El escándalo derivó, como debía ser, en una causa penal:
el fiscal federal Federico Delgado presentó ayer una denuncia para que se investigue por “presunta protección de evasores” a los funcionarios de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFP) del gobierno de Mauricio Macri, tras conocerse supo desde septiembre de 2017 sobre la existencia de 950 cuentas no declaradas en el exterior por un monto total de USD2.600 millones.
Delgado, un fiscal que investigó supuestos casos de corrupción de ambos lados de la "grieta", radicó la denuncia penal para que se investigue a las anteriores autoridades de la AFIP por esconder a los casi cien evasores locales cuyos datos sobre cuentas en el exterior remitió a la Argentina hace casi tres años la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Según el funcionario judicial, existen los indicios preliminares suficientes para concluir que debe iniciarse una investigación penal. Tras recibir una denuncia en su fiscalía y completar una primera indagación sobre los datos volcados, Delgado remitió el material a sorteo para evitar así cualquier planteo de nulidad en su contra por "fórum shopping".
La investigación de la denuncia presentada por Delgado se llevará a cabo en el juzgado federal a cargo de la jueza María Eugenia Capuchetti, según informó la agencia oficial de noticias Télam.
Por el momento, desde el entorno del último titular de la AFIP durante el gobierno de Cambiemos,
Leandro Cuccioli, negaron haber escondido contribuyentes evasores con argumentos que, en el mejor de los casos, exponen su incapacidad.
"Verificar las identidades y determinar la situación tributaria de cada potencial contribuyente lleva tiempo. Al concluir la gestión explicitamos hasta dónde se había avanzado en un informe que se entregó a las nuevas autoridades", se excusaron con La Nación, y agregaron que
"se trata del fisco procesando datos en sus tiempos habituales; todo lo demás es una chicana política, sea para promover el impuesto 'a la riqueza' o en su afán por perseguir a alguien".
El fiscal federal realizó la presentación luego de llevar adelante una investigación preliminar tras recibir una denuncia presentada por
Jorge Gaggero, derivados de la sospecha de un delito de acción pública.
Gaggero, a fines de abril pasado, solicitó una investigación sobre la base de sus conocimientos tributarios, ex director del Cefid-ar y de una nota periodística publicada por el diario Tiempo Argentino.
Delgado señaló que de la prueba recolectada surge, a grosso modo, “que la cadena de custodia no se respetó y que no se sabe muy bien aún que pasó en el hiato que separa la recepción de las cuentas y la asunción de las nuevas autoridades” concretada el 10 de diciembre pasado.
“Basta citar para ello, dos párrafos de cuanto expresó el Señor Subdirector General de Operaciones de Grandes Contribuyentes Nacionales de la Dirección General Impositiva, Mariano Eloy Abbruzzese. Puntualmente afirmó que lo que ocurrió ´resiente la capacidad de esta subdirección de garantizar que el universo total de casos sea el que se informa y como fue con precisión la cadena de custodia de dicha información`”, citó el fiscal federal a modo de fundamentación.
Por eso, sostuvo: “Se impone, entonces, judicializar esta investigación preliminar. Con el alcance propio de este tipo de expediente tan incipiente, es evidente que nos enfrentamos a incumplimientos funcionales, encubrimientos, adulteración de información, posibles complicidades de funcionarios públicos con sujetos obligados y eventualmente con hechos que podrían alterar el blanqueo de capitales previsto en la ley 27260”.
“Por elementales razones de prudencia no indicamos a quienes, en principio, resultan los imputados más claros porque las situaciones son múltiples y hacerlo ahora implicaría reducir cuestiones que son complejas; sobre todo, en los espacios intermedios de la burocracia. Dicha labor, además, corresponde al Señor juez y al Señor fiscal que finalmente conozcan en los hechos”, agregó el fiscal federal.
La información que recibió de parte de la AFIP en el último mes especifica que “se está desarrollando un análisis integral de toda la información suministrada por la OCDE por los períodos no prescriptos y que, como consecuencia de ello, en una primera etapa, se ordenó en el mes de abril del corriente año la investigación de las cuentas con mayor interés fiscal comprometido con respecto a la información recibida en septiembre de 2018 -periodo fiscal 2017- y la información recibida en septiembre de 2017 -periodo fiscal 2016-“.
En la presentación se especifica que el total de los casos investigados Son 598 en el área de Direcciones Regionales Metropolitanas; 222 en el área de Direcciones Regionales del Interior; 118 en el área de la Dirección de Análisis de Fiscalización Especializada y 22 en el área de Dirección de Fiscalización de Grandes Contribuyentes Nacionales de la AFIP, lo que arroja un total de 960 casos investigados.
