El presidente
Mauricio Macri usó la toma de juramento al nuevo canciller
Jorge Faurie para volver a instalar su embestida contra los trabajadores: aseguró que va a
"enfrentar y terminar con la mafia de los juicios laborales" porque
"destruye el empleo futuro" y culpó al kirchnerismo por el resguardo del derecho laboral al apuntar contra el titular del bloque de diputados del FpV,
Héctor Recalde.
"Todo este sistema que hemos hecho los argentinos de premiar la viveza criolla mal entendida nos llevó a perder tiempo y oportunidades", inició Macri su arrementida que interrumpía el acto de asunción de Faurie en el Salón Blanco de Casa Rosada, para luego blanquear el objetivo de su discurso:
"Entonces tenemos que enfrentar estas cosas, como cuando hablo de la mafia de los juicios laborales, que es algo que hay que enfrentar y terminar porque eso destruye la generación de empleo futuro".
En esa línea, cargó contra el kirchnerismo por el marco del derecho laboral:
"Este grupo de estudios laboralistas, que son una minoría, con un grupo de jueces laboralistas conducidos por (Héctor) Recalde, le ha hecho mucho daño a la Argentina".
"Cuando convencen a un pibe o al trabajador de una pyme de que tienen que hacer un juicio, indebido, y se lo hacen ganar porque tienen toda cocinadita la cosa dejan a 8, 10, 12 trabajadores en la calle porque la PyMe cierra y dejan a un montón de gente sin la posibilidad de conseguir un trabajo porque tiene miedo de que su esfuerzo se le vaya en unos de estos comportamientos mafiosos", remató de forma insólita el mandatario.
No conforme, intentó explicar que con sus acciones legales, "dejan a trabajadores en la calle porque la pyme tiene que cerrar y queda un montón de gente más sin poder acceder a un trabajo, porque
tienen que tomar una decisión de dejar más gente sin acceder a un trabajo por miedo a que su esfuerzo se vaya con estos comportamientos mafiosos".
El criticado ataque de Macri contra los trabajadores y sus derechos tuvo su primer antecedente el año pasado, cuando expuso ante la Bolsa de Comercio por el aniversario del Colegio de Abogados y apuntó por primera vez contra la "industria del juicio laboral", supuestamente conformada por abogados y jueces, que cobraron en total "10 mil millones de pesos en honorarios" desde diciembre del 2015 hasta junio del 2016.
También protagonizó otro polémico ataque cuando pidió remover jueces a través del Consejo de la Magistratura, a los se refirió con nombre y apellido: Enrique Arias Gibert y Graciela Marino, de la Cámara Nacional del Trabajo. Ambos fueron señalados por el Gobierno, que impulsa juicios políticos, desde que los camaristas convalidaron con un fallo la paritaria libre del gremio de bancarios, firmada tanto por el sindicato como por la patronal, que superaba los índices de inflación oficiales.
