La revelación de una presunta red extorsiva que, hasta el momento, encabezaría
Carlos Stornelli a través del abogado
Marcelo D´Alessio para recaudar dinero y obligar a empresarios a "arrepentirse" en la causa de las fotocopias de los cuadernos y apuntar contra el kirchnerismo no para de generar novedades escandalosas. En este caso,
Clarín y Elisa Carrió lanzaron un engranaje para defender el expediente y asegurar que “la operación contra Stornelli” fue armada por presos K, pero lo que omite el artículo del diario de Magnetto es que las escuchas que sostienen la embestida de "Lilita" son de dudosa legalidad y que, casualmente, el hijo del fiscal trabaja en la dependencia de la Corte Suprema encargada de interceptar y transcribir llamadas.
Según la nota de Nicolás Wiñazki para el Grupo Clarín,
Carrió ordenó a las legisladoras Mariana Zuvic y Paula Olivetto entregar en Tribunales transcripciones de escuchas telefónicas que la líder de la Coalición Cívica habría recibido de forma "anónima" de las que, según infieren en el macrismo, surgiría de Roberto Baratta, uno de los ex funcionarios kirchneristas detenidos en la causa, estaba al tanto de la denuncia contra Stornelli por extorsión que investiga el juez Alejo Ramos Padilla.
Para la líder de la CC, por esas desgrabaciones de interceptaciones telefónicas se demostraría que estaba en marcha una “operación” que tendría como “finalidad” la de “entorpecer la investigación de la causa judicial de los Cuadernos". Las escuchas, como mostró el periodista Ari Lijalad en El Destape, fueron ordenadas por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correcional N 2 de Lomas de Zamora, que está a cargo interinamente de
Federico Hernán Villena. Según el documento al que alude Carrió, que fue publicado por la Revista Noticias, se trata del Caso Aguape III, causa número 41.475/2016, en la que se ordenó monitorear las comunicaciones relacionadas con Mario Segovia, conocido como el “Rey de la efedrina”.
Sin embargo, la operación del Grupo Clarín, Carrió y el Gobierno con la colaboración de ciertos sectores del Poder Judicial para sostener la causa de los cuadernos e instalar que la denuncia contra Stornelli fue organizada por ex funcionarios kirchneristas presos se cae por diversos elementos y no modifica el entramado de extorsiones que reveló El cohete a la Luna con el pedido de dinero a cambio de favores judiciales del fiscal al empresario Pedro Etchebest a través del D’Alessio.
En primer lugar,
la conversación de Baratta es varios días posterior a la denuncia y a los pedidos de medidas que realizó el juez Ramos Padilla, a quien le tocó intervenir sólo por el hecho de que su Juzgado en Dolores tiene jurisdicción sobre Pinamar, lugar donde se produjeron las reuniones -probadas mediante fotografáis- entre Stornelli y D´Alessio a las que fue citado Etchebest.
Las transcripciones que llegaron de manera "anónima" a Carrió en las que Baratta conversa con el abogado Carlos Zelkovicz son del viernes 1 de febrero, mientras que la radicación de la denuncia, el impulso penal y las primeras medidas de prueba datan del lunes 28 y el martes 29 de enero. De hecho, Etchebest se constituyó como querellante este último día.
Según la transcripción, Baratta pregunta si "presentaron formalmente” una denuncia, a lo que Zelkovich contesta: “No, no, no… el loco éste, el magistrado pidió los informes… eh, porque quiere saber en qué quilombo se está por meter y aparentemente eso le llevaría por lo menos leer casi todo el fin de semana, yo te diría que bastantes días pero quiere largarlo cuanto antes”. Es decir, hablan de una denuncia que ya fue hecha mucho antes, y ni siquiera lo saben, ergo, no prueba las afirmaciones de Carrió.
Por otra parte, hay un hecho de determina la ilegalidad de las escuchas a las que accedió Carrió:
Segovia, el oficialmente escuchado en una causa a cargo de Villena totalmente ajena a los cuadernos, cumple su condena en el Pabellón "A" Módulo 6,
pero las transcripciones de interceptaciones que recibió Carrió son de los teléfonos públicos del Pabellón "D" Módulo 6, donde escucharon a Baratta,
y del Pabellón "C" Módulo 6, donde espiaron al ex secretario de Transporte Juan Pablo Schiavi hablar con el ex embajador ante el Vaticano Eduardo Váldes, también en este caso sólo con referencia a la denuncia de Dolores posteriormente a que ésta fuera presenta y hecha pública.
Tal como explicó Lijalad, en todo caso también
carece de legalidad que si las escuchas se ordenaron para la investigación de la causa de Segovia pero no resultaron provechosas para ésta, deberían haber sido destruidas y no transcriptas y entregadas a Carrió.
Por otra parte,
hay un dato saliente a tener en cuenta: en la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco), la oficina a cargo de las escuchas telefónicas conocida como "ex Ojota" que funciona en el marco de la Corte Suprema, trabaja nada más y nada menos que Mateo Nicolás Stornelli, el hijo del fiscal sindicado como extorsionador.
Lo reveló La Nación en marzo de 2018, cuando contó que el joven de 21 años estudiante de ingeniería en informática consiguió trabajar en la ex Ojota bajo mando del camarista
Martín Irurzun como primer empleo y "ayudado" por su padre.
"Supe que estaban buscando personal y lo recomendé", reconoció el fiscal Stornelli ante ese medio.
Justamente,
por estas escuchas ilegales a presos fueron denunciados el presidente Mauricio Macri; la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; y Carrió. La presentación penal también incluye Stornelli, a la legisladora Oliveto y a la parlamentaria del Mercosur Zuvic y fue presentada por el abogado Humberto Próspero luego de que Valdes alertara un día antes de la denuncia de "Lilita" que entre el Gobierno y la justicia escuchaban sin justificación legal las conversaciones de detenidos.
