Tras el escándalo desatado por las irregularidades en los préstamos del
Banco Nación a la mega empresa agroindustrial
Vicentín SAIC, máxima aportante privada de la campaña de
Juntos por el Cambio en las PASO 2019,
se conocieron dos novedades que tiene que ver con el futuro, tanto de los presuntos responsables del supuesto delito, como de la compañía y sus trabajadores: denunciaron penalmente a Mauricio Macri, Javier Gónzalez Fraga y Laura Alonso, entre otros ex funcionarios, y se conoció una propuesta formal de capitalización de acciones.
Respecto de la parte judicial, se trata de la primera denuncia respecto del polémico crédito que la banca pública nacional, bajo la gestión de González Fraga, otorgó a la empresa agroexportadora, que, según se supo, entró en default por más de $18.370 millones.
La presentación penal fue realizada por
Fernando Miguez, titular de la fundación por la Paz y el Cambio Climático bajo la carátula de “defraudación al estado”.
La causa recayó en el juzgado a cargo de Luis Rodríguez y va en contra del expresidente, el ex titular del Banco Nación, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, Mariano Federici de la UIF, el ex presidente del Banco Central Guido Sandleris, los ex directivos de Vicentín Alberto Padoan y Gustavo Nardelli, y Leandro Cuccioli y su mano derecha Jimena De La Torre de la AFIP.
Durante la gestión de González Fraga como presidente del Nación, Vincentín, una de las cinco cerealeras más grandes que operan en el país, recibió un préstamo de $ 18.700 millones. La próspera empresa, con 90 años de historia en el norte santafesino, no honró la deuda.
No pagó el préstamo y se declaró en default el 6 de diciembre de 2019, a cuatro días de la asunción del nuevo presidente Alberto Fernández.
Tal como consignó
Política Argentina, la polémica estalló mucho más aún por un dato contundente:
la agroexportadora Vicentín fue la mayor aportante privada de la campaña de Juntos por el Cambio, al menos hasta las PASO. Así se puede constatar en la declaración de campaña que figura en la página de la Cámara Nacional Electoral.
De acuerdo a los registros, la firma aportó a través de tres de sus empresas: Algodonera Avellaneda, FRIAR S.A y Oleaginosa San Lorenzo. Todas pertenecen al holding agroexportador Vicentín.
Cada una de las compañías puso para la campaña de Macri la suma exacta de $4.500.000, dando un total de $13.500.000. Con esa suma, aparecen como uno de los principales aportantes privados de Cambiemos, que fue quien más recibió. Lo hicieron algunos días antes de las PASO, entre el 6 y el 8 de agosto de acuerdo a los registros. Aún no fueron publicados los registros de aportes para la segunda etapa de la campaña.
El otro elemento es una propuesta para resolver la crisis de la firma y sus trabajadores conocida hace unas horas, en la que podría participar el Estado.
El ex intendente de San Antonio de Areco y actual senador provincial, Francisco “Paco” Durañona, tuiteó que una posible solución consistía en “estatizar” la firma y que el Estado comience a tener participación en el comercio exterior de granos.
“La oportunidad para que el Estado argentino se convierta en acto fundamental de la actividad agroexportadora de granos es ahora. ¿Cómo? Estatizar la empresa Vicentin aprovechando que el grueso de sus acreedores son el Banco Nación y el Banco Provincia”, sostuvo.
Ante oponiones favorables y otras no tanto,
Durañona precisó los términos de su publicación para que no fuera vista como una mirada “ideológica” del asunto. “Está expresamente previsto en la Ley de Concursos y Quiebras de Argentina y los países más modernos del mundo”, indicó en otro tuit.
Según explicó a Infocielo, a lo que se refirió con la palabra “estatizar” es en realidad a lo que la "jerga" llama "cram-down" o “capitalizar” acciones.
“Hacerse del capital accionario”, dijo Durañona y agregó que “las experiencias de expropiaciones no han sido buenas" y que no le "gustan”.
El instituto al que hace referencia el senador bonaerense y que está previsto en la Ley de Concursos y Quiebras es el denominado “cram-down”. Se trata de la figura comercial mediante la cual se realiza un salvataje de una empresa en quiebra que consiste en la apertura de un registro en el que deberán inscribirse aquellos interesados en adquirir la empresa.
En este caso, para Durañona, el Estado argentino es quien debe inscribirse “aprovechando que el grueso de sus acreedores son el Banco Nación y el Banco Provincia”, es decir, el propio Estado.
Lo concreto es que el gobierno de Fernández deberá decidir algún camino para preservar las fuentes de trabajo de miles de familias y las acreencias de acopiadores y productores para evitar el efecto cascada en toda la cadena productiva.
La alternativa de que, de algún modo, participe el Estado en la solución fue alentada por el propio presidente en una entrevista a C5N. En esa oportunidad habló de la posibilidad que, valga la redundancia, el Estado se haga de la mayoría accionaria del grupo en compensación a la deuda con el Nación:
"Lo vamos a ver. Sabemos que son un operador del mercado de granos importante y nadie quiere que se pierdan las fuentes de trabajo", declaró el mandatario. Para ello, en el gobierno están siguiendo muy de cerca lo que sucede con Molino Cañuelas de la familia Navilli, otro de los grandes del mercado granario y el principal procesador de trigo del país que también enfrenta un futuro incierto.
