La discusión sobre la política migratoria volvió a estar en agenda luego de la represión en la votación del Presupuesto 2019 y cobró un tono más fuerte a partir de las declaraciones de Mauricio Macri. “Tenemos que debatir el manejo de lo migratorio en el país, no tenemos que tener miedo de ver cómo son las reciprocidades. La Argentina es un país de una generosidad absoluta, pero a veces somos demasiado generosos y abiertos frente a otras realidades", dijo el Presidente en una conferencia de prensa junto a Patricia Bullrich, ministra de Seguridad.
El bloque presidido por Agustín Rossi presentó un proyecto de ley para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que reformó la Ley de Migrantes 25.871 el 30 de enero de 2017. Esa ley, sancionada en 2004, reconoce la migración como un derecho humano y a la regularización migratoria como una obligación del Estado.
Según los diputados del Frente para la Victoria-PJ este DNU “vulnera los derechos de las personas migrantes, legisla en materia penal -lo que está prohibido en nuestra Constitución- y modifica de manera restrictiva la Ley 25.871, que puso a la Argentina en un lugar de vanguardia en nuestro país”.
El proyecto está firmado por Rossi, Cristina Álvarez Rodríguez, Juan Manuel Huss, Mónica Macha, Analía Rach Quiroga, Jorge Romero, Luana Volnovich, Analuz Carol, Gabriela Cerruti, Roberto Salvarezza, Nilda Garré, Pablo Carro y Daniel Filmus.
Por otra parte, al cumplirse un año de la firma del DNU, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) publicó un informe donde indicaba que se generó “una política migratoria diferenciada y selectiva que clasifica a los migrantes en dos grupos: los ‘buenos’, que pueden regularizarse, y los ‘malos’, a quienes les corresponde la expulsión”.
Asimismo, el decreto fue impugnado judicialmente por el CELS y la Cámara en lo Contencioso Administrativo lo suspendió. En la actualidad, la Corte Suprema tiene el caso pero mientras estuvo en vigencia, el Gobierno efectuó 1.332 expulsiones.
