Tras la denuncia de maniobras dilatorias,
finalmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación quedó en una encerrona que la llevó a habilitar la feria judicial extraordinaria que tiene como propósito analizar el pedido de "aclaración declarativa de certeza" sobre la constitucionalidad de eventuales sesiones remotas en el Congreso Nacional, solicitado por la vicepresidenta Cristina Fernández Kirchner, con el acuerdo del titular de la Cámara baja, Sergio Massa.
El presidente del máximo tribunal,
Carlos Rosenkrantz, quien sigue a cargo del trabajo de la CSJN durante la pandemia, puso en marcha el mecanismo de consulta previo y
pidió su opinión a la Procuración General de la Nación, para que en un plazo de 48 horas emita un dictamen al respecto.
En este punto, algunas alarmas de los pasillos de tribunales y del entorno de la ex presidenta se encendieron, teniendo en cuenta que
el procurador es Eduardo Casal, hombre nombrado de manera interina por el ex presidente Mauricio Macri y que ofició durante los cuatro años de administración de Cambiemos como articulador de los fiscales y las polémicas de esos funcionarios judiciales.
Ejemplos de esto fueron la decisión que tomó al remover al fiscal que tenía a su cargo la causa Correo Argentino, o sus intentos de protección a
Carlos Stornelli en el marco del expediente en que se lo investiga como parte de una red de espionaje ilegal y extorsiones.
"Dese vista a la procuración general de la Nación para que el término de 48 horas que comenzarán a correr desde la recepción de la presente -sin computar sábado y domingo- acompañe su dictamen", señala el segundo párrafo de la resolución firmada por Rosenkrantz, quien recibió el miércoles el pedido de Graciana Peñafort, directora de asuntos jurídicos del Senado.
Si bien Casal es un fiscal de carrera, asumió como jefe de sus colegas en 2017 ante la renuncia operada de Alejandra Gils Carbó, quien había sido nombrada por Cristina en 2012 y soportó dos años la presión de Macri para abandonar el cargo. Cedió después del triunfo electoral de Cambiemos en las elecciones legislativas.
Macri envió el pliego de Inés Weinberg de Roca al Senado, que el peronismo nunca trató mientras tampoco Cambiemos presionaba, ya que Casal trabajaba desde la Procuración en pos de sus intereses.
La consulta fue elevada el martes pasado por la vicepresidenta y titular del Senado para despejar cualquier cuestionamiento de legalidad ante la posibilidad de que el Congreso Nacional sesione y apruebe normas de funcionamiento de manera remota. La consulta de la expresidenta busca liberar el camino para la aprobación del proyecto de ley del oficialismo que contempla un impuesto extraordinario a la riqueza .
"La certeza que se requiere solo podrá darla la intervención eficaz y expeditiva de esta Corte Suprema en cuanto ella se expida de modo concluyente y que despeje toda duda o incertidumbre respecto a la constitucionalidad del trámite a adoptarse por parte del Honorable Senado de la Nación para el tratamiento de las leyes cuya sanción requiere de modo inmediato el futuro de la Nación Argentina", sostiene el texto presentado por la responsable legal del Senado, Graciana Peñafort, al que adhirió la Cámara baja.
En su presentación, Peñafort incorporó una nota y una tapa del diario Clarín, en las que se criticó el uso de los DNU, por parte del presidente Alberto Fernández. Según la responsable legal del Senado esas notas anticipan el hostigamiento y las formas que utilizarán los poderosos, a través de cautelares y otros planteos judiciales, para bloquear las iniciativas legislativas, en caso de que la Corte no emita la "aclaración declarativa de certeza".
Por su parte, el titular de la Cámara baja acompañó el pedido y consideró: "Las sesiones remotas son un hecho que tiene que ver con la cuarentena, pero también un cambio de paradigma que tiene que vivir la democracia, que es la incorporación de tecnología. Es muy importante que la Corte se exprese sobre la validez y nos dé certeza".
Ayer, Peñafort expresó lo que pensaba CFK: que Rosenkrantz estaba frenando su planteo para que la Corte dé garantías sobre la constitucionalidad de que el Congreso sesione por teleconferencia, lo que habilitaría el tratamiento del impuesto a las grandes fortunas que impulsa su hijo Máximo Kirchner y el propio Presidente.
Tal como denunció la directora general de Asuntos Jurídicos del Senado, el máximo tribunal había suspendido una reunión programa tras conocerse el pedido de Cristina, lo que dejaba expuesta una intencionalidad de evitar el tratamiento de la titular de la Cámara alta.
"Cuando fijaron el acuerdo para hacer reuniones virtuales los jueves, ellos no sabían que íbamos a hacer la presentación. El miércoles a última hora se suspendió para no tener que tratar la declarativa de certeza que había presentado el Senado", explicó Peñafort en un extenso hilo de Twitter.
