El juez federal de Lomas de Zamora Juan Pablo Augé ordenó hoy dos medidas clave en el marco del avance de las investigaciones acerca del sistema general de espionaje ilegal desplegado a través de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y otros organismos del Estado durante el gobierno de Mauricio Macri.
Por un lado, el magistrado dispuso que sean
auditados por primera vez o vueltos a peritar, según sea el caso, más de 50 teléfonos celulares secuestrados en allanamientos realizados en el expediente en que se busca indagar acerca de supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas por agentes de la ex SIDE bajo gestión de Gustado Arribas y Silvia Majdalani.
Además,
Augé ordenó volver a allanar el penal de Ezeiza y otras dependencias del Servicio Penitenciario Federal (SPF), en el marco de la causa por supuesto espionaje ilegal contra ex funcionarios detenidos durante la gestión de Macri, donde ya se conoció que se "alambraron" esas dependencias.
QUÉ TIENEN LOS TELÉFONOS
La medida fue ordenada a instancias de los fiscales que llevan el caso, Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide. Se busca
indagar qué hay en los celulares que habían sido secuestrados cuando la causa estaba a cargo del juez federal Federico Villena, quien fue apartado del expediente el 3 de julio por la Cámara Federal de La Plata.
Los fiscales solicitaron la medida tras repasar todo el expediente por el que ya fueron indagados más de veinte ex espías y la ex empleada de la dirección de Documentación Presidencial, Susana Martinengo, a quienes aún no se les resolvió la situación procesal.
Justamente, anoche se conoció en C5N material en audio que incluye diálogos entre Martinengo y Darío Nieto, el secretario privado de Macri. En esos audios, la primera le dice a un espía que le envíe un presunto "informe" acerca de opositores en el marco de las protestas por el ajuste jubilatorio de Cambiemos, para que así se lo haga "llegar" a Nieto.
Para una veintena de los celulares, el magistrado dispuso que sean sometidos a una “nueva” extracción forense de datos utilizando el sistema UFED, o UFED Premium para el caso de aquellos que poseen claves de acceso que hayan impedido peritajes con las versiones menos sofisticadas de ese sistema.
En relación a otros 30 teléfonos celulares, el juez ordenó los peritajes por primera vez porque, según señaló, de esos dispositivos “no existen constancias en autos de que se haya realizado el procedimiento mencionado”.
Entre los celulares que aún no habían sido sometidos a peritajes anteriores se encuentra uno de Martinengo y cuatro secuestrados en el domicilio de Nieto, el secretario privado de Macri, que había sido allanado por orden del juez Villena.
La medida fue encomendada a la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la Gendarmería Nacional, que deberá proceder a la “extracción global y copiado de todos los datos (imagen forense) de los teléfonos celulares”, según surge de la resolución a la que tuvo acceso Télam.
Previo a la realización de la medida, la Gendarmería deberá “informar con 72 horas de anticipación, las fechas, horarios y lugar en las que se llevarán a cabo tales extracciones”, se indicó en el fallo.
El juez también autorizó “al personal de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP), en calidad de colaboradores técnicos del Ministerio Público Fiscal, a que presencien la actividad y se labre el informe pertinente”.
En la causa se investiga "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia" que "se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales".
CÁRCELES PARA ESPIAR OPOSITORES
La orden de Augé de allanar Ezeiza y otras dependencia del SPF está vinculada con la sospecha de que durante el gobierno de Cambiemos se habría implementado en esos lugares un mecanismo para controlar los movimientos de empresarios, sindicalistas y ex funcionarios presos, la mayoría de manera preventiva e injustificada, para luego poner esa información a disposición de la AFI y los medios.
El magistrado dispuso que las medidas, que alcanzaron también al departamento de Asuntos Internos y la Dirección de Análisis del SPF, entre otros lugares, sean llevadas adelante por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), según Télam.
El juez ordenó que se secuestre “toda documentación” y “cualquier tipo de anotación”, en el formato que fuere, relacionada con el ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido, los exfuncionarios Roberto Baratta y Carlos Kirchner, y los empresarios Lázaro Báez (que aún sigue detenido) y Cristobal López, entre otros.
La orden también fue dispuesta a instancias de los fiscales Incardona y Eyherabide, quienes señalaron que en el expediente existe evidencia “para sostener la sospecha cierta de que funcionarios de las máximas jerarquías del Servicio Penitenciario Federal habrían llevado a cabo un plan para controlar y vigilar todos los movimientos, conexiones y actividades que desarrollaron las personas privadas de la libertad incorporadas por ellos al Programa IRIC, que principalmente incluyó a exfuncionarios públicos imputados de haber cometido actos de corrupción”.
“Tal mecanismo habría desviado su finalidad legal y se habría convertido en una fuente de información que luego era utilizada para distintos fines, y compartida presumiblemente a la Agencia Federal de Inteligencia”, indicó el juez Auge en la resolución en la que dispuso los allanamientos.
En la causa, se investiga "una organización con inserción en el Estado Nacional, Provincial y Local, integrada por una cantidad indeterminada de personas, entre quienes se encontraban funcionarios públicos y agentes de distintas Fuerzas de Seguridad y de Inteligencia" que "se habría dedicado, mediante el uso abusivo y sistematizado de medios investigativos ilegales o bajo un aparente manto de legalidad, a la realización de seguimientos, toma de vistas fotográficas, obtención de video filmaciones, recopilación de datos y confección de informes personales".
