En las últimas semanas,
en el marco de los debates presupuestarios nacional y provincial, los municipios de la Provincia de Buenos Aires han ocupado un lugar predominante. Primero fue la “amenaza” del traslado de AySA a la órbita provincial, luego la eliminación vía decreto del Fondo Federal Solidario (Fondo Sojero) y su impacto directo en las obras de infraestructura locales; ya en la discusión provincial los ejes se trasladaron a los subsidios energéticos, la tarifa social, el peso presupuestario del transporte local, CEAMSE, el uso del fondo educativo y los límites al aumento de tasas municipales. En síntesis,
un debate sobre quién paga el ajuste acordado por el Fondo Monetario Internacional.
Más allá de esta tensa coyuntura
hay una discusión pendiente en el ámbito provincial sobre el papel de los municipios, su autonomía y recursos. Aunque siempre parece que no es el indicado, en algún momento, irremediablemente, se va a tener que avanzar sobre normativas y decisiones políticas de larga data.
Daniel Cravacuore, presidente de la
Fundación Internacional para el Desarrollo Local, lo explicó claramente hace unas semanas: Buenos Aires tiene un sistema municipal del pasado, con un régimen municipal del siglo XIX, una ley orgánica de municipalidades de 1950 y una coparticipación de la década del ochenta. Es tal la profundidad de la transformación que se necesita que la misma incluya un horizonte de reforma constitucional provincial.
La situación actual limita fuertemente la autonomía de municipios que son radicalmente desiguales. Un mismo paraguas institucional y administrativo cobija a La Matanza y sus dos millones de habitantes y a Tordillo, que cuenta con alrededor de dos mil habitantes. Municipios que tienen presupuestado para 2018 12 mil millones de pesos y otros que tienen 67 millones. Esa limitación autonómica y la heterogeneidad tienen una traducción presupuestaria, la cual en situaciones como la actual, de ajuste asimétrico, se visibiliza más claramente. Esto es preocupante pues los gobiernos locales tienen cada vez más responsabilidades, las cuales “reciben” más que “obtienen”. Hay un municipalismo de facto.
En síntesis,
en las últimas décadas los municipios bonaerenses vieron multiplicadas sus atribuciones. Del alumbrado, barrido y limpieza pasaron a ocuparse de desarrollo social, salud, seguridad e incluso de ciertos aspectos del sistema educativo. Eso se dio sin claras delegaciones de competencias y funciones, sin nuevas potestades tributarias y en el marco de un ley de coparticipación que no se adecuó al nuevos estado de situación, una ley clave que tiene gran influencia en los presupuestos locales (hay municipios del conurbano donde más del 60% de sus ingresos depende de la coparticipación provincial).
Hoy día los fondos coparticipables son el 16,14% de los recursos provinciales. Se reparte por una fórmula polinómica donde el sesgo devolutivo es mayor que el redistributivo, cuestión que hace que
los distritos del interior se vean beneficiados en desmedro de los del conurbano y que, al interior del GBA, los distritos más pobres sean los que más pierden. Redistribuir la manera en que se maneja la masa coparticipable actual se torna políticamente improbable por el peso que tienen los legisladores del interior de la provincia (alrededor del 60% de ambas cámaras). Al ser una difusión de suma cero implicaría que senadores y diputados provinciales voten desfinanciar los municipios de sus secciones electorales.
Lo más lógico (aunque no sencillo, obviamente) parece ser el camino de ampliar ese 16% aumentandolo en algunos puntos, lo que permitiría aumentas y redistribuir fondos; considerar las necesidades de los distritos más pobres sin generar tensiones con los demás.
Hace unos horas, circuló un comunicado de intendentes del PJ que pedía llevar la masa coparticipable al 20%. Si consideramos lo transferido en ese concepto de provincia a municipios en los primeros nueve meses de este año, ese incremento hubiera significado alrededor de dos mil millones de pesos más para los gobiernos locales.
Más allá de la discusión coyuntural, del debate sobre el peso del ajuste, este tipo de debates, sobre las necesarias reformas que necesitan los municipios, la provincia y, por ende, el país, nos los debemos dar.
Si hay una decisión política de aumentar las responsabilidades municipales (cuestión esta también en discusión) entonces deberíamos darle forma a una normativa en consonancia, tanto desde lo político como desde lo fiscal.
Nunca es el momento adecuado, pero alguna vez tiene que ser.
