Se acerca el cambio de gobierno, y con ello los avances en las causas de corrupción macrista no paran de tener novedades:
la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, y el ex ministro de Energía Juan José Aranguren fueron procesados por encubrimiento y negociaciones incompatibles con la función, respectivamente, en el marco del expediente en que se investiga un posible beneficio con las operaciones de compra de gas a Chile por parte de Shell, de la que el ex funcionario fue CEO.
La decisión fue tomada por el juez federal
Luis Rodríguez, en el marco de la causa que comenzó por una denuncia de los diputados del Frente para la Victoria (FpV)
Rodolfo Tailhade y Martín Doñate.
Tanto Aranguren como Alonso se presentaron a declarar la semana pasada. La causa, de 2016, apunta a determinar si el ex ministro incurrió en el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, en relación con las decisiones tomadas durante su gestión que habrían apuntado a beneficiar a la petrolera Shell en operaciones de compra de gas a Chile, lo que supondría para él un beneficio económico teniendo en cuenta que era accionista del Grupo Royal Dutch Shell PLC. Por ello, habría incurrido en
“incompatibilidad para el ejercicio de la función pública y un conflicto de intereses”.
En cuanto a la ultramacrista Alonso, la imputación es por no investigar a Aranguren desde la OA que, según confirmó ella públicamente en un programa de televisión, sólo se dedicó a observar los casos de la gestión pasada y no los del gobierno de turno que condujo su jefe, Mauricio Macri.
Al ex ministro de Energía le cabió por decisión de Rodríguez un embargo de 1.200.000 pesos. A Alonso le fijaron la misma medida, pero por 1.000.000 pesos. Ambos se salvaron de la prisión preventiva.
Cuando la semana pasada Alonso se presentó en tribunales de Retiro, pidió su sobreseimiento en la causa y negó haber cometido alguna irregularidad en su función.
"Ni encubrí una infracción de Aranguren, ni omití actuación alguna en la Oficina Anticorrupción. Cumplí estrictamente con todos los deberes, obligaciones y funciones a mi cargo”, dijo.
Lo que debió demostrar la actual funcionaria es si él benefició directamente a Shell con sus decisiones desde la función pública. Sin embargo, en una declaración de 15 páginas, Alonso insitió en la defensa de Aranguren, al asegurar que él no cometió ningún delito.
Por su parte, cuando Aranguren fue a declarar dijo que
“el precio que reciben las compañía por el gas durante en el período 2016-2017, que es el periodo imputado, es el mismo que provenía de un plan gas diseñado por la anterior administración”.
