En pleno clima de campaña electoral y a poco de que
Elisa "Lilita" Carrió denunciara que el Gobierno de
Mauricio Macri protege a
Julio De Vido por temor a que investigarlo termine ensuciando a funcionarios de Cambiemos, el juez federal
Claudio Bonadio citó a declaración indagatoria al exministro de Transporte en una causa que investiga supuesta corrupción en el pago de subsidios para el gasoil de empresas de colectivos.
El 23 de junio el diputado nacional por el Frente para la Victoria y los exsecretarios de Transporte
Ricardo Jaime, Juan Pablo Schiavi y Alejandro Ramos, tendrán que declarar en indagatoria en un expediente en el que se analiza la asignación de subsidios para el gasoil de las líneas de colectivos en el período comprendido entre 2005 y 2012.
Ante la emergencia económica y para evitar subir las tarifas a los usuarios, el Estado subsidió el gasoil utilizado por los colectivos. La secretaría de Transporte pagaba los subsidios contra entrega de declaración jurada unlilateral de las empresas que señalaban cuántos kilómetros recorría cada unidad y cuántos pasajeros llevaba cada colectivo. Luego cobraran, previo control de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT).
El esquema funcionó así hasta que la expresidenta
Cristina Fernández de Kirchner pasó el área de Transporte de la órbita de De Vido al Ministerio del Interior, a cargo de
Florencio Randazzo, lo cual significó la implementación del GPS en los colectivos y se extendió el sistema de tarjeta SUBE, medidas con las que se pudo controlar con precisión tanto la cantidad de pasajeros transportados como los kilómetros recorridos por los colectivos.
Según la investigación de Bonadio,
se compararon los kilómetros que denunciaban las empresas antes de los GPS con lo determinado luego de la aplicación del sistema de control y se encontraron diferencias. En algunos casos se trató de diferencias menores que oscilaban entre el 5 y 10 por ciento, pero en otros llegaban al 50 por ciento. Es decir que supuestamente las empresas declaraban más kilómetros recorridos que los reales y en consecuencia cobraban más subsidios al gasoil. Según la versión del expediente informada por el portal Infobae,
se trataría de un perjuicio contra el Estado de 206 millones de pesos.
