Foto: Alejandro Leiva
A casi cinco meses de que oficiales de la Policía Bonarense que conducen
María Eugenia Vidal y Cristina Ritondo a bordo de dos patrulleros persiguieran sin razón a cinco jóvenes que se trasladaban en un auto, les dispararan y provocaran un choque que significaría el asesinato de cuatro de los chicos en
San Miguel del Monte,
la Comisión Provincial por la Memoria denunció penalmente actos de espionaje ilegal y seguimiento por parte de agentes de esa fuerza infiltrados y hasta amenazas contra familiares de las víctimas.
Tal como publicó Página 12, la CPM solicitó a la justicia federal que investigue actos de espionaje ilegal y seguimiento contra familiares de las víctimas.
“Nosotros hicimos la denuncia ante la justicia federal, pero hay otro pedido de investigación en la justicia provincial, de manera que ahora se está dirimiendo la competencia”, explicó al mismo medio Roberto Cipriano, de ese organismo de DDHH.
La denuncia involucra por su responsabilidad institucional al Ministerio de Seguridad provincial, a cargo de Ritondo, y a la propia gobernadora bonaerense Vidal. Se produjo como consecuencia de la presencia de policías encubiertos en marchas y conferencias de prensa realizadas para reclamar justicia e, incluso, algunos familiares aseguraron haber recibido amenazas y seguimientos realizados por agentes vestidos de civil.
“Nosotros hicimos la denuncia en la justicia federal, que mandó a consultar a la justicia provincial, porque cuando nosotros informamos sobre la presentación a la Procuración General, ellos ordenaron la apertura de una causa” en el fuero provincial, explicó Cipriano. De esa forma, explicó que "ahora hay dos causas y ante tal situación, la justicia federal consultó a la provincial para saber si estaba avanzando en el tema”.
En ese sentido, reveló que se configuraría un delito gravísimo:
violación a la ley de seguridad interior. En principio, “la fiscal provincial declinó su competencia porque se trata de un delito federal porque es una violación a la ley de inteligencia, a la Ley de Seguridad Interior, de manera que lo que corresponde es que intervenga la justicia federal”.
El trámite lleva a que ahora la denuncia se encuentre en la Defensoría, que tiene que dar su dictamen y luego debe expedirse el Juzgado de Garantías 4 de La Plata, cuyo titular es Juan Pablo Masi.
Uno de los hechos más graves ocurrió el sábado 5 de julio pasado, en el Centro Tradicionalista Martín Fierro de Monte, durante la presentación de un informe de la CPM sobre el accionar policial en el pueblo, desde antes de la masacre ocurrida el 20 de mayo , en la que murieron Gonzalo Domínguez, Camila López, Danilo Sansone y Aníbal Suárez, y sufrió heridas gravísimas Rocío Quagliariello.
En la conferencia de prensa estuvieron “infiltrados” dos hombres , identificados como policías por algunos vecinos presentes. La CPM consideró que fue “un hecho gravísimo, de espionaje ilegal, de amedrentamiento” de familiares y vecinos.
El hecho fue denunciado ese mismo día ante el titular de la Procuración Penitenciaria, Julio Conte Grand, y ante el responsable de Asuntos Internos de la Bonaerense, Guillermo Berra. La CPM tomó fotografías de las dos personas y solicitó a las autoridades del Ministerio de Seguridad que los identificara.
Cipriano precisó que los dos hombres fueron “reconocidos como policías porque algunos vecinos los habían visto en la comisaría”. Los dos entraron y se sentaron a escuchar lo que se decía durante la presentación. Se fueron cuando promediaba la conferencia de prensa y se subieron a un auto sin patente que los esperaba en las inmediaciones.
Por otra parte,
el lunes 1º de julio, cuando estaban en la puerta del Concejo Deliberante, esperando una fallida interpelación a la intendenta Sandra Mayol, los familiares habían visto merodeando a los mismos policías.
Los vecinos y familiares de Monte le dijeron a Página/12 que
“hubo gente sospechosa, policías encubiertos, que se mezclaban con la gente que iba a las marchas, personas desconocidas en un pueblo donde todos nos conocemos”.
La certeza es que
“en todas las marchas que se hicieron en mayo y junio, por lo menos, se infiltraron policías, pero el caso más evidente fue el 5 de julio, cuando la CPM vino a presentar su informe, ese día fue demasiado obvio porque fue en un lugar cerrado”. De tan obvio
“cuando se los señaló desde el micrófono, los dos se fueron”.
Los familiares de Danilo Sansone han sufrido también algunas persecuciones y hasta amenazas. Juan Carlos, el papá de Danilo, estaba en la vereda de su casa cuando pasó un auto cuyos ocupantes bajaron la ventanilla y lo señalaron con el dedo:
“Seguí buscando justicia vos, seguí buscando justicia".
Gladys, la mamá de Danilo, también recibió veladas amenazas de parte de familiares de dos de los policías detenidos por la masacre, Héctor Enrique “Pipi” Angel y José Manuel Durán. En las primeras marchas también se advirtió la presencia de funcionarios del área de Seguridad que llegaban de La Plata para “conversar” con familiares y vecinos.
Más allá de lo sucedido el 5 de julio en Monte, el primer dato preocupante, en materia de espionaje o amedrantamientos, sucedió el 28 de mayo, cuando dos policía uniformados que no se identificaron se hicieron presentes en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, para interesarse por el estado de salud de Rocío, la única sobreviviente de la masacre.
