No son todas "marchas" en contra de la "expropiación", en defensa de "la propiedad privada" y esloganes similares, como pretenden construir Juntos por el Cambio y los medios opositores en la agenda pública. Es el caso de lo que ocurrió hoy en Rosario, cuando
organizaciones sindicales, políticas y sociales se movilizaron en caravana en Rosario en defensa de los puestos laborales de la empresa Vicentin y en apoyo a la intervención del gobierno de Alberto Fernández en la compañía.
Los representantes de
más de 30 organizaciones comenzaron la jornada coordinada por el Sindicato de Aceiteros local con una concentración en la plaza San Martín, ubicada frente a la sede gubernamental de Rosario.
"Esta jornada de lucha se da en el marco de un 'ruidazo' nacional convocado por los compañeros de Vicentin en (la localidad santafesina de) Avellaneda", dijo a Télam, Marco Pozzi, del sindicato local de aceiteros.
EL dirigente sindical agregó que "es fundamental que se asegure la continuidad laboral de todos los trabajadores de Vicentin y acompañar la intervención, que permitiría al Estado tener una empresa testigo para fijar los precios de la canasta básica de alimentos en búsqueda de la soberanía alimentaria, y apoyar también a los pequeños productores comunitarios o barriales".
Además, insistió con el reclamo gremial de que
"se investigue el 'toco de guita' que se llevaron los dueños de Vicentin en la última etapa del macrismo, que fue acompañada por el despido de unos 50 trabajadores".
Es que mientras la justicia comercial de Santa Fe todavía pulsea a favor de la empresa, ayer, en un exhaustivo escrito en el que detalla las maniobras que resultaron en "graves delitos" en perjuicio del Banco Nación por "créditos millonarios en dólares irregularmente otorgados a Vicentin SA",
el fiscal federal Gerardo Pollicita solicitó la inhibición general de bienes del ex presidente y el vice de la entidad, Javier González Fraga y Lucas Llach, y el resto del Directorio de la entidad en el año 2019, además de ocho funcionarios de nivel gerencial del mismo banco.
La misma medida requirió para ocho directores de Vicentin, entre ellos sus actuales presidente y vice (Daniel Buyatti y Alberto Macua), y del CEO, Sergio Nardelli. El pedido de inhibición también alcanza al patrimonio de Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, del mismo grupo empresario.
Los hechos que relata y detalla en una presentación de 79 carillas describe cómo,
a lo largo del año 2019, las autoridades del Banco Nación permitieron el otorgamiento de créditos por hasta 300 millones de dólares a Vicentin SA, sabiendo que la empresa ya había empezado a incumplir con sus pagos a partir del mes de agosto, y pese a que el monto de la deuda excedía los máximos autorizados por el Banco Central para un solo cliente.
En cuanto a la caravana a favor de la intervención, los manifestantes se dirigieron a la Terminal del Puerto Rosario exhibiendo banderas y consignas en una caravana de unas siete cuadras y terminaron en el Monumento Nacional a la Bandera.
"El 9 de julio de 1816 fue proclamada la independencia de Argentina en Tucumán y no es casual que nos encontremos hoy acá defendiendo los valores de la libertad, la igualdad, la independencia y la soberanía", expresaron los dirigentes en un documento conjunto que hicieron público en el acto.
Los manifestantes agregaron que se decidió "culminar la caravana y hacer el acto en el Monumento porque tiene una gran fuerza simbólica".
El documento resaltó que
"la familia Vicentin ocupa el puesto 26 entre las 50 familias más ricas de Argentina, con una fortuna de 560 millones de dólares" y expresó su "respaldo" a la intervención oficial en la empresa.
"Saludamos el hecho de que el Estado intervenga con una empresa testigo en el mercado de carne y de granos, un sector estratégico en la economía nacional que, al día de la fecha, se encuentra mayormente extranjerizado", añadió la misiva conjunta.
