La operación para acusar a un diariero de espiar a
Alberto Nisman antes de su muerte pergeñada por
Julián Ercolini,
Eduardo Taiano y diversos medios de comunicación cercanos al Gobierno parece haber perdido todo ápice de racionalidad a partir de la sola declaración del hombre en cuestión. Es que
Alfredo Juan Zabaleta se presentó ante el fiscal y el abogado querellante Pablo Lanusse y les derrumbó la jugada: probó que efectivamente trabaja de kiosquero desde 2005, que a través de la justicia pudo mudar su puesto de La Boca a Puerto Madero en 2009 -seis años antes del fallecimiento del extitular de la UFI-AMIA-, que fácticamente iba poco a su negocio y tuvo que cerrarlo por problemas económicos y falta de pagos, y generó que intempestivamente suspendan la testimonial al revelar que en enero de 2016 el propio Mauricio Macri le dio trabajo en un Ministerio.
Así lo publicó el diario Tiempo Argentino, datos de los cuales surge como
poco racional la hipótesis de Ercolini y Taiano acerca de que Zabaleta pueda ser un espía. También resulta grave que la investigación sobre la muerte de Nisman haya considerado como prueba un supuesto espionaje al diariero y su kiosco.
¿Cuál es la prueba principal que les hace creer al juez y al fiscal que Zabaleta es un espía? Lo escribió Ercolini:
“Otro elemento objetivo que permite acreditar la conjetura de la supuesta vigilancia es que la Dirección General de Ordenamiento del Espacio Público del Ministerio de Ambiente y Espacio Público del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, al requerírsele información acerca del mismo consignó que en dicha dirección catastral, no se poseía registrado permiso otorgado ni vigente en el mes de enero del 2015 para el emplazamiento y/o utilización de puesto de diario alguno ubicado en Juana Manso 1185, ni asimismo en la intersección de Azucena Villaflor y Aimé Painé”.
¿Por qué el juez menciona dos direcciones? Porque
en Villaflor y Painé está el puesto de diarios en que trabajaba Zabaleta y en "Juana Manso 1185" el de la parada que abastecía a buena parte del edificio Le Parc. El de Zabaleta, el de Villaflor y Painé, “no vendía muchos diarios” –según dijeron testigos-.
Ninguno de los dos tenía habilitación, como surge del texto de Ercolini, pero ni el juez ni el fiscal sospecharon que el diariero de Juana Manso pudiera tratarse de un espía. Es decir, Zabaleta sería un agente encubierto porque no tenía permiso y vendía pocos diarios.
Por otro lado, las sospechas del magistrado y el fiscal se fundaron en la supuesta trayectoria confusa de Zabaleta como diariero.
Telepática y visionaria operación de espionaje, ya que se trataría de una tarea en la que habrían plantado a un diariero espía cinco años antes de saber que el espiado -el fiscal Nisman- se iba a separar de su mujer, la jueza Sandra Arroyo Salgado (con quien vivía cuando el supuesto agente mudó el puesto de diarios), y se iba a mudar a Puerto Madero, que luego iba a denunciar por encubrimiento a un gobierno y una Presidenta y que eso iba a generar la necesidad de que lo vigilaran y asesinaran.
Zavaleta dijo que es diariero desde 2005 y -acción judicial mediante- consiguió mudarse de su puesto en La Boca a Puerto Madero en 2009, seis años antes de la muerte de Nisman. Todo está probado:
en la base de datos de la Justicia de la Capital Federal existe el expediente que prueba que el diariero litiga allí desde el año 2007 por un permiso de trabajo en cercanías del edificio en el que por entonces no vivía el fallecido fiscal.
¿Por qué Zavaleta iba esporádicamente al puesto y tenía pocos diarios y revistas para vender? Con contradicciones y una dialéctica confusa,
explicó que le habían cortado el suministro de periódicos por falta de pago y por un conflicto con la distribuidora.
También es cierto: el 13 de mayo de 2010, en el expediente 25848 / 0, el juzgado en lo Contencioso Administrativo y Tributario a cargo de la jueza Elena Liberatori dispuso “intimar al Sindicato de Diarios y Revistas (SIVEDIA), a la Sociedad de Distribuidores (SDDRA) y a la Distribuidora ‘La Boca’ a cesar de inmediato las conductas denunciadas, tendientes a desconocer los efectos de la sentencia firme recaída en estos autos con fecha 31/08/09, mediante la cual se dispuso ‘Ordenar al Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires proceda a autorizar la reubicación solicitada por el actor’, todo ello bajo apercibimiento de efectuar las denuncias penales pertinentes”.
“Como plomero estoy fundido, como diariero más todavía”, decía Zabaleta respecto del estado de sus cuentas como canillita y sobre su otro oficio. Justamente de esto último trabaja actualmente, ya que
hoy se desempeña en el Ministerio de Modernización, que no existía en el anterior gobierno sino que fue creado por la administración de Cambiemos.
“
Yo conseguí un trabajo y no lo quiero perder por esta situación. Yo trabajo en el Estado, en el Ministerio de Modernización, haciendo mantenimiento. En el área de mantenimiento arreglo baños. Trabajo en la sede de Roque Sáenz Peña 511. Trabajo ahí hace un año y medio aproximadamente. Allí trabajo y me pagan 16 mil pesos. Yo estoy asustado por toda esta situación. Porque tal vez ahora sale que yo trabajo en el Ministerio y me rajen", declaró.
Allí nació el escandaloso e intepestivo final de la declaración. Es que
el abogado querellante y ex fiscal Lanusse le marcó supuestas contradicciones que una semana más tarde, al procesar al informático Diego Lagomarsino como partícipe necesario del “homicidio” de Nisman, el juez Ercolini calificó de “inconsistencias”.
Con limitaciones discursivas, Zavaleta explicó esas inconsistencias:
“Yo fui a un político y le pedí por favor para que me de trabajo. A mí me tendieron la mano como se la pueden tender a usted".
"¿Qué político?", le preguntaron, cosa que en principio no quiso responder por temor a "perder" su "trabajo". Le reiteraron el interrogante.
"Yo le pedí al presidente que me de trabajo porque estoy fundido. A Mauricio Macri. Lo agarré en la calle. No era presidente en ese momento. Después me llamaron", reveló ante la sorpresa del auditorio que lo rodeaba.
Ni bien Zavaleta pronunció “Mauricio Macri”, según consta en el acta que refleja su declaración,
el abogado Lanusse “solicita a la actuaria tener unas palabras fuera del despacho del fiscal, oportunidad en la que solicita la suspensión de la audiencia y el secuestro del teléfono celular del compareciente en razón de la reticencia del testigo, a lo que el fiscal accede por entender que resulta pertinente”. Dicho de otro modo,
que de la boca de Zabaleta salieran las palabras"Mauricio Macri" liquidó la testimonial.
