Tras la polémica medida a través de la que el Gobierno se quedó con el recuento provisorio en lugar de que lo haga la Justicia Electoral con el supuesto fin de acelerar la transmisión de datos y se produzcan graves fallas durante el último simulacro del escrutinio provisorio,
el peronismo del Frente de Todos y el Conseso Federal de Roberto Lavagna -los espacios opositores mayoritarios del país- se unieron en un fuerte reclamo por el escrutinio provisorio ante la Cámara Nacional Electoral.
Si bien la Casa Rosada niega el fracaso durante el último simulacro del escrutinio provisorio, realizado el 29 de junio, la Dirección Nacional Electoral y el Correo Argentino resolvieron ejecutar un nuevo despliegue para mañana, que no estaba previsto en el esquema original y que expone que sí hubo fallas.
Tal como consignó Tiempo Argentino,
desde la empresa telepostal estatal prefirieron bautizarla como "una jornada de capacitación", lo que expuso que estará destinada a resolver los problemas experimentados en el último ejercicio, organizado para probar el nuevo sistema de transmisión de datos, ahora en manos de la empresa Smartmatic. Esta nueva instancia se suma al simulacro que se realizará el 20 de julio, cuando serán convocados todos los apoderados de los partidos políticos para auditar la efectividad del nuevo mecanismo, a 20 días de la realización de las PASO del 11 de agosto.
El conteo provisorio fue licitado por el Correo para acelerar la transmisión de los datos. Se trata de un recuento de votos que no depende de la Justicia Electoral, sino del Poder Ejecutivo Nacional. Es decir que ese primer conteo sobre el veredicto de las urnas no tiene validez legal, pero contiene un altísimo impacto político, que está íntimamente ligado a la velocidad en la contabilización de los sufragios.
Por estas razones,
el apoderado del Partido Justicialista (PJ) y del Frente de Todos, Jorge Landau, intimó la semana pasada a través de un escrito a la Cámara Nacional Electoral sobre el escrutinio provisorio que será llevado a cargo por el propio Poder Ejecutivo.
Landau le pide a la Cámara que ponga a disposición de los partidos políticos el software y los sistemas útiles que estarán involucrados en el recuento para las PASO. La exigencia es que la justicia electoral intervenga para controlar este proceso y
"se suspenda la aplicación del procedimiento de trasmisión de datos por escaners de los resultados provisorios de las elecciones primarias y generales del corriente año".
El pedido, según afirmó Landau en el escrito, busca "evitar que, a través de un procedimiento amañado, se brinde información errónea sobre el resultado del escrutinio provisorio que atente contra el derecho a la información de toda la sociedad en su conjunto".
El planteo del espacio que lleva como fórmula presidencial a Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner fue respaldado este miércoles por una presentación realizada por los apoderados de Consenso Federal, la fuerza política que impulsa la candidatura presidencial del exministro de Economía Roberto Lavagna.
El apoderado de Consenso,
Daniel Pires, confirmó el reclamo ante la CNE.
"Nos sumamos a las preocupaciones que presentó el PJ, porque nos preocupa la fragilidad que tiene el sistema y también la falta de control, especialmente sobre el software provisto por Smartmatic, que no es de código abierto, y no ha podido ser auditado por la Universidad Tecnológica Nacional, ni por otro organismo imparcial", detalló.
Pires también opinó sobre el cambio de empresa. "Veníamos de sacar a una empresa que había sido cuestionada y ahora trajimos a otra que es peor. En el gobierno dicen que todo anduvo bien, pero nosotros sabemos por nuestros técnicos, que la prueba salió mal, y sólo llegó el 30% de las 10 mil mesas escrutada", explicó.
"Decidimos sumar nuestro planteo ante la Justicia porque en ese sentido las PASO (del próximo 11 de agosto) son definitorias en este sentido y si el sistema sigue fallando, estamos ante un problema político grave", agregó.
Luego del fin de semana largo, es posible que la CNE siga recibiendo pedidos de intervención para que el gobierno ponga a disposición "el programa, incluyendo sus códigos fuentes y los demás componentes de software que eventualmente estuviesen involucrados en los procedimientos de digitalización, transmisión, carga, totalización y difusión de resultados provisorios". También "la intervención de una Universidad Nacional que analice toda esa tecnología y dictamine si resulta apto y seguro para la transmisión de resultados" del conteo de votos.
Desde la Casa Rosada sostienen que
"la orden del presidente Mauricio Macri es seguir adelante con el sistema como está" y que la empresa Smartmatic no entregará el código fuente,
"porque es un diseño privado y hay un problema de patentamiento".
Desde la Secretaría de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, que encabeza
Adrián Pérez, están enojados.
"El peronismo busca boicotear las elecciones. Estamos en la misma historia que plantearon en 2017. Tenemos claro a qué juegan los actores y lo que se hizo no fue un simulacro sino una prueba”, dicen.
Sin embargo, en el instructivo al que accedió Tiempo sobre la última y fallida experiencia, el Correo habla claramente de "simulacro". La respuesta de Pérez, además, omite que también hubo un simulacro anterior. Un funcionario vinculado a esos ejercicios confirmó que "habrá una nueva prueba el sábado que viene porque el director de Servicios Electorales del correo reconoció que la que se hizo el sábado pasado fue un fracaso rotundo y ahora tenemos que movilizar todo de nuevo".
