Ayer y hoy no fueron buenas jornadas judiciales para la gobernadora bonaerense
María Eugenia Vidal en el escándalo por los aportes truchos de Cambiemos que se investiga en diversos espacios judiciales. Es que en
dos de las varios investigaciones que se tramitan, un juez y una fiscal se negaron a que el tema quedara centralizado en las manos de Adolfo Gabino Ziulu, un magistrado cargado de decisiones favorables al Gobierno en quien el oficialismo quiere centrar todo el caso para que sólo se observe el caso como delito electoral y no se trabaje sobre los ilícitos penales.
Es que hace sólo 24 horas,
el juez Sebastián Casanello rechazó el planteo de Carlos Stornelli, el fiscal federal que trabajaba para Mauricio Macri en Boca Juniors, de enviar la causa a la justicia electoral de La Plata que encabeza Ziulu, mientras que
hoy, la fiscal Ana Russo dictaminó en contra del pedido de inhibitoria planteado por el mismo Ziulu, que subroga la competencia electoral. Este último caso deberá ser resuelto por
Ernesto Kreplak, y todo indica que, en ambos casos, seguirán adelante con investigaciones paralelas.
La operatoria del macrismo nació el 1 de agosto, cuando el procurador general de la Nación interino elegido por el Presidente, Eduardo Casal, curiosamente dispuso que la investigación por los aportes irregulares en las campañas del 2015 y 2017 de Cambiemos tenía que llevarse en el fuero civil. Esa mirada fue
aprovechada por los abogados del PRO, que realizaron ese reclamo en los fueros federales que tenían denuncias y estaban trabajando sobre el tema.
Se sumó a la iniciativa del Gobierno la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, que en cada nota en la que fue consultada por el escándalo que ensucia a Vidal, se desligó de trabajar sobre el tema debido a la resolución de Casal indicaba que su cartera no tiene competencia al respecto. Justamente, las decisiones de la fiscal Russo y el juez Casanello son un revés a la operación del macrismo para que las causas queden en manos de Ziulu, ya que entendieron que ellos deben continuar con sus investigaciones para descubrir si existió delito o no.
Russo dictaminó que el pedido de inhibitoria de competencia, planteado por Ziulu,
-portador de numerosas decisiones, como en el caso tarifazos, cercanas al oficialismo- no tiene que prosperar, ya que la parte penal y la vinculada a lo contable del caso pueden investigarse en paralelo sin que tengan por qué afectarse derechos de las partes.
El dictamen de la fiscal fue presentado este jueves ante el juez Kreplak, quien tiene a su cargo la investigación de posibles delitos como robo de identidad y financiamiento ilegal, entre varias figuras delictivas posibles. Esto es lo que quiere evitar el macrismo vidalista a través de la maniobra descripta, que es encapsular el caso como faltas electorales menores.
En su escrito, Russo sostuvo que
"la investigación de infracciones electorales reposa sobre hechos distintos de los delitos denunciados, por lo que nada obsta a que ambas investigaciones marchen en paralelo” y que
“esas conductas exceden el marco de competencia electoral, para dar lugar a delitos tipificados en el Código Penal, amén que, luego de concluido el procedimiento que prevé a la ley 26.215, aparezcan nuevos ilícitos de tipo penal”.
Es que mientras
Kreplak trabaja sobre la parte penal del caso, su colega en lo contencioso administrativo que subroga el juzgado electoral, es decir Ziulu, escruta los movimientos económicos de la alianza Cambiemos, o sea los ingresos, egresos y gastos de campaña, sin auscultar el origen de los fondos.
En caso de detectar irregularidades en el origen del dinero, el marco normativo indica que es Ziulu quien debe declinar competencia y radicar la denuncia en la rama Penal del fuero Federal de La Plata, es decir, enviar esa arista de la investigación a Kreplak.
Este dictamen de Russo que probablemente confirme Kreplak
va en el mismo sentido que lo sostenido desde Comodoro Py
por Casanello, que rechazó el planteo del fiscal Stornelli -el mismo que trabajaba en la seguridad de Boca bajo la presidencia de Macri que ahora tiene el caso de los cuadernos de Centeno- y decidió que el escándalo por los aportantes truchos de Cambiemos revelados por El Destape siga siendo investigado por los
presuntos delitos penales de lavado de dinero, usurpación de identidad, falsedad ideológica, falsificación de documento público y posibles dádivas.
Curiosamente, Stornelli negó su competencia electoral, y, de paso, en su último dictamen le pidió a Casanello que envíe la causa a Ziulu, otra vez en línea con la operatoria buscada por el Gobierno desde el inicio de las causa con la disposición del procurador interino Casal.
De esa forma, ya no se investigaría ni el origen del dinero que se le indilgó de forma apócrifa a personas que no pusieron plata ni tampoco los posibles delitos penales cometidos, y el escándalo quedaría solo encuadrado en meras faltas al Código Electoral sin responsables penales.
(R)Con las tres patas aún en danza -Casanello, Kreplak y Ziulu- y con toda la documentación sobre la mesa, podrían comenzar los llamados a declaración e indagatoria y eventuales procesamientos, cosa que Vidal, la reincorporada María Fernanda Inza
y Federico Salvai, entre otros, quieren evitar a toda cosa de manera que toda la responsabilidad pese sobre los recaudadores de campaña, es decir los "perejiles" del caso(R).
Estos últimos son el exintendente radical de Laprida, Alfredo Irigoin, y la macrista Silvia Chabán, ambos imputados en la causa que tramita en el juzgado de Casanello.
