El presidente de Nuevo Encuentro de la Ciudad de Buenos Aires, José Cruz Campagnoli, la legisladora porteña Andrea Conde y la abogada de Derechos Humanos, Elizabeth Gómez Alcorta, denunciaron penalmente al presidente Mauricio Macri, al jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta y a otros funcionarios del Gobierno de la Ciudad junto a la empresa Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE) después de que aceptaran públicamente que los trenes CAF 5.000 de la línea B del subte tienen asbesto, un material cancerígeno.
La denuncia se realizó por el delito de contaminación tipificado en el artículo 55 de la Ley de Residuos Peligrosos. Allí se dispone que "será reprimido con las mismas penas establecidas en el artículo 200 del Código Penal al que utilizando los residuos a que refiere esta ley envene o contamine de un modo peligroso para la salud, el suelo, el agua, la atmósfera o el ambiente en general". El asbesto es uno de ellos.
"Estamos ante un delito. Macri compró estos trenes al Metro de Madrid, que los vendió como si fuera chatarra. Esta transacción se hizo en 2011, costó 20 millones de dólares y en los manuales de los trenes figuraba que tenían asbesto. Además, este material está prohibido en Argentina desde 2001, por lo que la compra de esos trenes fue ilegal", expresó Campagnoli.
El ex diputado de la Ciudad también aseguró que el actual presidente "actuó dolosamente". "Conociendo el carácter delictivo del hecho y el daño que podía causar, Macri compró igual esos trenes. Estamos muy preocupados por los y las trabajadoras que estuvieron en contacto con esos coches, teniendo en cuenta que el Metro de Madrid reconoció la existencia de al menos tres trabajadores enfermos de cáncer debido a la aspiración de fibras de asbesto", sostuvo Campagnoli.
Por su parte, Andrea Conde recalcó que el Gobierno de la Ciudad está al tanto de esta situación desde febrero de este año, pero "eligió no hacerse cargo". "El sindicato de trabajadores del subte incluso tomó medidas de fuerza para exigirle a este Estado que los protegiera de este peligro. Recién ahora lo hacen", manifestó.
Conde señaló que pese a la urgencia de la situación, "el Gobierno de la Ciudad no inspeccionó el material rodante, ni los talleres, ni tomó muestras de nada". "Se trata de un destrato enorme, Rodríguez Larreta conocía la gravedad del hecho, tenía la autoridad para exigir el cese de la contaminación. ¿Qué hizo? Cuestionó y criticó a los y las trabajadoras que denunciaban la existencia de asbesto. Por eso es también penalmente responsable del delito de contaminación", concluyó.
La denuncia recayó en el Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 3 a cargo del juez Daniel Rafecas.
