Finalmente y poco más de una semana antes de que venciera el original, el Gobierno de Alberto Fernández publicó un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en el que se prorroga la prohibición de efectuar despidos sin justa causa, y por las causales de falta o disminución de trabajo y fuerza mayor, por el plazo de 60 días.
Obviamente y como sostiene el documento, la decisión tiene que ver con "la crisis económica en que se encontraba el país" que "se vio agravada por el brote de Coronavirus". Es así que, agrega el decreto, "por la ley 27.541 se declaró la emergencia pública en materia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social".
El decreto extiende el original de fines de marzo, que vencía el 31 de julio. Si bien el Ejecutivo prepara medidas que estimulen la reactivación incipiente en la actividad, el gabinete económico reconoció que muchas empresas aún mantienen niveles bajos de actividad, para las que les mantendrán los préstamos blandos con financiamiento estatal. Para acompañar la recuperación también pagarán el programa de asistencia al trabajo y la producción (ATP) por cuarto mes consecutivo.
También se prorrogó la "prohibición de efectuar suspensiones por las causales de fuerza mayor o falta o disminusión de trabajo por el plazo de 60 (sesenta) días". No obstante, siguen "exceptuadas" de esta medida "las suspensiones efectuadas en los términos del artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo".
