, lo que podría hacer regresar el expediente al fuero federal:
“Como quedó acreditado del estudio de los distintos convenios, tales transferencias dinerarias fueron aprovechadas a los fines de generar beneficios indebidos con el consecuente desfalco a las arcas del Estado Nacional, habida cuenta que fue quien hacía el aporte para solventar las obras y módulos de desarrollo con los cuales se justificó la obtención de las partidas presupuestarias”.
A comienzos de septiembre, en base a un fallo de la Cámara Federal de San Martín, el juez federal de Campana Adrián González Charvay declinó la competencia de la causa en la justicia provincial, que debería continuar con la investigación.
Ducoté tiene muchos problemas judiciales después de su paso por Pilar: son unas 12 causas judiciales, la auditoría y unos mil nombramientos. Aumentó en un 58% la plantilla de empleados, expediente por corrupción y malversación de caudales públicos, entre otros delitos investigados.
