Finalmente, terminó una etapa del intento oficialista y tras las presiones opositoras el Gobierno dio marcha atrás en la intervención de la empresa cerealera Vicentin: el propio Alberto Fernández anunció la firma de un nuevo DNU para suspender el decreto anterior con el que había dispuesto hace menos de un mes la propuesta transitoria de intervenir y eventualmente expropiar la firma.
El Presidente firmó un DNU para anular la intervención y expropiación de la empresa agroindustrial y lo compartió, minutos después, a través de Twitter.
"Hemos dispuesto la derogación del DNU 522/2020 que ordenó la intervención de Vicentin S.A.I.C. por 60 días", escribió.
Para explicar la decisión, Fernández disparó munición gruesa contra Fabián Lorenzini, el magistrado que "conduce" el concurso de la agroexportadora:
"El juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía”.
En la misma línea, señaló que ha “impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
Además, Fernández alertó que no comprometerá recursos públicos del Estado en Vicentin mientras el actual directorio permanezca en la empresa, “ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
“Nuestra intención siempre fue rescatar a la empresa, preservar los activos, colaborar con los productores damnificados y mantener las fuentes de trabajo”, explicó. Para ello, según juzgó Alberto, "era fundamental" la intervención por 60 días antes de declarar a Vicentin como un bien de utilidad pública, “para conocer su verdadero estado patrimonial”.
“En estas condiciones, no estamos dispuestos a adoptar riesgos que podrían traer como consecuencia la estatización de deuda privada para que los argentinos y las argentinas deban hacerse cargo del irresponsable proceder de los actuales administradores”, completó.
Y cerró: “He dado instrucciones a todos los organismos públicos involucrados para que realicen las acciones civiles, comerciales y penales que permitan la recuperación de los créditos reclamados en el concurso preventivo, dirimir responsabilidades y preservar los intereses del Estado”.
La decisión del Presidente se conoció luego de que el gobierno de Santa Fe diera por cerrada la negociación para la conformación del fideicomiso que buscaba darle continuidad a la operatoria de Vicentin, al no alcanzar un acuerdo con los directivos de la empresa en la segunda reunión de conciliación de las partes convocada por Lorenzini, el juez del concurso de la agroexportadora.
