Martín Becerra es doctor en Ciencias de la Información e investigador del CONICET, especialista en medios de comunicación e industrias culturales. En diálogo con Política Argentina, opinó acerca de las "fake news" que se viralizan a través de las redes sociales y de expresiones y decisiones de importantes empresas y funcionarios del Estado al respecto. Además, criticó la distribución de la pauta oficial y describió la delicada situación actual de los medios de comunicación.
Se viene hablando mucho en el último tiempo de la posverdad y las "fake news". Pero ocurrieron dos hechos recientemente que generaron debate en torno a estos temas. El primero tiene que ver con un "sello" que Facebook puso sobre un posteo, considerando falsa una notocia, basándose en un informe de Chequeado. ¿Cual es tu opinión?
Primero corresponde aclarar a qué se alude con "fake news" y ahí detectamos parte del problema, dado que con esa noción se alude a cuestiones muy ambiguas y diferentes. No hay una definición estable y clara para todo el mundo. O sea que la cuestión es delicada, porque
la pretensión de juzgar por verdadero o falso un contenido no es universalizable y, al no serlo, abre el espacio a la discrecionalidad del evaluador que emite el juicio sobre si ese contenido es falso. Más delicado aún es el problema de su eventual remoción o censura, por ejemplo de Facebook, que es una plataforma casi “pública” desde la perspectiva de su uso absolutamente masivo. En función de ello, y de una larga tradición que abreva en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y está ampliada en la Convención Americana, que tiene además estatuto constitucional en la Argentina y una rica jurisprudencia, considero peligroso e inapropiado conceder el poder de policía a empresas privadas para que diriman qué contenidos circulan socialmente y cuáles no. Es violentar el derecho a la libertad de expresión, lisa y llanamente, en función de políticas de compañías como Google o Facebook que, además, entran en conflicto en muchos aspectos con las leyes de los Estados en cuyos países Google y Facebook hacen negocios, comenzando por EEUU, donde Facebook censuró nada menos que un posteo que contenía la Declaración de la Independencia de ese país donde tiene su sede. Entonces, en el caso concreto que preguntás, te respondo que la decisión de la compañía de restar visibilidad a una posición editorial (pues Facebook alega que no removió el contenido) está reñido con el derecho a la libertad de expresión.
El segundo hecho que generó debate en torno a las fake news, fueron las declaraciones del presidente de la CSJN, Ricardo Lorenzetti, quien frente a un conjunto de empresarios de medios afirmó que es necesario regular los contenidos a traves de las redes sociales para prevenir la diseminación de noticias falsas. ¿Qué riesgos se ocultan detrás de este debate?
Las palabras del presidente de la Corte Suprema en este caso revelan no sólo un desconocimiento de cómo funcionan las llamadas “redes sociales” (a las que denominó “motores de búsqueda”, algo que podía ser correcto en 2004, pero que hoy un error de caracterización), sino también la jurisprudencia de la propia Corte Suprema relativa a la responsabilidad de intermediarios (caso Belén Rodríguez contra Google y Yahoo) y las posiciones, si bien no vinculantes, de las Relatorías de Libertad de Expresión de ONU y OEA acerca de las fake news en particular y de los intermediarios de Internet en general. Dicho esto, creo que es interesante discutir sobre la regulación en Internet, muchos países europeos y americanos lo están haciendo, puesto de lo contrario la regulación que vale, la ley que se ejecuta, es la de los conglomerados globales digitales.
Se conocieron también en los últimos dias los números de la distribución de pauta oficial por parte del gobierno nacional, en donde se podía observar un claro respaldo a grandes medios concentrados. ¿Con qué criterio debería distribuirse ese dinero?
No lo veo así: este es el primer semestre desde que asumió Mauricio Macri la presidencia en el que la discriminación a los medios no concentrados ni oficialistas es más moderada. Es decir,
sí, hay una clara orientación de asignar más pauta a los medios más concentrados, que son los de mayor audiencia (un criterio que, como señalaré, tiene que ser contemplado), pero por primera vez empresas periodísticas críticas al gobierno no fueron discriminadas, según la información proporcionada al respecto. En cuanto a cómo podría distribuirse: los recursos que los gobiernos usan como publicidad oficial tienen, en los hechos, tres funciones: por un lado, establecen un vínculo económico para condicionar la línea editorial de medios, productoras, conductores y periodistas; en segundo lugar, subsidian o ayudan a medios, productoras, conductores y periodistas en su sostenimiento; en tercer lugar, el menor en su importancia, difunden actos de gobierno. Los tres objetivos no son excluyentes y en muchas ocasiones los vemos combinados.
