La pandemia del coronavirus, además de la crisis sanitaria que se intenta morigerar con el endurecimiento de la cuarentena y el incremento de testeos, rastreo y seguimiento de casos, tiene un efecto que no sólo es grave sino que se extenderá fuertemente incluso cuando la enfermedad quede parcialmente superada:
la crisis económica y social que golpea principamente a los sectores más vulnerables, pero que no demorará (o ya no demora) en alcanzar a grupos de ingresos medios y medios altos.
Para eso, el presidente
Alberto Fernández instruyó al ministro de Desarrollo Social,
Daniel Arroyo, a elaborar un
plan que no escatime en los recursos necesarios y que, a la vez, sea sustentable. Ese programa, que el propio mandatario sugirió en varias entrevistas periodísticas, ya fue explicitado por el funcionario y
tiene tres patas centrales: convertir planes sociales en trabajo genuino y así empujar la recuperación, la creación de un ingreso universal y la urbanización de asentamientos y villas.
En primer lugar, hoy Arroyo diferenció las condiciones en llega el país a la salida de pandemia de aquellas que golpearon duro a los más vulnerables con el fracaso del gobierno de La Alianza: "La crisis de 2001 nos enseñó mucho. En la Argentina el 2001 generó un mejor Estado y una mejor sociedad. Esto es distinto, lo que pasa ahora es que a mucha gente le bajó a cero el ingreso, eso no pasó en 2001, pero ahora hay mucha red social. Esto nos va a permitir salir por el lado del trabajo, con mucho esfuerzo".
¿Cuál es el camino, mejor allanado ahora que hace 20 años, que planea el Gobierno para después del coronavirus?
La primera pata, que Arroyo ya tenía en gatera pero quedó pospuesta por la pandemia, que prevén desde el Ministerio para avanzar en la recuperación es que el trabajo ayude a la recuperación. Esto es, en concreto,
que los plantes sociales se reconviertan en trabajo genuino principalmente a partir de cinco áreas que liderarán el proceso y hoy el funcionario enumeró en diálogo con radio Mitre.
Se trata la
construcción, la producción de alimentos, la industria textil, la economía del cuidado y el reciclado, los procesos sustentables y el comercio popular. "En estos sectores es que vemos la salida", definió.
Hace 10 días, el gobierno nacional anunció la salida a la cancha del programa
Potenciar Trabajo. Se trata de una medida que unifica los programas Hacemos Futuro y el Salario Social Complementario. Con esa iniciativa, se busca simplificar aquello que reviste características complejas innecesarias y reconvertir los planes sociales en trabajo formal.
Con Potenciar Trabajo se pretende alcanzar a unas 300 mil personas, en una primera etapa, para luego incrementar la medida y llegar a casi 600 mil trabajadores en todo el territorio nacional. Se dedicarán a las actividades y sectores que hoy Arroyo señaló como los vectores de la "salida". El sueldo que percibirán, en blanco, será equivalente a un salario mínimo vital y móvil. La inversión calculada, que se disparará a través del ministerio de Desarrollo Social, ronda los $20.000 millones.
El programa comenzará a implementarse inicialmente en seis provincias, tal como se anunció: Santa Fe, San Juan, La Rioja, Tucumán, Catamarca y Entre Ríos. El presidente Fernández, de hecho, ya firmó esos acuerdos con los gobernadores en sus visitas a las provincias, previamente a la recomendación de quedarse en Olivos.
La segunda pata del plan de salida, según afirmó Arroyo, estará en los ingresos y en lo que el Gobierno ya se encuentra en plena planificación para establecer como "un ingreso universal".
Desde la vez del Presidente hasta la de varios funcionarios ya se pronunciaron y oficializaron la discusión, que excede a la Argentina y es mundial. La semana pasada, Alberto dijo en más de una entrevista que quiere ir hacia la implementación de un ingreso universal, algo a lo que definició como "muy interesante".
Fernanda Raverta, titular de ANSES, confirmó que el Gobierno trabaja en el diseño. La flamante Defensora Nacional de los derechos de Niñas Niños y Adolescentes,
Marisa Graham, propuso unificar los distintos ingresos que perciben los chicos y crear un ingreso único para esa franja etaria. Arroyo discutió variantes de esta política en la
UCA y coincidió allí con el ex presidente
Eduardo Duhalde, no sólo físicamente sino también en la necesidad de esta medida. La
Iglesia reclama lo mismo.
Las discusiones internas acerca de cómo pagarlo, a quién debería alcanzar un ingreso universal y otros factores ya están en marcha y en diálogo con miradas extra gobierno. Las miradas van desde si se establece un ingreso mínimo como piso de derecho básico o si debería abordarse -tal vez con el ojo en las futuras críticas de los sectores más conservadores de la opinión pública, los medios y la oposición- condicionado a una contraprestación laboral.
Otro foco es a qué sectores tiene que llegar, si se instrumentaría por familia o por adulto, o si podría implementarse como extensión o complemento de la AUH y estar así más ligado a la pobreza infantil (mirada asociable al planteo de Graham),. En carpeta está también tomar la experiencia del IFE e ir a partir de ella a que el corte sea en los sectores con mayores vulnerabilidades. Tal vez una combinación de ambas.
La tercera y última pata son las villas y asentamientos, y en este caso también se trataba de una idea de Arroyo previa a la pandemia, en línea con Fernández y otras carteras vinculadas a la obra pública. "La tercera parte serán los barrios vulnerables, donde hay mucha gente en poco espacio. Debemos urbanizar estos asentamientos. La urbanización es un derecho y también un movimiento económico, significa mucha gente trabajando", explicó el ministro de Desarrollo Social.
Un ejemplo claro de esto se vio con el primer barrio vulnerable que tuvo un foco fuerte de coronavirus, que luego se pudo contener:
Villa Azul, en la frontera entre Quilmes y Avellaneda. Allí, la pandemia golpeó muchísimo más duro del lado más vulnerable, el quilmeño, y desnudó cómo la política puede costar hasta vidas.
Mientras que en Avellaneda
Jorge Ferraresi inició la urbanización con fondos y recursos nacionales y provinciales durante los gobiernos de
Cristina Fernández de Kirchner y Daniel Scioli, luego tuvo que culminar los trabajos con dinero municipal cuando
Mauricio Macri y María Eugenia Vidal paralizaron las obras y dejaron a los vecinos sin lo prometido. El jefe comunal cumplió y entregó el barrio y las viviendas concluidas.
No pasó lo mismo en Quilmes. Los trabajos de urbanización empezaron con CFK, Scioli y Francisco Gutiérrez en la intendencia, pero con la paralización de Macri y Vidal, el ex cocinero y dirigente PRO
Martiniano Molina siguió el camino de su espacio político y dejó a Villa Azul sin concluir las obras. Esto fue expuesto por la actual intendenta quilmeña,
Mayra Mendoza.
Ahora la idea es urbanizar todos los barrios vulnerables en que ocurrió lo mismo en el conurbano bonaerense y el resto del país, y con eso no sólo generar mejores condiciones de vida sino también formalizar trabajo.
