A pocos días de que el macrismo impulsara a la comisión de Asuntos Constitucionales de Diputados a rechazar el pedido de desafuero de la diputada nacional de Cambiemos por la provincia de Chaco Aida Beatriz Ayala con el sostén de la decisión de la Cámara Federal de Chaco de eximirla de prisión, la jefa del bloque de senadores bonaerenses de Unidad Ciudadana, Teresa García, habló con Política Argentina y calificó a la situación como "la alianza entre el partido judicial y el Gobierno para perseguir opositores y cuidar propios".
"La ´oportuna´ intervención de la Cámara Federal de Chaco, dictando la eximición de prisión, otorgó los fundamentos necesarios a los diputados oficialistas para proteger a su colega", sentenció García sobre la determinación judicial que posibilitó que Cambiemos rechazara el pedido fue realizado por la jueza de primera instancia Zunilda Niremperger en la causa en la que se investiga a la exintendenta de Resistencia por presunta comisión de los delitos de evasión, lavado de activos y asociación ilícita.
Más allá de esa decisión judicial que usted calificó como "oportuna" de la Cámara chaqueña, ¿hubo alguna situación anormal, anómala, en las actuaciones del oficialismo en la comisión que rechazó el pedido de desafuero?
El dictamen de la comisión se realizó sin siquiera contar con la notificación formal de la Cámara Federal, cerrando así la discusión en una causa donde día a día se incorporan nuevas pruebas que complican a la Diputada de Cambiemos.
¿Considera injusto que le hayan dictado la eximición de prisión a Ayala?
Los parámetros para la aplicación de prisión preventiva a los funcionarios públicos (Doctrina Irurzun) difieren para este gobierno si se trata de propios o ajenos.
Este accionar de los diputados de Cambiemos es la prueba más evidente de que la interpretación de ley se ajusta a la necesidad de turno. Solo así se explica el pedido de detención del Diputado Julio De Vido, una decisión judicial exclusivamente política para habilitar su desafuero.
¿Hay una coordinación entre la justicia y el Ejecutivo para atacar a opositores y defender a actuales funcionarios complicados en causas de corrupción?
La eximición de prisión de la Diputada Ayala y el rápido rechazo de su desafuero en la Cámara de Diputados demuestra que el partido judicial y el gobierno nacional tienen una alianza para perseguir opositores y cuidar a los propios. Para agravar la situación, los diputados oficialistas plantean la posibilidad de un jury de enjuiciamiento a la Dra. Niremperger, algo que ya utilizaron con los jueces laborales que fallaron a favor de la paritaria bancaria.
Hay una suerte de "doble discurso" en el Gobierno y en la justicia, según se puede interpretar de sus palabras.
Está claro que la doble vara no puede ser un estándar de calidad institucional, sin embargo, la reiteración de este tipo de atropellos no hace más que profundizar el declive de nuestra democracia.
Ayala fue intendenta de Resistencia durante tres períodos (de 2003 a 2015) hasta que perdió la gobernación con Domingo Peppo. Con Mauricio Macri como presidente, pasó al gobierno nacional: fue nombrada secretaria de Asuntos Municipales del Ministerio del Interior, que depende de Rogelio Frigerio. Y el año pasado fue electa diputada nacional, con un fuerte apoyo público del líder PRO.
En su procesamiento de 265 páginas, la jueza Niremperger sostuvo que la dirigente chaqueña tuvo una "participación en el delito de lavado de activos". La acusación es porque desde la intendencia de Resistencia montó una ingeniería para beneficiar a la empresa "PIMP SA" con el negocio de la recolección de residuos en la ciudad.