Los fuertes intereses entre medios y política impidieron, hasta ahora, que se haya regulado y que se dispongan por ley criterios claros, no discriminatorios y públicos en la materia.
A la vez, hay que recordar que la mayoría de los medios en la Argentina no existiría sin asistencia económica estatal, que no es obligación estatal sostener económicamente medios privados pero que sí es obligación del Estado -incumplida, por cierto- que si tiene líneas de financiamiento hacia los medios, debe entonces ser ecuánime y no discriminador.
Si tuviera que sugerir políticas superadoras de la discriminación histórica y actual que caracteriza el uso de recursos públicos como publicidad oficial, en primer lugar diferenciaría políticas estatales de subsidios al sector de los medios, en donde obviamente correspondería a su vez organizar esos subsidios en función del aporte a la producción local, independiente, alentando diversidad de géneros, temáticas, contenidos y actores sociales y geográficos. Muchos Estados en el mundo tienen regulados los subsidios a medios y organizaciones de comunicación como productoras. Si se diferenciara subsidio y de publicidad oficial, ésta tendría como razón de ser la difusión de los actos de gobierno, una obligación republicana. Pues bien, el monto de la publicidad oficial se reduciría significativamente -a cambio de regular por ley un sistema de subsidios-. El propósito de la publicidad oficial, en teoría, es informar sobre asuntos de interés público, lo cual incluye temas ligados a la salud, a la educación, a la seguridad, a la realización de elecciones, por ejemplo. Pues bien,
con la separación de la lógica de subsidio de la de la publicidad oficial se despejaría una confusión que, en definitiva, es funcional a la discriminación y a la corrupción y que, según el Sistema Interamericano de DDHH, es concebido como un mecanismo de “censura indirecta”.
En segundo lugar, plantearía que tanto para los subsidios como para la publicidad deberían respetar criterios públicos y no discriminatorios, tanto a la hora de planificar esas inversiones como en su uso. En tercer lugar,
debe garantizarse el acceso a la información sobre todo el proceso de contratación y de uso (quién, cómo y cuándo recibió esos recursos, en qué los empleó). Esto refiere asimismo a otra cuestión, directamente vinculada a ésta, y es la auditoría integral y pública de las políticas en esta materia. En cuarto lugar, ni los subsidios ni la publicidad oficial deben discriminar por opinión o línea editorial. Una vez dispuestos los criterios, todos los medios que califiquen en cada línea de subsidio (o campaña publicitaria) deben recibir el mismo porcentaje. Por ejemplo, si se realiza una tabla jerarquizando el ítem noticias locales, todos los que tengan un informativo local de x cantidad de minutos recibirán igual pauta, sean oficialistas u opositores.
Asimismo, los criterios de adjudicación deben estar escritos, regulados y la ponderación entre los distintos ítems ser conocida por todos. Una vez separado lo que es subsidio de lo que es publicidad oficial, y que ésta sería reducida significativamente en su incidencia, creo que los criterios mínimos para planificar su distribución serían:
a) Alcance de cada medio (no significa audiencia, pues un medio chico puede tener un alcance local mayor que un medio grande con enorme audiencia). Este alcance no sólo es social sino, también, geográfico. Hay que recordar que, en la Argentina, no hay medios “nacionales” como pretende el gobierno y que lejos de Buenos Aires se consumen y usan medios locales o regionales y ese público no es atendido por los medios de Buenos Aires.
b) Perfil del público según cada campaña, algo relacionado con el punto anterior.
c) Precios del centímetro/minuto/link en cada caso.
d) Impacto local.
e) Circulación o audiencia.
f) Contenidos locales producidos por el medio (no es lo mismo que “impacto local”).
g) Situación legal/económica del medio
h) Cantidad de trabajadores, empleo en blanco, etcétera.
i) Porcentaje de participación de los medios comunitarios/sin fines de lucro en esa distribución.
