A poco de la decisión de la Corte Suprema de beneficiar con el
2x1 al genocida Luis Muiña que derivó en un repudio unánime cristalizado en una masiva marcha en Plaza de Mayo,
la gobernadora bonaerense María Eugenia Vidal parece no haber decodificado del todo ese mensaje y evalúa alternativas para congelar la ley provincial que oficializó hablar de dictadura cívico-militar y de 30 mil desaparecidos.
Según el portal Infobae, desde el entorno de la mandataria provincial
"analizan por estas horas la reglamentación, o no, de la norma aprobada a fines de marzo por la Legislatura y publicada el viernes pasado por el Ejecutivo bonaerense en el Boletín Oficial".
En ese informe aseguran que
"un grupo de especialistas evalúa el alcance jurídico y la reglamentación de la ley sancionada por la Legislatura el 23 de marzo", que impulsó el legislador provincial del FpV-PJ Darío Díaz Pérez. "Son cinco líneas que no explican ni cómo debe cumplirse ni, por ejemplo, que organismo debe regularlo, y cercena la libertad de expresión", critican desde el gobierno de Vidal.
En el Ejecutivo de Cambiemos discuten de qué manera o a través de qué artilugios avanzar contra la iniciativa asociada a los Derechos Humanos sin el temido costo político, principalmente en año electoral:
"Evalúan cómo eludir la discusión y sortear el costo político ante la demora o la no reglamentación de la ley, en especial después del fallo de la Corte Suprema que benefició con la llamada ley del 2x1 a un militar condenado por delitos de lesa humanidad, que motivó una masiva movilización frente a la Casa Rosada".
Es que la sanción de la ley que obliga a Vidal a incorporar ambos términos cada vez que su gestión aluda al golpe de Estado fue votada por mayoría en el Senado bonaerense -incluso por todos los senadores de la coalición de Gobierno- y ratificado en Diputados por el bloque oficialista en pleno, con excepción del "Lilito" Guillermo Castello, de la Coalición Cívica, que en la reunión previa a la sesión avisó que no acompañaría la votación.
