Fuente: Tiempo Judicial
Finalmente, primó la racionalidad y el macrismo y sus intenciones de que ni se estudien los casos y sostener a toda costa a ciertos magistrados que considera claves para operar y perseguir en la Justicia fracasaron:
el Consejo de la Magistratura aprobó hoy la revisión de diez traslados de jueces federales que no cumplieron con el trámite dispuesto en la Constitución, en una votación ajustada que enfrentó al oficialismo y la oposición y que definió Graciela Camaño.
Según lo resuelto por el pleno del Consejo,
la Corte Suprema deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces, como hizo con casos anteriores, o por el contrario disponer que el Poder Ejecutivo complete el procedimiento que debió realizarse en un principio y eleve a consideración del Senado estas designaciones.
La cuestión había sido debatida en la comisión de Selección del Consejo, a propuesta del representante del Poder Ejecutivo,
Gerónimo Ustarroz, quien elaboró un informe sobre todos los traslados que se realizaron desde 1998 hasta la actualidad. Allí advirtió el jueves pasado acerca de tres tipos de traslados en la justicia: los que respetaban lo exigido por la ley; los que habían hecho alguna salvedad en las exigencias; y los que carecían del acuerdo del Senado, entre estos últimos, los diez casos que serán revisados.
“Queremos echar luz sobre el instituto de los traslados, que entre 2015 y 2018, se hicieron muchos que no cumplen las reglas y no cumplen con el acto federal complejo que exige la Constitución”, argumentó Ustarroz.
Desde el sector de consejeros vinculado directa o indirectamente a la oposición, encabezada por el diputado de Juntos por el Cambio (JxC)
Pablo Tonelli, se insistió en que el Consejo no tiene competencia para revisar los decretos presidenciales que ordenaron los traslados ya que estas decisiones generaron efectos y derechos que solo se podrían retrotraer con una sentencia que anule esos decretos.
“El dictamen carece de un objeto válido e útil”, argumentó Tonelli, en referencia al dictamen propuesto por el consejero
Diego Molea para que esos diez nombramientos sean revisados por la Corte Suprema, dando vista al Poder Ejecutivo para una eventual elevación al Senado para que preste su acuerdo.
Molea, representante del sector académico en el Consejo, fue contundente ante sus pares en la reunión virtual de la comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial:
“La Corte es muy clara, nos marca una directriz muy clara: se necesita un acto federal complejo para designar jueces”.
La reunión fue presidida por la diputada de Consenso Federal, Camaño, que habló de su incomodidad para inclinarse a uno u otro lado de la llamada "grieta" por encontrarse en la “ancha avenida del medio”, pero no dudó y sin ambigüedades aseguró que “los traslados se hicieron sin respetar el reglamento".
"Nosotros sí tenemos competencia y estamos obligados a convocar a concurso en esos casos”, subrayó, contundente, para disgusto de Tonelli y los consejeros que siguen su línea.
Aclaró también que “jamás pondría" su voto "para poner o sacar a un juez" y explicó que sólo se está "consultando a la Corte sobre el traslado, su opinión respecto a estos diez casos y dándole vista al Ejecutivo”.
La diputada se refería a la interpretación de algunos sectores de la oposición, respaldada por algunos medios, en cuanto a que esta revisión tiene por objeto desplazar jueces federales de los expedientes que investigan casos de presunta corrupción.
Más allá de las interpretaciones,
el Consejo definió en el plenario, por siete votos positivos -incluyendo el de Camaño- contra seis votos por la negativa, que los traslados de Zunilda Niremperger, Juan Manuel Iglesias, Leopoldo Bruglia, Eduardo Farah, Germán Castelli, Esteban Hansen, Pablo Bertuzzi, Federico Villena, Enrique Velázquez y María Skanata “no han completado el procedimiento constitucional”.
A partir de ahora, la Corte deberá expedirse para ratificar el traslado de estos jueces o disponer que el Ejecutivo complete el procedimiento y eleve a consideración del Senado esas designaciones.
