Hay avances en
una de las causas que más pesadillas genera a Mauricio Macri de todas -varias- las que tiene en Comodoro Py en el marco de la presunta corrupción que hubo durante su gobierno:
el juzgado de Rodolfo Canicoba Corral impulsa uno de los expedientes más comprometedores para el ex presidente y sus funcionarios y, en ese sentido, fue citada a declarar una nueva testigo que podría complicar más al ex Jefe de Estado y, a la vez, los investigadores solicitaron documentación a la IGJ en busca de nuevas pistas.
Según la información que reveló Página 12,
el miércoles a las 10:30 deberá declarar como testigo la ex Directora Nacional de Asuntos y Controversias Internacionales de la Procuración del Tesoro, Silvina González Napolitano. Se trata nada más y nada menos que de
la abogada que estuvo a cargo del trámite por la demanda que la concesionaria le había hecho a la Argentina ante el CIADI, por supuestos atrasos tarifarios.
Es que de acuerdo a una denuncia de diputados del FpV-PJ, Autopistas del Sol, la empresa que tiene la concesión de la Panamericana, presentó un recurso ante el tribunal internacional del Banco Mundial (CIADI) para exigirle al Estado nacional un resarcimiento de USD 1.100 millones por presuntos atrasos tarifarios. Cuando Macri llegó al poder,
Guillermo Dietrich, desde el Ministerio de Transporte, aceptó pagarle a esa empresa del Grupo Macri USD 499 millones para resarcirla, pero con el objetivo de sacar provecho del conflicto internacional para renovar el contrato de los peaje y sacar ganancias de ello.
Del material surgido del expediente armado por la interventora de Ausol, se constataba que la demanda del CIADI era una trampa al fisco en la que la firma buscaba quedarse con la renovación de la concesión y antes cobrarse los 499 millones.
Canicoba Corral debe determinar si hubo negociaciones incompatibles y fraude al Estado con la prórroga del contrato y la entrega de los 500 millones de dólares a la concesionaria de la Panamericana, cuya accionista era Socma, empresa de la familia Macri.
El objetivo de la testimonial a González Napolitano es profundizar en una de las patas de la pesquisa, que apunta a determinar las condiciones en que el macrismo decidió reconocerle a Ausol la suma de 500 millones de dólares en calidad de inversiones no amortizadas.
Abertis -la controlante española- se había presentado ante el árbitro dependiente del Banco Mundial con un reclamo de mil cien millones de dólares. Sin embargo, en tiempo récord y sin una sola audiencia, Dietrich anunció como un gran triunfo que la firma retiraba la denuncia. A cambio, el Estado le daba los 500 millones. Ocurre que esa suma sideral no tenía ningún tipo de justificativo, según dijo en su momento en una auditoría interna y luego en la causa bajo juramento el ex titular del Órgano de Control de las Concesiones Viales,
Gustavo Gentili.
Según argumentaron,
Ausol había incumplido gran parte del contrato y había sido multada en numerosas oportunidades. Incluso hasta fue intervenida por el kirchnerismo a raíz la gran cantidad de irregularidades, decisión que Javier Iguacel levantó ni bien asumió en Vialidad Nacional.
El máximo responsable que intervino en representación del Estado fue el entonces Procurador General del Tesoro,
Carlos Balbín.
Como opinó que la empresa no había agotado las instancias jurídicas de la Argentina y no debía hacerce lugar a la demanda en el Ciadi (además de su postura también adversa a los intereses empresarios en el caso del Correo), Macri lo echó.
Su reemplazante fue nada menos que
Bernardo Saravia Frías, el histórico abogado de los Macri, quien pasó a representar al Estado. González Napolitano también dejó su puesto, que era técnico y ocupaba hacía más de una década. Precisamente ese dato lo aportó Balbín cuando declaró ante Canicoba. Dijo que le había llamado la atención la salida tan intempestiva de la abogada.
La otra medida que impulsa la justicia es que la Inspección General de Justicia (IGJ) entregue la información sobre la composición societaria de Socma y Sideco Americana. El Grupo Socma fue accionista de Autopistas del Sol hasta mediados de 2017, cuando el ex Jefe de Estado vendió su participación un 400% por encima del valor que tenían los papeles antes de llegar a la Casa Rosada, de la prórroga del contrato y de las subas siderales de las tarifas de peajes.
Según fuentes de la investigación en diálogo con P12, de todos modos hay una dificultad para lograr llegar penalmente hasta Macri, a pesar de su evidente beneficio: “Es un problema que Macri figure solo como accionista y no como parte del directorio. Porque lo que hay que probar es que tenía una parte o todo el control del dominio del hecho”.
