Aunque los dirigentes de Juntos por el Cambio y los medios de comunicación alineados con ese sector de la oposición intentan mostrar pericia argumentativa y defensa de los intereses republicanos, a veces, en ciertos planteos que presentan, parecen no ajustarse a ninguno de esos dos valores y posturas. O más bien todo lo contrario.
Es el caso de la idea de revisar los traspasos de jueces y el cumplimiento o incumplimiento de la ley que estos movimientos hubieran implicado que surgió en el Consejo de la Magistratura y que, según el macrismo, significa un "embate contra la Justicia Independiente".
Se trata de la iniciativa que recayó en el representante del Poder Ejecutivo en ese organismo,
Gerónimo Ustarroz, para hacer una presentación en la que se promueve la revisión del traslado de diez jueces, la mayoría de ellos realizados durante el macrismo, que luego se convirtió en un debate mediático y será una discusión aún más potente en el Consejo, donde oficialismo y oposición tienen un empate que definiría la diputada
Graciela Camaño, titular de la comisión que debe tratar el tema. El tema se trataría el jueves próximo en la Comisión de Selección.
Lógicamente y sin colocar el plano de la discusión en si se respetó o no la ley y la Constitución en cada traslado, el diputado del PRO y consejero
Pablo Tonelli calificó al debate e iniciativa de “un embate contra la justicia independiente”, y dijo que contestará los cuestionamientos a los traslados que se hicieron durante el macrismo.
“Voy a hacer esta semana una presentación en el Consejo para contestar el planteo de Ustarroz", dijo Tonelli a Infobae. Y agregó, mezclando cuestiones no relacionadas:
"El planteo es uno más de los embates contra la justicia independiente que está llevando adelante el oficialismo. No es casual que al mismo tiempo se conocía la idea del juicio política al Procurador General Eduardo Casal. Son acciones que se suman a otras anteriores que es controlar a la justicia independiente y ser cómplice con los funcionarios k procesados”.
A la hora de hablar de los traslados que se hicieron durante la gestión del macrismo, Tonelli aseguró: “Los traslados se ajustan a las pautas de las acordadas de la Corte Suprema. Si alguien creyera que hay algo irregular, la única manera de dar marcha atrás es hacer un planteo judicial y solo se pueden dejar sin efecto de esa manera porque son decisiones firmes que fueron tomadas por el Poder Ejecutivo, son actos administrativos que han generado efectos”.
Una de las ideas era firmar nuevos decretos derogando esos actos, pero a criterio de Tonelli, por supuesto, esa opción tampoco sería válida.
POR QUÉ ES CORRECTA LA REVISIÓN Y NO HAY "EMBATE"
En primer lugar, la decisión de revisar los traslados de jueces no fue impulsada por propia iniciativa del representante del Gobierno en la Magistratura. Tampoco Ustarroz revisará esta cuestión, sino que realizó un informe objetivo, que eventualmente será discutida en el Consejo por sus integrantes. Además, esta información no la reveló y confirmó un consejero oficialista, sino que lo hizo Camaño, que no milita en las filas kirchneristas ni macristas.
La diputada nacional consignó que existen "pedidos de traslados de jueces y no hay una norma clara”, más allá de los dos fallos de la Corte Suprema. Y afirmó: “En algunos hay excesos que cometió el Consejo.
Decidieron los consejeros. No es que un día se levanto Ustarroz y mandó un aporte literario al Consejo. Los consejeros le pidieron (a Ustarroz) que como él proviene del Ejecutivo haga un informe de cómo estaban los traspaso. Lo que hizo Ustarroz es presentar el informe. Lo que vamos a hacer en el Consejo es empezar a discutir”.
En segundo lugar, cabe destacar que Ustarroz no elaboró un informe con criterios subjetivos ni solamente se enfocó en los últimos cuatro años, de gobierno de Mauricio Macri. Todo lo contrario: se confeccionó un documento acerca de los traslados de los últimos 20 años y, además, bajo tres categorías objetivas.
Para que se produzca de modo legal el traslado de un juez, se debe cumplir con una serie de requisitos. Según el actual oficialismo, el macrismo usó esa práctica para conformar tribunales de “lawfare”. Pero la polémica sobre cómo se realizaron esos movimientos no inició en 2015.
