Malas noticias para Cambiemos, ya que una de las pocas dirigentes de la primera plana de su gestión nacional que no tenía problemas judiciales ahora sí los tiene:
la fiscal federal Paloma Ochoa imputó a la ex vicepresidenta Gabriela Michetti por supuestas irregularidades en contrataciones efectuadas para realizar obras de calefacción en el Senado de la Nación, en el marco de una denuncia en la que se asegura que pagó a una empresa una suma multimillonaria para esos trabajos pero nunca fueron concluidos.
Así, la fiscal impulsó la investigación ante el juez federal
Marcelo Martínez De Giorgi y dio curso a un expediente. También quedaron imputados el ex secretario administrativo del Senado,
Helio Rebot, y el presidente de la empresa adjudicataria de las obras Dinale SA,
Germán De Vincenzo.
Junto con el impulso de la investigación,
Ochoa solicitó varias medidas de prueba, algunas de las tendientes a tener la documentación relacionada con las licitaciones por las obras encaradas en la Cámara Alta.
La funcionaria elegida por
Cristina Fernández de Kirchner y directora general de Asuntos Jurídicos del Senado,
Graciana Peñafort, había presentado la denuncia recientemente al dar cuenta de la
"existencia de serias deficiencias e irregularidades tanto en el trámite de la licitación como en el proceso de ejecución de las obras en cuestión" .
Según la operación, se evidencia "un estado de desplazamiento" en instalaciones muebles y inmuebles del Senado y presentó la denuncia luego de analizar la cuya licitación, adjudicación y ejecución de obras entre 2018 y 2019.
Concretamente,
la sospecha está en tres obras "de magnitud" que fueron adjudicadas a la firma Dinale SA, que -según la denuncia- "ni siquiera se encontró inscripta dentro del registro de proveedores del Senado de la Nación y que no siempre había formulado la mejor oferta en el marco de las distintas licitaciones ".
Entre las obras denunciadas, figuran la readecuación del tablero principal de distribución de baja tensión, sus celdas y llaves de salida del edificio anexo Alfredo Palacios; la reestructuración de las vías de escape, contra incendios, pleno de escalera y nuevo ascensor, Sector Solís; y la readecuación y puesta en valor de terrazas, patios, contrafrente y circulación en el edificio anexo Alfredo Palacios.
Según la denuncia del espacio que conduce la actual vicepresidenta, el pago por las obras fue de $180 millones a la empresa que en algunos casos no terminó los trabajos.
En la presentación se indicó también que se verificaron otrogamientos “excepcionales” de anticipos de obra “por fuera de la normativa aplicable al caso sin motivación alguna” y que, además, una vez otorgados no fueron descontados conforme a los avances de obra certificados ante la administración que “continuó efectuando pagos por sobre los adelantos irregulares”.
Además se destacó que las obras fueron adjudicadas a una empresa
“cuya mayor trayectoria profesional se ha dado en el ámbito de la Provincia de Santa Fe y ni siquiera se encontraba inscripta en el registro de proveedores” del Senado.
