El Juez de Primera Instancia del Juzgado de Control en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración en San Salvador de Jujuy, Rodolfo Fernández, ordenó liberar a Milagro Sala de la prisión preventiva que atraviesa en "Causa Fellner", como se denomina a la investigación por presunto desvío de fondos públicos para la construcción de viviendas en que está imputada, pero la dirigente social deberá seguir detenida por el expediente mencionado mediáticamente como "Pibes Villeros", en el que tampoco tiene sentencia firme.
La decisión judicial positiva también abarca a
Gladis Díaz y Mirta Aizama, e implica que las tres deberán prestar “caución juratoria, fijar y mantener domicilio, y permanecer a disposición del Juzgado en lo Penal Económico y Delitos contra la Administración Pública y concurrir a todas las citaciones que se le formulen”.
Según trascendió, la referente social jujeña había reclamado que le revocaran la prisión domiciliaria preventiva en el expediente sobre el presunto desvío de fondos públicos, en el marco, además, de que de las 23 personas que son investigadas en esa causa solo las tres alcanzadas por la decisión impulsada hoy todavía permanecían detenidas.
La decisión de cesar con la domiciliaria la tomó el juez Fernández, quien se hizo cargo de la causa luego de que el anterior magistrado, Isidoro Cruz, fuera declarado incompetente en los primeros días de octubre.
En diálogo con Canal 7 de Jujuy, Fernández consideró que su decisión fue un
“simple trámite procesal que se da en cualquier proceso” y explicó -cosa que debiera tenerse en cuenta para otros expedientes de la justicia federal- que
"hay un tiempo razonable, que es de dos años, a fin de que una persona sea privada de su libertad para que se investiguen las conductas delictivas que se le atribuyen".
"Transcurrido ese plazo sin que hubiese sentencia, condenatoria o absolutoria, deberá ser puesto en libertad”, resaltó con evidente razonabilidad el magistrado.
Sin embargo, Sala deberá seguir presa en su domicilio por la causa “Pibes Villeros”. Por ese caso, fue condenada en primera instancia en enero de 2019 a 13 años de prisión, considerada jefa de una asociación ilícita y por los delitos de fraude a la administración pública y extorsión. La determinación fue apelada al Máximo Tribunal de Jujuy, que la rechazó y la defensa presentó un recurso de queja el 18 de marzo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que aún no lo trató.
