Uno de los supuestos logros de gestión con que
Mauricio Macri más se embanderó fue, sin dudas, "la obra pública para resolver problemas estructurales de la Argentina". El famoso grito
"¡este cemento no es relato, es real!" fue de lo más simbólico acerca del, valga la redundancia, relato de Cambiemos. Sin embargo, a los datos ya revelados anteriormente respecto de la falsedad del aumento de las obras en comparación con los gobiernos kirchneristas, se suma
nueva información respecto del escándalo que hizo el macrismo en Vialidad Nacional, el principal organismo encargado de ejecutar trabajos de caminos en todo el país.
Bajo la administración nacional de Macri y las gestión comandada por Javier Iguacel y Guillermo Dietrich,
en Vialidad los gerentes ejecutivos pasaron de ser 49 en 2015 a 134 en 2019. Esos 85 nuevos jerárquicos, que no hicieron su carrera en el organismo sino en empresas contratistas, se llevaron en promedio unos $230.000 cada uno.
Según las dos organizaciones gremiales de Vialidad -Sindicato de Trabajadores de Vialidad y la Federación del Personal de Vialidad Nacional-,
el desproporcionado crecimiento de la cantidad de gerencias, subgerencias y direcciones armadas por la administración macrista llevó a que las gerencias pasaran de tres a 88 y las subgerencias de 28 a 64.
La categoría creada -gerente ejecutivo- para contratar a los nuevos jerárquicos implica que los que ocupan ese lugar se llevan, en el bolsillo, $190.000 mensuales, aunque muchos se llevan aún más, tal como reveló el artículo de Raúl Kollmann publicado en Página 12. Cómo resolver ese panorama es parte de la herencia que tiene
Gabriel Katopodis, el ministro de Obras Públicas.
Esos
85 gerentes ejecutivos no provienen de la carrera de Vialidad Nacional sino que
provinieron, en la mayoría de los casos, de las empresas concesionarias o constructoras.
El gerente ejecutivo de Licitaciones y Compras,
Roger Botto, fue gerente del
Grupo Abertis, en el que tiene un papel preponderante el presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, y que es socio de
Ausol, la concesionaria de la Panamericana, en sociedad con el
Grupo Macri. De hecho, Botto fue director suplente de Autopistas del Sol. Hoy la justicia investiga la forma en la que el gobierno de Cambiemos aumentó los peajes y después Macri vendió su parte en Ausol, con acciones que subieron de cuatro pesos (4) a 75,50.
El gerente ejecutivo de Asuntos Jurídicos fue
Ricardo Stoddart, socio en el estudio jurídico
Marval, O'Farrel & Mayral, precisamente el que
representó a Ausol en la renegociación del contrato de concesión. Judicialmente también se investiga un grotesco pago que le hizo el estado a Ausol alegando que había una demanda ante el CIADI, el tribunal que depende del Banco Mundial.
Los gerentes Botto y Stoddart no sólo no renunciaron finalizada la administración Macri, sino que mandaron carta documento reclamando que se les aclare la situación laboral. Se ve que piensan que no obtuvieron cargos políticos por los que deben renunciar tras percibir esos salarios generosos, sino que quieren indemnización.
El gerente de obras, en tanto, fue el ingeniero
Mariano López, ex coordinador de Control de Gestión de
IECSA, la empresa que era del primo de Macri,
Ángelo Calcaterra, después de ser del propio ex presidente. Esa compañía consiguió numerosas obras e incluso redeterminaciones de precios superiores a otras empresas que construían tramos de las mismas rutas.
Otro es el casos de
los asesores Martín Pourrain y Guillermo Fernández Vidal, que aún no se sabe si son o se hacen:
no se dieron cuenta que el concepto de asesor está ligado a la persona que asesora y que si ésta última se va, también el asesor debe irse con él. No sólo no presentaron renuncia, sino que
se fueron de Vialidad dejando las oficinas cerradas con llave y no entregaron, o se robaron, pertenencias del estado como autos, computadoras o celulares.
¿MUCHOS GERENTES CAROS PERO MÁS OBRA?
Lo que es tal vez más grave de la situación difundida y descripta en P12 es que
la contratación de 85 gerentes ejecutivos nuevos con sueldos gigantescos, que implicó aumentar esos cargos en un 173%, no sirvió para hacer más obras sino para hacer menos obras.
De 2.800 kilómetros prometidos de autopistas se hicieron 365: el 13%. Y de 4.000 kilómetros de rutas seguras no se construyó ni un sólo kilómetro. Nada nuevo, sólo se hicieron repavimientaciones.
El Plan Federal Via fue tan desastroso que los sindicatos pidieron que se declare la Emergencia Vial porque ni siquiera se estaba haciendo el mantenimiento de lo construido antes y empezaba a haber peligro de accidentes en algunas rutas.
Por si se demanda objetividad a la gestión de Katopodis par llegar a este diagóstico, bueno, ya la tiene:
la auditoría hecha por el macrismo fue la que puso sobre el tapete estas cifras demoledoras.
El Plan Federal Vial -Compromiso Cambiemos 2016-2019- puso como objetivo construir 2.800 kilómetros de autopistas. Se trata de la modalidad más segura, de más nivel: al menos dos carriles por sentido, ingresos controlados, inexistencia de cruces. De ese total proyectado de 2.800 kilómetros, se construyeron apenas 365 kilómetros, o sea el 13%.
Un concepto innovador que creó macrismo para hacer que hizo rutas que no hizo es el de "rutas seguras". Se trata de mejoras al sistema de sólo un carril por sentido,
un tercer carril en el medio y banquinas pavimentadas: la precaria idea fue para no hacer tanta inversión en autopistas. El proyecto incluía 4.000 kilómetros de rutas seguras, pero
no se construyó ni un solo kilómetro.
Finalmente,
la administración Iguacel--Dietrich puso todo el énfasis en la repavimentación, la alternativa más barata y rápida. No hay que construir ni rampas ni terraplenes ni hacer rediseños, sino construir la capa asfáltica y muy poco más.
De los 13.000 kilómetros proyectados se construyeron 7.976, el 61% del Plan Federal Vial.
El informe de Auditoría, redactado por funcionarios designados por la administración Macri, dice textualmente: "El Plan presenta un bajo grado de ejecución, con un escaso o nulo avance de los programas de autopistas y rutas seguras. No se contempló la inclusión de obras que estaban paralizadas y presentaban un importante grado de avances (del gobierno anterior)".
En su último año de gestión, el macrismo ni siquiera utilizó el presupuesto asignado. Se presupuestaron $96.000 millones, pero se devengaron 55.000 millones.