Se vienen produciendo muchos cambios en el esquema de medios nacionales: cierre de radios, agencias de noticias y diarios; pero tambien ventas de medios, reduccion de planteles y medios muy complicados con el pago de salarios.¿Dejaron de ser rentables los medios tradicionales? ¿Es una situación propia de Argentina o es parte de un proceso más general?
La rentabilidad de los medios tradicionales, con la organización tradicional de su modelo económico, está en crisis a nivel global, sí. Aunque hay experiencias, no extrapolables a la Argentina, de reconversión de ese modelo económico a nuevas condiciones, como los casos de The Guardian o The New York Times, muy distintos entre sí, además.
Algunos operadores del oficialismo sólo vinculan la crisis a empresarios privados alimentados por el kirchnerismo desde su ruptura con Clarín en 2008 y 2009 omitiendo el cierre de La Razón, de la Agencia DyN, de medios de Atlántida, la quiebra de Radio Rivadavia y de muchas otras emisoras de nula afinidad con el kirchnerismo (más bien, como DyN, muy ligadas editorialmente al macrismo). Pero esa operación tiene patas cortas.
La cuestión es, en este escenario, qué políticas públicas pueden atenuar el impacto de la crisis en los medios y que ayuden a su transformación, tanto por las audiencias, para que el público tenga información plural, diferentes perspectivas y líneas para contrastar sobre el presente, como por los trabajadores de los medios, por el impacto directo e indirecto en la economía, y por último por una cuestión estratégica que es la orfandad de contenido regional y local en la que quedan vastas zonas del país cuando los medios cierran.
La investigación llevada adelante por Juan Amorín puso al descubierto un mecanismo fraudulento en la compaña de Cambiemos, pero al mismo tiempo mostró como los grandes medios pueden evitar que ciertas noticias no esten en el centro de la agenda en función de los intereses políticos de las empresas que son dueñas de los mismos. ¿El comportamiento de las grandes empresas de medios en Argentina puede condicionar el funcionamiento democrático?
Bueno, es para discutir la afirmación de que los grandes medios pueden evitar que ciertas noticias estén en el centro de la agenda. Mi respuesta es: depende. ¿De qué depende? Pues de condiciones sociales, políticas y económicas. No siempre pueden hacerlo y, en el caso de poder hacerlo, no son omnipotentes. Dicho esto, claro,
hay sólidos argumentos y bastante empiria para documentar el daño a la convivencia democrática cuando hay excesiva concentración de poder en manos de un grupo de medios. Hay que recordar, entre otras, las posturas más bien liberales de relatores de Libertad de Expresión de la OEA como Eduardo Bertoni, Catalina Botero o Edison Lanza, coincidentes con este diagnóstico.
Sobre la investigación periodística de Amorín tardó unos diez días en ser incorporada a la agenda periodística de los medios más grandes, aunque ya para entonces había tenido mucha difusión y había presionado a la agenda política desde otros medios, desde redes y desde posicionamientos de líderes de opinión. O sea que, por mérito de la seriedad y consistencia de la investigación, el trabajo de Amorín finalmente llegó también a los grandes medios y hasta perforó la agenda de formaciones políticas que hasta ayer nomás eran parte del coro del oficialismo. Incluso, a nivel de medios, trascendió las fronteras, ya que El País de España está también cubriendo este caso que compromete seriamente la legalidad y transparencia del financiamiento de las campañas del actual gobierno.
Si hacemos un análisis de cómo es la cobertura de los medios del grupo Clarín y La Nación, por ejemplo, es cierto que en un principio la única mención al caso estuvo a cargo de algunos de los portavoces más agresivos del statu quo contra el propio Amorín, pero simultáneamente la densidad y claridad de la investigación se impuso fuera del sermón opinativo en las páginas más informativas, con un sesgo ciertamente oficialista, sí, porque son medios claramente oficialistas, pero la pregunta no es sobre si son o no oficialistas.
Me parece que este caso es muy interesante, en resumen, para matizar ciertas afirmaciones hiperbólicas sobre el presunto cerco mediático del gobierno de Macri y sobre cómo, incluso en un panorama de adscripción manifiesta de los grandes medios al oficialismo, puede ejercerse el periodismo y colarse en la gran agenda pública sin tantos recursos.
