Mientras se determinan a nivel nacional los detalles acerca de cómo será la próxima fase del aislamiento social, preventivo y obligatorio,
en la provincia de Tierra del Fuego hay temor por el anuncio oficial y una resolución que comienza a habilitar el despligue de una app para vigilar a la gente cuando sale para trabajar y hacer compras durante la cuarentena.
Hace unos días, la ministra de Gobierno fueguina,
Adriana Chaperón, explicó que cada ciudadano tendrá que bajar la aplicación móvil en su celular y cargar allí sus datos personales. “Con ello se encenderá un código QR en color verde, que significa habilitado para salir, y comenzará a correr el tiempo para realizar la compra. La policía escaneará el código en cada control para verificar que todo esté en orden. Si el horario se cumple, el código se pondrá rojo y la persona quedará inhabilitada para circular”, detalló a Télam.
“Quiere decir que las personas dispondrán de dos veces por semana para salir a realizar las compras, y en cada caso tendrán tres horas para hacerlo. Teniendo en cuenta las características de las ciudades de la provincia y las distancias a los supermercados, tres horas es más que suficiente”, afirmó la ministra de la gestión de
Gustavo Melella.
En relación a la app, señaló que solo faltan detalles técnicos sobre las tiendas virtuales de las que podrá descargarse: “Ya tenemos la habilitación para el sistema Android y nos falta para los teléfonos de Apple”, indicó.
Una
resolución del 20 de abril habilitó la futura implementación de la medida. Según el texto oficial referido a
"la movilización del personal hacia el lugar de trabajo o regreso al hogar", las autorizaciones y documentación del empleador y el empleado "podrán ser complementadas o sustituidas por autorización vía app o la que el Gobierno de la Provincia implemente".
Ante esta situación, diversos usuarios de redes sociales expresaron su temor y cuestionaron, entre otras cosas, que "aunque en Tierra del Fuego no hay ley de Código abierto deben publicar el código para que sea auditado", e incluso hubo cuestionamientos de los colegios de abogados del distrito.
Dede la gestión de Melella defendieron la medida, negaron que tuviera como propósito el control social y que vaya a ser obligatoria y sostuvieron que tiene como "prioridad" cuidar la salud.
