Cada día que pasa exhibe un poco más el elevado nivel de "empoderamiento" con que quedó el gobierno nacional de Cambiemos tras la exitosa performance electoral conseguida en las elecciones legislativas del 22 de octubre. En este caso,
el jefe de Gabinete, Marcos Peña, un hombre obsesionado por el poder de la comunicación política, se quedó con todo: a partir de la resolución 13345-E/2017,
todos los organismos del Estado, incluidos Ministerios, deberán entregarle el control y la contraseña de cada una de sus redes sociales y portales, y tendrán que pedirle permiso hasta para crear un perfil oficial de Facebook o invertir en publicitar una cuenta.
"Las cuentas en las redes sociales, pertenecientes a todas las dependencias del Gobierno Nacional, deben ser informadas a la Dirección Nacional de Contenido Digital de la Subsecretaría de Vínculo Ciudadano de la Secretaría de Comunicación Pública, en el término de quince (15) días hábiles de sancionada la presente, indicándose su nombre y especificación digital, dependencia a la que pertenece, responsables de su utilización, y respectiva contraseña", reza el artículo 1º de la normativa publicada en el Boletín Oficial.
En esa línea, Peña puso bajo su comando a través de Jorge Grecco, el secretario de Comunicación Pública, la potestad de decidir
"sobre la continuidad de las cuentas en las redes sociales, que le sean informadas" y determinó que
"todos los sitios web de las dependencias del Estado Nacional deben estar alojados en www.argentina.gob.ar, quedando prohibida la creación de sitios web por fuera de dicho portal institucional" y que sólo "la Subsecretaría de Gobierno Digital determinará las excepciones a este artículo".
Además, toda cuenta nueva de redes sociales que cualquier dependencia del gobierno nacional considere que es necesario crear deberá pasar también por el filtro del poderoso ministro coordinador a través de la Dirección Nacional de Contenido Digital.
No conforme, y tal vez más imporante que el resto,
Peña también se quedó con la última palabra para aprobar o desestimar "toda inversión publicitaria que se realice en redes sociales y medios online", ya que "debe ser aprobada previamente por la Secretaría de Comunicación Pública" de Grecco, que está bajo su línea.
"Cualquier campaña publicitaria que se inicie sin dar cumplimiento a dichas normas o a la presente Resolución será susceptible de ser dada de baja por la Secretaría de Comunicación Pública", concluye el artículo 6º.
El gobierno nacional de Mauricio Macri ya había entrado en una fuerte polémica en torno a su manejo de la información digital. Este incremento considerable en el control en las redes sociales de los organismos de gobierno, los portales y la "inversión publicitaria" se suma a la transferencia de la base de datos de la ANSES a la secretaría de Comunicación Pública de la Nación, es decir la misma dependencia del mencionado Grecco.
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