La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) finalizó el primer análisis por la denuncia que presentó la agrupación H.I.J.O.S Capital y el Observatorio de Derechos Humanos (ODH) porteño contra el Estado argentino por el uso de armas Taser.
En una comunicación oficial, la CIDH les informó que “el estudio inicial del asunto ha concluido exitosamente” y resta informarle al Gobierno nacional.
Las acciones por parte del Observatorio e H.I.J.O.S Capital comenzó nueve años atrás, pero en 2016 se llegó a la instancia internacional y se denunció al Estado argentino por “la violación de derechos fundamentales contenidos en el Pacto de San José de Costa Rica y la violación del deber del Estado de prevenir la tortura, mientras no se prohíba la utilización de las armas tipo Taser X26”. Además, señalaron que la situación se agravó en los últimos meses, cuando los Estados nacionales, porteños y bonaerenses anunciaron la compra de estas armas para distintas Fuerzas de Seguridad.
Por este motivo, el ODH también realizó los pedidos de informes al Gobierno de la Ciudad y al Ministerio de Seguridad nacional. Allí consultó por el proceso administrativo que habilita la compra de estas armas, la capacitación del personal y protocolos que se pondrán en marcha para su uso, los precios que se pagarán por las mismas, entre otras preguntas. “El mismo día que se presentaron los pedidos de informes, notificaron del uso de la prórroga para su respuesta”, señaló H.I.J.O.S Capital en un comunicado.
Por último, solicitaron que “hasta tanto se logre el pronunciamiento de la CIDH, los tres poderes del Estado argentino deben tomar las medidas efectivas para evitar todo tipo de violación de derechos, abuso, maltrato o pena inhumana o cruel por parte de las Fuerzas de Seguridad”.