Por eso, ante el pedido del Consejo, Ustarroz confeccionó un listado de todos los magistrados que fueron traslados durante los últimos 20 años y los distribuyó en tres categorías:
en primer lugar, los que cumplieron todos los requisitos; en segunda instancia, los que no cumplieron algún requisito pero no se violentó la Constitución (dificultades "menores", como no tener los 4 años de antiguedad en el cargo, por ejemplo) y los que no cumplieron los requisitos y violentaron la Constitución, situación más grave.
El núcleo del reclamo del macrismo es que esa lista ubica que este tipo de traslados mal realizados fue principalmente ejecutada por la gestión Cambiemos y, casual o causalmente, pone en la mira a jueces que tomaron decisiones trascendentales contra el kirchnerismo. Hay dos magistrados de la Cámara Federal que tomaron determinaciones coincidentes con los intereses PRO, como
Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, que confirmaron procesamientos contra
Cristina Kirchner; a
Germán Castelli, que integra el tribunal oral que tiene la causa de los cuadernos; y tres jueces que revisan cuestiones electorales. También figura
Federico Villena, el magistrado que hasta hace unas semanas tenía la causa por el llamado “espionaje M”; y de
Eduardo Farah, quien estuvo en la Cámara Federal de Comodoro Py y pidió su salida luego de firmar un fallo que liberó momentáneamente a los empresarios
Cristóbal Lopez y Fabián De Sousa -causa hoy muy cuestionada- y ser apretado públicamente por el propio Macri.
Por ejemplo, en marzo de 2018, cuando Cambiemos había afianzado su lógica judicial, el Consejo aprobó el traslado de Bruglia por el perseguido y destituido camarista Eduardo Freiler del Tribunal Oral Federal 4 a la Sala 1 de la Cámara criminal y correccional federal, lugar estratégico por la revisión de las decisiones de los jueces de Comodoro Py en causas de corrupción de funcionarios públicos.
En el caso de Bertuzzi, fue trasladado del TOF 4 de la Ciudadl a la Cámara Federal. En el caso de Farah, tras las presiones pasó desde el Tribunal Oral en lo Penal Económico N°1 al Tribunal Oral en lo Criminal Federal N°3 de San Martín. Así, la sala 1 de la cámara federal porteña está compuesta por los "trasladados" Bertuzzi y Bruglia, al que se suma Mariano Llorens, también nuevo.
Luego, ya en noviembre de 2019, se decidió un nuevo reglamento tras la polémica por la composición previa del Consejo para los traslados de jueces que nunca se había realizado de esta forma.
El tercer elemento es casi un mea culpa: Tonelli admitió que durante el gobierno de Macri los traslados de los jueces “fueron dispuestos por el Poder Ejecutivo”, cosa que ocurrió muy eventualmente en otros mandatos. Para matizar el desliz, aseguró que “son actos administrativos firmes que solo pueden ser dejados sin efecto con una ley, o con una sentencia judicial que los declare inválidos”.
El presidente del Consejo,
Alberto Lugones, señaló que uno de los próximos pasos que podría dar el organismo en relación a estos jueces designados a través de traslados podría ser "manifestar al Poder Ejecutivo que el Consejo entiende que estaría faltando el acuerdo del Senado".
"La otra cosa que podría hacerse -explicó- es elevar una consulta a la Corte, para ver si reitera lo que dijo en una acordada en 2018, cuando manifestó que no podían considerarse jueces efectivos lo que no tenían acuerdo del Senado". Asimismo, reafirmó lo que dijo Camaño al aclarar que en los casos de los magistrados designados por traslados "hay algunos que cumplieron los reglamentos del traslado, otros cumplieron algunos requisitos y un grupo no cumplió ningún requisito".
Camaño, quien definiría la situación de empate entre oficialismo y oposición, dijo que no va a adelantar su voto pero cuestionó esas decisiones que tomó el Consejo de la Magistratura durante el gobierno anterior. Y, ante las acusaciones de representantes de Juntos por el Cambio, aclaró: “Acá no vamos a hacer nada para favorecer a nadie. No soy macrista ni kirchnerista. No están aliados con mi presidencia para meter jueces amigos. Estamos intentando tener reglas claras”.
