Mientras la aún nueva "mayoría automática" peronista de la Corte y su contraposición con la cercanía del presidente y la vice del máximo tribunal con el macrismo generan tensión e incertidumbre respecto del futuro de la CS,
los supremos definieron su agenda de fin de año y pusieron fecha al dictamen de cuatro sentencias de elevada trascendencia, de las cuales dos ponen en vilo a Mauricio Macri y el futuro político y económico de su administración de cara al año electoral.
Las dos determinaciones que Carlos Rosenkrantz y Elena Highton de Nolasco -los integrantes del sector pro Gobierno, que almorzaron con Macri hace unas semanas-, por un lado, y Ricardo Lorenzetti, Horacio Rosatti y Carlos Maqueda, por otro, tomarán en el último mes del año son sobre
el cuestionado 2x1 a genocidas y sobre el jubilado que reclamó al Estado que debería cobrar más de lo que le pagan por la Reparación Histórica.
Los jueces decidieron que, en primera instancia,
el 27 de noviembre resolverán el expediente que surgió de una cautelar presentada por el Estado nacional contra una medida que impide que los integrantes del Poder Judicial sean alcanzados por el impuesto a las Ganancias.
Lo que resolverán los supremos no será la cuestión de fondo (si jueces y fiscales deben pagar ganancias), sino que se pronunciarán sobre una medida provisoria dictada por el juez Esteban Furnari en noviembre del año pasado. En su fallo, el magistrado hizo lugar a un amparo que presentó la Asociación de Magistrados y Funcionarios de Justicia Nacional (AMFJN), y frenó la aplicación de la ley impulsada por el oficialismo que establece que todos los nuevos integrantes del Poder Judicial deben tributar Ganancias. El Estado apeló y el reclamo llegó a la Corte, que definirá el martes 27.
En segundo lugar, el máximo tribunal definirá el 4 de diciembre en relación a la constitucionalidad o no de la aplicación del beneficio del 2x1 (que cada año detenido antes del dictado de la sentencia se computa doble) para quienes cometieron delitos de lesa humanidad durante la última dictadura cívico militar. Cuando en mayo del año pasado el tribunal se pronunció a favor en una causa contra Luis Muiña, cientos de miles de personas protestaron contra esa decisión en la calle y el Congreso aprobó una ley que limita la aplicación del beneficio.
Luego,
el martes 11 de diciembre, la CSJN dictará sentencia respecto de la constitucionalidad o no de la ley de lemas en la provincia de Santa Cruz. Un fallo de primera instancia ya dictó la inconstitucionalidad de la ampliación de la ley de lemas a los cargos de gobernador y vicegobernador, aplicada a instancias del Gobierno santacruceño en las elecciones de 2015.
Pero el Tribunal Superior de Justicia de la provincia confirmó la validez de ese cambio en la ley de lemas, lo cual dio lugar a un recurso ante el máximo tribunal del país.
En los comicios de 2015, el actual senador Eduardo Costa (UCR) fue el candidato más votado del lema Unión para Vivir Mejor/Cambiemos, aunque por la reforma, Alicia Kirchner fue electa gobernadora con la suma de los votos del candidato del lema Partido Justicialista, el también peronista exgobernador Daniel Peralta.
Para fin de año, poco de antes de Navidad,
el máximo tribunal dejó la definición que tiene en vilo a Macri: Rosenkrantz, Lorenzetti y copañía deberán decidir sobre el caso de un jubilado que le reclamó al Estado que debería cobrar más de lo que le pagan por la Reparación Histórica.
El 18 de diciembre la Corte podría tomar una decisión que impactaría en más de 150 mil juicios impulsados por otras personas de la tercera edad con reclamos similares, que cuestionan la tan promocionada medida impulsada por Alfonso Prat-Gay, el primer ministro de Hacienda de Cambiemos.
El Gobierno teme por esta decisión de la Corte, ya que
un fallo a favor de Lucio Orlando Blanco, el jubilado que protagoniza el reclamo, podría ser problemático para las cuentas de la ANSES en el marco del fuerte ajuste en los gastos del Estado con el objetivo de alcanzar el déficit cero exigido por el FMI.
