Muy complicado el macrismo, como término para definir a un grupo de ex funcionarios investigados por corrupción, en la causa en la que se investiga un fraude al Estado por entre 500 y USD 1.000 millones en la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018:
procesaron sin prisión preventiva y embargaron por $500 millones a Guillermo Dietrich, se presentó en la indagatoria por Zoom pero se negó a responder preguntas Nicolás Dujovne y la Cámara Federal porteña confirmó al juez Rodolfo Canicoba Corral hasta su jubilación, que se haría efectiva esta semana.
El juez federal
procesó hoy sin preventiva al ex ministro de Transporte por presunta "administración fraudulenta" y lo embargó por $500 millones, en la causa que investiga la renegociación de la concesión de peajes en los accesos Norte y Oeste entre 2016 y 2018 que habría significado un fraude al Estado por entre 500 y USD1.000 millones y beneficios para empresas de la familia del ex presidente
Mauricio Macri.
La resolución se firmó poco antes del inicio de la declaración indagatoria a
Dujovne, quien se presentó al trámite a través de la plataforma remota Zoom, se negó a responder preguntas y entregó un escrito, según Télam. Su situación procesal se resolverá en los próximos días.
Además,
la Cámara Federal porteña confirmó a Canicoba Corral al frente del caso, al rechazar recusaciones por parte de otros dos ex funcionarios del gobierno de Cambiemos ya procesados en la pesquisa, el ex director de Vialidad Nacional
Javier Iguacel y el exprocurador del Tesoro,
Bernardo Saravia Frías.
Canicoba Corral firmó el procesamiento a Dietrich tres días antes de cesar en su cargo, ya que presentó la renuncia con fecha 29 de julio, el miércoles próximo, día en que cumplirá 75 años y dejará la titularidad del Juzgado Federal 6 para jubilarse. En ese momento ese juzgado quedará a cargo desde el jueves del juez federal
Julián Ercolini, sorteado para ocuparse de la subrogancia por al menos un año.
Al procesar a Dietrich, Canicoba Corral sostuvo que
"el encausado cumplía una función pública y como tal, su principal y exclusivo objetivo, debió ser proteger los intereses y las arcas del Estado". El ex ministro había sido indagado el viernes, cuando hizo lo que todos los imputados macrista y entregó un escrito sin contestar preguntas. Ahora quedó ahora procesado como coautor de supuesta "administración fraudulenta".
Según dio por probado el juez,
tanto Dietrich como Iguacel y Saravia Frías habrían actuado "direccionando toda negociación y contratación". Canicoba argumentó que
"los imputados actuaron con intención de perseguir una finalidad: beneficiar a las mencionadas empresas en sus contrataciones, para ello actuaron con desvío de poder, según un interés no administrativo".
De esta forma, se refirió a las firmas beneficiadas con la renegociación de las concesiones viales, Autopistas del Sol SA y Grupo Concesionario Oeste.
Dietrich, "quien al momento de los hechos se desempañaba como ministro de Transporte de la Nación, y que fue quien aprobó y firmó los Acuerdos de Renegociación Contractual del Acceso Norte y Acceso Oeste, tenía bajo su órbita el cuidado de esos bienes e intereses ajenos", agregó.
En la causa se investiga el proceso de renegociación de los contratos, en el marco del cual los exfuncionarios
"tenían la obligación de ajustar las gestiones a los principios generales que rigen toda contratación pública".
Canicoba remarcó que debe hacerse la "salvedad que en este caso los beneficiarios son Mauricio Macri y su familia, quien en ese momento desempeñaba el máximo cargo del Poder Ejecutivo de la Nación".
La firma de los acuerdos "permitió mediante la aplicación de cláusulas leoninas, prorrogar por diez años más una concesión de un servicio público, mediante una modalidad casi de contratación directa, sin para ello siquiera reunir informes técnicos y financieros o documentación respaldatoria que demuestren que las empresas beneficiadas, habían cumplido con las obligaciones contraídas, en tiempo y forma", concluyó el juez.
Además se reconocieron a las empresas sumas multimillonarias por inversiones, en un "complejo engranaje de maniobras que arribaron en la firma de un acuerdo de renegociación que a todas luces tuvo como única motivación, los intereses particulares de las empresas concesionarias intervinientes (entre las que se encontraba la firma Sideco Americana SA" en la cual el entonces presidente Mauricio Macri "y su familia tenían acciones".
Paralelamente, el juez de la Cámara Federal porteña Martín Irurzun rechazó apartar del caso al magistrado, como habían pedido las defensas de Iguacel y Saravia Frías, al cuestionar sus declaraciones periodísticas tras presentar la renuncia al cargo y por supuesto temor de parcialidad.
"Cualquier consideración sobre la naturaleza política de los comentarios que realizó el magistrado al presentar su renuncia -y declarar públicamente sobre ello-, es ajena a este ámbito judicial y a la discusión que debo definir", analizó Irurzun.
Agregó que "aquí lo relevante pasa por determinar si en línea con la crítica que se esgrimió, de aquellas manifestaciones surgen extremos que lleven a sostener justificadamente animosidad contra los imputados o un temor de parcialidad sobre su actuación en este caso concreto", dijo y concluyó que "la respuesta es negativa". Al presentar su renuncia, Canicoba aludió al "hostigamiento" que sufrió en los cuatro años de gobierno de Macri.
